Una jueza federal bloqueó el intento de Trump de prohibir la matrícula extranjera en Harvard. La universidad celebra.
Oswaldo Rojas
Una jueza federal suspendió indefinidamente el viernes el intento de Donald Trump de impedir que la universidad de Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, mientras el presidente estadunidense anunció un posible “acuerdo” con la prestigiosa alma mater.
Harvard, que se había negado a acatar las medidas cautelares del gobierno estadounidense, había obtenido en los tribunales la suspensión temporal de las medidas dirigidas a los estudiantes extranjeros, por considerarlas ilegales e inconstitucionales.
El viernes, la jueza federal Allison Burroughs, que ya había prorrogado la suspensión, decidió prorrogarla indefinidamente.
Sin embargo, tras semanas de disputas, Donald Trump pareció calmar los ánimos al asegurar en su red social Truth que su gobierno y la universidad mantienen conversaciones que podrían desembocar en “un acuerdo en torno a la próxima semana”.
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Si es así, será un “acuerdo histórico y muy bueno para nuestro país”, escribió.
La universidad más antigua de Estados Unidos ha provocado la ira de Trump al oponerse a su deseo de controlar la contratación, el contenido de los programas y las orientaciones de los programas de investigación.
El presidente republicano ha criticado a los centros universitarios, en particular por sus políticas de promoción de la diversidad y por permitir la proliferación de manifestaciones contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza, que él compara con “antisemitismo”.
Tras congelar unos 3 mil 200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales, el gobierno estadounidense intensificó su ofensiva a finales de mayo y principios de junio con medidas para prohibir la admisión de nuevos estudiantes extranjeros en Harvard.
Los estudiantes extranjeros representan el 27 por ciento de la matrícula de la elitista universidad, y son una fuente importante de sus ingresos e influencia.
En los documentos presentados ante el tribunal, Harvard acusa al ejecutivo de emprender una “clara represalia por el ejercicio de (su) derecho de la Primera Enmienda” de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
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Por ello, la universidad rechaza “las exigencias del Gobierno de controlar su gobernanza, su plan de estudios y la ‘ideología’ de su profesorado y sus estudiantes”.
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