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La Minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, empresa de la multimillonaria familia Baillères, se amparó ante una sentencia que le obliga a pagar 13 mil 327 millones 854 mil 806 pesos a los ejidatarios de El Bajío, en Sonora, por todo el oro que extrajeron ilegalmente de su territorio.
Los multimillonarios que buscan evadir esta deuda, se ampararon luego de que el 6 de mayo, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, Alejandrina Gámez Rey, ordenara la ejecución de 67 sentencias que pesan sobre la minera. Tras promover el amparo un juez concedió una suspensión provisional mientras se resuelve el próximo 3 de julio en la audiencia constitucional donde se presentan pruebas y alegatos par que el juez dicte sentencia definitiva sobre el caso.
La ejecución de las sentencias llegó después de que el Tribunal ordenara un peritaje para calcular el daño que la minera ocasionó a los ejidatarios y su territorio. El peritaje, elaborador por Jesús Ramón Moya Grijalba (perito en minería) y Juan Valenzuela Palacios (perito en valuación), determinó que la minera debe pagar a los ejidatarios la suma de 13 mil 258 millones 667 mil pesos por la extracción ilegal de oro que la minera hizo en las tierras ejidales de 2005 a 2013.
En la investigación del portal Pie de Página, se señala que en el amparo promovido, la minera argumenta que la admisión del peritaje violó los principios de acceso a la justicia y sus derechos humanos. Específicamente, el argumento de la minera es que la resolución del Tribunal Agrario carece de fundamentación y motivación adecuadas, y la califican de “dogmática”, “inmotivada” e “incongruente”, lo cual, según sus argumentos, vulnera los derechos humanos y la garantía de seguridad jurídica.
La suspensión solo mantiene las cosas en el estado en que están mientras se resuelve el fondo del amparo, pero la sentencia interlocutoria es «categórica y contundente», algo que la empresa ha negado ante sus accionistas en el Reino Unido, donde cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, como lo expusieron los ejidatarios durante la asamblea anual de accionistas que la minera celebró a finales de mayo en el país europeo.
“La minera ha estado negando la existencia de la sentencia y el peritaje a sus inversionistas en la Bolsa de Valores de Londres, lo cual, es una forma de operar en lo oscurito para evitar que su deuda salga a la luz”, señaló en entrevista Sergio García Camacho, abogado de ejidatarios de El Bajío.
