Organizaciones criminales han encontrado en las costas mexicanas una nueva oportunidad para financiar sus actividades ilícitas
Baruc Mayen / MILENIO
La noche del 8 de julio de 2024, las calles de Ensenada, Baja California, fueron escenario de un crimen que sacudió al sector pesquero a nivel local y nacional. Minerva Pérez Castro, quien llevaba poco más de un año como presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca) en el estado, fue asesinada a tiros.
Horas antes de su muerte, la empresaria advirtió en un breve encuentro con medios de comunicación que la pesca y comercialización ilegal de productos marítimos había incrementado en Baja California durante los últimos años, pero reconoció que las afectaciones —económicas y ecológicas— serían perceptibles en el mediano y largo plazo.
En marzo de 2022, un panel de especialistas convocados por el Instituto Belisario Domínguez realizó un diagnóstico sobre la pesca ilegal en México, en el que advirtieron que el crimen organizado se habría involucrado en esta actividad por lo menos desde principios de la década pasada. ¿Por qué las organizaciones delictivas se interesaron en el sector pesquero y qué impactos podría tener? En MILENIO te contamos.
¿Hay cárteles involucrados en la pesca ilegal en México?
De acuerdo con investigaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), los grupos de la delincuencia organizada han manifestado un creciente interés en el sector pesquero y sus actividades van más allá de la captación irregular de especies.
“Los delincuentes utilizan buques pesqueros para el tráfico de drogas y personas, pues sus pautas de navegación errantes y los largos períodos en el mar les permiten pasar desapercibidos en el entorno marítimo sin levantar sospechas”, advierte la Interpol en un breve reporte sobre el tema.
En el caso específico de México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó en noviembre de 2024 que el Cártel del Golfo había establecido una prolífica red de pesca ilegal en la región marítima que conecta a Tamaulipas con Texas.
Desde la Playa Bagdad de Matamoros, el Cártel del Golfo coordina la salida de lanchas con pescadores a las costas estadunidenses para capturar huachinango y tiburón, especies que abundan en la Unión Americana debido a las estrictas regulaciones para su pesca.
Según la agencia estadunidense, los ejemplares obtenidos en el país vecino son enviados de vuelta a Matamoros y pueden seguir dos rutas distintas: la venta en mercados pesqueros mexicanos o la exportación a Estados Unidos mediante cargamentos mal etiquetados.
Aunque el Departamento del Tesoro no compartió cifras de las ganancias que esta actividad le generaría a la organización criminal, estimó que ascendería a varios millones de dólares al año.
Por otro lado, al presidir la misa dominical del 23 de enero de 2022 en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, el obispo Miguel Ángel Alba Díaz denunció los daños que el crimen organizado le ha causado a distintos sectores de Baja California Sur, incluida la industria pesquera.
“En los cinco municipios crece la extorsión, el cobro de piso, las amenazas. Antes las bandas criminales querían tener el monopolio de la venta de la droga en un determinado territorio, hoy las bandas ya no pretenden eso, pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”, manifestó el religioso sin profundizar en las células delictivas que estarían detrás de estos actos.
¿Qué consecuencias tiene la pesca ilegal en México?
En 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, en el que se reveló que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representaba más del 40% de la captura total en el país.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que la pesca INDNR amenaza los ecosistemas marinos, agrava la pobreza, aumenta la inseguridad alimentaria e incluso puede llevar al colapso de la pesca local, ya que “malversa de manera despiadada los recursos pesqueros disponibles para los pescadores de buena fe”.
Además, esta actividad en México puede poner en riesgo a las pesquerías locales, ya que “no respeta temporadas, cuotas ni tamaños mínimos”, según consideraciones de la organización civil Causa Natura.
El grupo de especialistas que compartió en 2022 su diagnóstico sobre esta problemática en el país —dado a conocer por el investigador Itzkuauhtli Zamora Saenz— observó que las consecuencias de la pesca ilegal pueden dividirse en distintas categorías:
- Ecológicas: sobreexplotación de recursos pesqueros, deterioro de los sistemas acuáticos y ruptura de las cadenas tróficas
- Económicas: competencia desleal, sanciones comerciales que limitan el acceso al mercado internacional, incidencia en la caída de precios e impacto en la calidad del producto
- Sociales: conflictos entre comunidades pesqueras y escenarios favorables para una mayor participación del crimen organizado
- Político-institucionales: ausencia de gobernabilidad en el sector pesquero y mayor dificultad para tener información confiable relacionada con esta industria
¿Qué es el ‘lavado de pescado’ y por qué es alarmante?
En 2024, la organización no gubernamental Oceana emitió el informe Pesca ilegal en México: soluciones desde la política pesquera, en el cual se incluyen detalles sobre el ‘lavado de pescado‘, como se le conoce al mecanismo utilizado para extraer especies de forma irregular e introducirlas al mercado formal.
Todas las embarcaciones deben presentar ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un aviso de arribo, documento que reporta los volúmenes de captura obtenidos por especia durante un viaje de pesca.
Al revisar los registros correspondientes a diez unidades de pesca entre 2000 y 2022, la ONG encontró que aproximadamente 22% del producto en la cadena de valor se capturó de manera ilegal, ya que las especies estaban fuera de su zona de distribución natural, fueron pescadas en período de veda, o bien, se utilizaron métodos no autorizados.
De los casos analizados, Oceana determinó que las especies con un mayor porcentaje de ‘lavado’ eran el caracol (40%), la jaiba (25%), el pepino de mar (20%) y la langosta (17%).
“El lavado de pescado es un fenómeno que debe ser atendido debido a que la pesca ilegal ingresa al mercado formal mediante procesos de registro de captura legales y oficiales que ponen en desventaja al sector que cumple con las reglas”, sostiene la ONG en el documento.
¿Quién se encarga de vigilar la pesca en México?
En México, la entidad responsable de vigilar y regular esta actividad es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Dentro del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024 se contemplaba que la Conapesca realizara mayores labores de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley en la materia. Además, en septiembre de 2022 se anunció la creación de la Dirección de Inspección y Vigilancia Pesquera mediante un convenio de colaboración entre la Secretaría de Marina (Semar), Conapesca y Sader.
A pesar de estos esfuerzos, Oceana consideró que la capacidad actual de la Conapesca “es claramente insuficiente para el enorme reto del sector”.
Frente a esta situación, en su Agenda para fortalecer la gestión pesquera en México la ONG planteó la necesidad de crear un programa nacional de combate a la pesca ilegal que permita la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para potenciar sus capacidades de inspección.
Asimismo, propuso la creación de un sistema nacional de trazabilidad de los productos de la pesca, para que se emita y reciba información en los puntos críticos a lo largo de la cadena productiva con el objetivo de garantizar la legal procedencia.
