A dos años y medio de una denuncia por abuso sexual infantil en el Liceo San Agustín, la justicia en Sonora ha dado un mensaje tan claro como preocupante:
Cuando el poder, el dinero y las conexiones pesan más que la verdad, la justicia no sólo se retrasa… se tuerce.
El reciente fallo del juez penal oral Rodrigo García Contreras, que exonera al propietario del colegio, ha sido calificado de polémico y recibido como un insulto por quienes han seguido de cerca el caso tanto en redes sociales como en medios de comunicación de Hermosillo, Sonora y México.
La madre de la menor, Noelia Bernal, ha denunciado en radio, prensa y televisión lo que para ella es evidente:
Una resolución influenciada por intereses particulares y no por el principio de justicia.
Existen hechos que deberían incomodar a cualquier institución que se diga democrática.
Acusa que el abogado defensor del empresario es un exjuez que renunció hace apenas seis meses y mantiene vínculos con el juez que dictó la resolución.
Narra que la audiencia fue notificada apenas dos días antes de celebrarse.
El expediente tiene mil 886 fojas.
¿Es serio suponer que se pudo analizar con rigor en tan poco tiempo?
Pero más allá de lo procedimental, lo verdaderamente indignante y ofensivo es la justificación del fallo:
Que el propietario no se encontraba en el lugar del presunto abuso.
¿Desde cuándo la ausencia física exime de responsabilidad legal a los encargados de una institución educativa?
¿Desde cuándo se compara el deber de cuidado de un colegio con el caso trágico de la Guardería ABC para justificar la impunidad?
El caso Liceo San Agustín revela una cadena de omisiones sistemáticas desde su origen:
Juezas que rechazaron vincular a proceso con base en tecnicismos pese a peritajes médicos, una Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora que permitió una revisión ginecológica fuera de protocolo y una Secretaría de Educación que se escuda en la falta de sentencia para no actuar.
A ello se suma el preocupante silencio institucional frente a denuncias graves de encubrimiento y tráfico de influencias.
Cuando un sistema judicial parece más interesado en proteger reputaciones que en proteger a la niñez, el Estado ha fallado.
Y cuando el poder se convierte en blindaje para el privilegio, la justicia deja de ser tal y se convierte en un mecanismo de revictimización.
Noelia Bernal es una madre en busca de justicia y una voz que denuncia un sistema enfermo de formalismo, burocracia y complicidad.
Su lucha, lejos de ser excepcional, es un reflejo de lo que muchas familias viven en silencio:
Procesos judiciales que agotan, instituciones que abandonan y sentencias que hieren.
El caso aún está en manos del Tribunal de Alzada.
Todavía hay tiempo para que las autoridades corrijan el rumbo, aunque la confianza ciudadana ya ha sufrido un duro golpe.
Y la duda en el juez es suficiente para el actuar del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La sociedad no exige venganza ni condenas anticipadas.
Exige algo más simple, pero urgente:
Verdad, transparencia y una justicia que no dependa de quién tiene más poder, sino de quién tiene la razón.
Porque si hoy el sistema no puede garantizar justicia para una niña de cinco años, ¿qué esperanza le queda al resto de la sociedad en Sonora?
Al tiempo.
