Entre los cambios incorporados destaca la eliminación del artículo 109, que facultaba al gobierno para bloquear temporalmente plataformas digitales.
Redacción AN / MDS
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual permite la geolocalización en tiempo real de teléfonos celulares y consolida la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
El dictamen, que fue turnado a la Cámara de Diputados, se aprobó en lo particular con 71 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano (MC), y 29 votos en contra del PAN y el PRI.
Tras un intenso debate de más de seis horas, los senadores avalaron la legislación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a la cual se le realizaron 70 modificaciones, entre ellas la eliminación del polémico artículo 109, que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales.
Durante la discusión, se aceptó una reserva del senador morenista Javier Corral Jurado para facultar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —órgano desconcentrado de la nueva ATDT— a suspender de forma precautoria las transmisiones de medios de comunicación (radio y televisión) que violen los derechos de las audiencias, tras recibir un apercibimiento.
Desde la tribuna, Corral destacó la recuperación de los derechos de las audiencias en la televisión y el fortalecimiento de las defensorías correspondientes.
Asimismo, la nueva legislación permite a la Secretaría de Gobernación suspender la difusión de publicidad proveniente de gobiernos extranjeros en medios nacionales, salvo cuando se trate de anuncios con fines culturales, turísticos o deportivos.
La oposición criticó duramente la reforma. El senador Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, calificó la iniciativa como una “guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático y dictatorial”, y la calificó como una “Ley Censura” que busca controlar las acciones y las expresiones de los ciudadanos.
Su correligionario Manuel Añorve advirtió que con la nueva ley “se le va a bajar el switch a la televisora o estación de radio que se atreva a contradecir al gobierno”.
Por su parte, el panista Ricardo Anaya aseguró que se trata de una legislación “que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos y le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda”. Señaló que se trata de “censura” y “autoritarismo”, propio de “un Estado espía y policial”.
Por parte del oficialismo, el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Martín, ironizó sobre el artículo 190 que permite la geolocalización en tiempo real, del que dijo que será un “enorme videowall” donde estarán “nuestras cuentas bancarias, nuestro tipo de sangre, nuestras huellas digitales”.
Y remató: “El cumpleaños de mi esposa que siempre se me olvida, se lo podré pedir a la Secretaría de Gobernación cuando se me olvide”.
Señaló que esta disposición ha estado en la legislación desde 2014, cuando fue aprobada por PRI y PAN, y dijo que adicionalmente el artículo 183 establece que se requiere de una orden judicial.
El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que la nueva ley sea una herramienta de control y dijo que “no espía, no persigue y no censura”, sino que garantiza que Internet y los medios sirvan al pueblo y no a intereses particulares.
La senadora emecista Alejandra Barrales reconoció que la mayoría legislativa “rectificó” al eliminar el artículo 109 y acotar las facultades de la ATDT, razón por la cual su bancada votó a favor.
Entre los cambios relevantes al dictamen destaca la precisión en el artículo transitorio, que permite al IFT disponer de los recursos necesarios para cubrir las indemnizaciones y finiquitos derivados de su extinción.
Por último, la Mesa Directiva del Senado dio trámite de primera lectura a los dictámenes de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobados el pasado jueves por la Cámara de Diputados. Está previsto que el Pleno los discuta el próximo miércoles 2 de julio.
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Vigilancia masiva sin precedentes: Luis Fernando García
Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), alertó en días pasados sobre la consolidación de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, aseguró que las reformas aprobadas ponen en riesgo derechos fundamentales de la población.
Enfatizó que se trata de un entramado de reformas —entre ellas, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley General de Población, y la legislación en materia de desaparición forzada— que en su conjunto permitirán el acceso en tiempo real a bases de datos públicas y privadas, sin control judicial.
“Se legaliza el espionaje militar que se ha llevado a cabo con ilegalidad todos estos años”, dijo, y recordó la utilización del software espía Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos “con impunidad”.
García señaló que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública obliga a todo proveedor de servicios públicos y privados a compartir sus bases de datos, lo que implica que incluso acciones cotidianas como comprar un refresco o pedir un paquete en línea estarán vinculadas al registro oficial de la persona.
“Todo va a requerir que des tu CURP, y a través de ese elemento se va a poder cruzar toda la información. Toda la información va a estar agregada y disponible para autoridades en México, y el acceso a esa información no tiene ningún control”, apuntó.
Advirtió que el nuevo marco legal habilita a la Guardia Nacional, al Ejército, las fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia para tener acceso irrestricto y en tiempo real a esa información.
“Nunca te vas a enterar cuándo estén monitoreando tus datos. En realidad, es un sistema de vigilancia masivo propio de un régimen autoritario. Y suena muy escandaloso decirlo así, pero eso es lo que dicen las leyes”.
Para García, se trata de un “parteaguas histórico” que pone en riesgo la privacidad, el acceso a derechos y la no discriminación. Añadió que el sistema se está implementando en un contexto político especialmente preocupante, donde no existe una real división de poderes ni contrapesos.
