El crimen organizado instala redes clandestinas de videovigilancia para espiar a autoridades y civiles; ahora fue en Sonora donde hallaron 32 cámaras.
TV AZTECA
En un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales, se detectaron e inhabilitaron 32 cámaras de videovigilancia clandestinas instaladas por el crimen organizado en distintos municipios del estado de Sonora.
Estas cámaras eran utilizadas por grupos delictivos no solo para espiar los movimientos de las corporaciones policiales y militares, sino también para monitorear a la ciudadanía.
De acuerdo con información oficial, 11 cámaras fueron retiradas en Hermosillo, otras 5 en Pitiquito, y 16 más en Caborca, por lo que en total se aseguraron 32 dispositivos que funcionaban como una red de espionaje ilegal, aparentemente operada por células del narcotráfico que buscan tener control territorial y alertarse ante la presencia de las autoridades.
Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Segunda Región Naval, en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública y las policías municipales de las demarcaciones involucradas. La ubicación estratégica de las cámaras permitía a los grupos delictivos vigilar entradas, salidas y puntos clave dentro de los municipios.
Las autoridades informaron que los equipos asegurados eran de diversos modelos y capacidades tecnológicas, lo que evidencia un alto nivel de organización y recursos por parte de estas estructuras criminales. Los dispositivos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para su análisis y posterior destrucción.
Espionaje criminal y control territorial del narcotráfico
La instalación ilegal de cámaras de videovigilancia por parte del crimen organizado se ha convertido en una práctica cada vez más común en estados con fuerte presencia del narcotráfico. Estos sistemas de vigilancia clandestinos les permiten anticipar operativos, controlar rutas de trasiego y proteger puntos de venta de droga, además de espiar a funcionarios, policías y civiles que puedan representar una amenaza para sus operaciones.
Además de ser una herramienta de inteligencia, estas redes de videovigilancia son parte de una estrategia de intimidación y control social, en la que cualquier persona puede estar siendo observada, sin saberlo, por intereses criminales.
