Jonathan Calixto / CONECTA ARIZONA
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió nuevas exenciones para acelerar la construcción del muro fronterizo en Arizona, lo que le permite eludir leyes ambientales clave y avanzar en algunas de las zonas ecológicamente más sensibles del estado.
“Se utiliza para generar votos en una elección presidencial, pero quienes realmente pagan las consecuencias, quienes experimentan la pérdida y la destrucción, son las pequeñas comunidades del sur de Arizona, el sur de Nuevo México, el norte de Sonora y el norte de Chihuahua. Y esas no son las voces que se escuchan en este tema”, señaló Eamon Harrity, gerente de programas de vida silvestre en Sky Island Alliance, en entrevista con Conecta Arizona.
Aunque las nuevas exenciones no tomaron por sorpresa a Harrity, aseguró que “aún se siente como una tragedia”.
En una medida que reavivó el debate sobre la seguridad fronteriza y la protección ambiental, la secretaria del DHS, Kristi Noem, firmó a inicios de junio tres nuevas exenciones que allanan el camino para construir cerca de 27 millas de nuevo muro en el sector de Tucson, además de segmentos adicionales en Yuma.
De acuerdo con la sección de anuncios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), hay actualmente cuatro proyectos activos en Arizona: el Proyecto del Muro en el Sector Yuma Barry M. Goldwater Range, el Proyecto Tucson Sonoita, el Proyecto Tucson 10-4 y el Proyecto Tucson 10-6.
Mientras el DHS argumenta que estas barreras son necesarias para frenar cruces ilegales y el contrabando, organizaciones ambientalistas advierten que los proyectos amenazan hábitats críticos y ponen en riesgo a especies protegidas a lo largo de la frontera entre Arizona y Sonora.
DHS selecciona compañía para liderar construcción del muro fronterizo
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció mediante un comunicado de prensa la selección de la empresa Fisher Sand & Gravel Company para liderar la construcción de casi 27 millas de nuevo muro fronterizo en Arizona. El contrato tiene un valor total de $309,463,000 dólares.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, calificó al sector de Tucson como una zona con “alto número de intentos de entrada ilegal” y afirmó que allí “se registra una gran cantidad de personas y narcóticos que ingresan ilegalmente al país”.
Sin embargo, los datos de CBP muestran una disminución significativa en los cruces este año. De enero a mayo de 2025 se han registrado 15,913 encuentros en Arizona, una diferencia de aproximadamente -176% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando hubo 252,061 encuentros.
A pesar de las justificaciones oficiales, expertos como Eamon Harrity, de Sky Island Alliance, sostienen que la necesidad no es tan urgente como se plantea. Su organización opera más de 100 cámaras activadas por movimiento distribuidas a lo largo de más de 100 millas de la frontera. “Hemos tenido cámaras durante cinco años y en ese tiempo solo hemos visto a dos personas”, comentó Harrity, refiriéndose a los dispositivos ubicados en el Valle de San Rafael, en el condado de Santa Cruz, una de las zonas donde se planea construir el nuevo muro.
Otra preocupación de ambientalistas y defensores de la transparencia es la elección de la empresa contratista.
Fisher Sand & Gravel Company ya ha participado en proyectos fronterizos. Según su sitio web, en 2019 construyeron segmentos del muro en Sunland Park, Nuevo México. En 2020, CNN reportó que la empresa recibió un contrato de 1,200 millones de dólares para construir parte del muro en Nogales, Arizona.
La compañía también ha sido objeto de críticas por presunto favoritismo político. En 2019, el congresista Bennie G. Thompson, entonces presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, envió una carta solicitando una revisión del contrato de 400 millones de dólares otorgado a la empresa. En ella, expresó “preocupaciones respecto a la posibilidad de una influencia inapropiada en la decisión de contratación del USACE (Cuerpo de Ingenieros del Ejército)”, luego de que el entonces presidente insistiera en favorecer a Fisher Sand & Gravel, pese a que su propuesta no cumplía con los requisitos técnicos de CBP.
Además, el propietario de la empresa, Tommy Fisher, tiene un historial de donaciones al Partido Republicano. De acuerdo con los datos del Comité Federal de Elecciones (FEC), Fisher ha realizado contribuciones al partido desde 2018, algunas por montos de hasta $5,000 dólares.
Preocupaciones Ambientales
“El muro sigue teniendo un impacto terrible en la vida silvestre y en el medio ambiente, pero hay algunas cosas que podrían cambiar para que sea un poco menos dañino y más fácil de restaurar en el futuro”, afirmó Myles Harrity, de Sky Island Alliance.
En 2024, Sky Island Alliance publicó un estudio que analiza el impacto de los muros fronterizos en el movimiento de la fauna. El informe se centró en 20 especies —desde osos negros americanos hasta mapaches— que interactuaron con distintos tipos de barreras: muros tradicionales, estructuras con pequeños pasadizos y barreras vehiculares. Se registraron más de 9,000 eventos; el 22.7% mostró a animales que no lograron cruzar, mientras que el 20.8% documentó cruces exitosos.
“Esto es simplemente una manera de darles vía libre para hacer lo que quieran, sin tener que cumplir absolutamente con ninguna ley de protección ambiental, histórica o cultural que exista en este país”, denunció Erick Meza, coordinador de Borderland en The Sierra Club, en entrevista con Conecta Arizona.
Meza recordó que las preocupaciones por el impacto ambiental del muro fronterizo han sido una constante desde la implementación de la Ley REAL ID, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre.
Este mes, según un aviso federal, el Departamento de Seguridad Nacional invocó la Sección 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés), modificada por la REAL ID. Esta disposición otorga al Secretario de Seguridad Nacional autoridad para eximir cualquier ley, norma o requisito legal que interfiera con la construcción expedita de barreras y caminos fronterizos en zonas de alto cruce ilegal.
Como consecuencia, leyes como la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) quedan sin efecto frente a decisiones federales. Esta normativa fue creada para garantizar que las agencias evalúen los impactos ecológicos de sus proyectos antes de ejecutarlos.
A pesar de los recientes desarrollos, tanto Meza como Harrity mantienen la esperanza de que la protección de la vida silvestre se tome en cuenta en los próximos tramos de construcción.
Según el sitio web de CBP, el público puede enviar comentarios y sugerencias sobre los proyectos de muro fronterizo en Arizona hasta el próximo 7 de julio.
“Aún queda una pequeña ventana de tiempo en la que tal vez se pueda influir en algunos de los planes de diseño para que el muro sea un poco más permeable para la vida silvestre”, añadió Harrity.
