Ejidatarios de El Bajío, Sonora, encararon nuevamente a los directivos de Fresnillo PLC en Londres, Reino Unido. Denunciaron que la minera, propiedad de la familia Baillères, oculta a sus inversionistas las 67 sentencias que la obligan a pagar más de 13 mil millones de pesos a los campesinos
Alejandro Ruiz / ALIANZA DE MEDIOS
CIUDAD DE MÉXICO. – Fresnillo PLC, empresa de la familia Baillères, negó ante sus accionistas en Londres que exista una sentencia que les ordena pagar a los ejidatarios de El Bajío, en Sonora, 13 mil 258 millones 667 mil pesos por todo el oro que extrajeron ilegalmente de su territorio.
La información la dio a conocer en entrevista con Pie de Página el abogado de los ejidatarios, Sergio Garcia Camacho, quien recientemente acudió a la asamblea anual de accionistas que la minera celebra en Londres, Reino Unido, y encaró a Alejandro Baillères, accionista mayoritario de la empresa, frente a todos los inversionistas de Fresnillo PLC.
«En Europa hay sorpresa por la barbarie que vivimos en México. El ejido El Bajío es el caso más representativo para presionar cambios legales en Reino Unido y la Unión Europea, pero aún con todo esto, la junta directiva de la empresa niega que en México exista una sentencia en su contra», enfatiza Camacho.
Minera oculta deuda millonaria a sus inversionistas
El pasado 23 de enero, el Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora presentó un peritaje a petición del Tribunal en el que calculó el oro que la minera extrajo ilegalmente del territorio de los ejidatarios, acto que está sancionado en 67 sentencias emitidas por el mismo Tribunal. El peritaje únicamente dio cuenta del oro extraído de forma ilegal, que asciende a más de 13 mil millones de pesos, pero aún falta valuar el monto que la empresa adeuda por las rentas que la mina adeuda a los ejidatarios, el costo económico de restaurar la tierra al estado en que estaba antes de la devastación, así como los costos de la restauración de la flora y fauna afectada.
Pese a esto, durante la asamblea de accionistas, la empresa negó que existiera el peritaje, e inclusive dijo, por conducto del director ejecutivo de la empresa, Octavio Alvídrez, que ni la sentencia o el peritaje era algo definitivo, algo que desde hace años repiten ante sus accionistas en el Reino Unido.
Camacho, que estaba dentro de la asamblea, rápidamente desmintió a los directivos de la minera:
«Cuando tuve el uso de la voz, le recalqué categóricamente: ‘Alejandro (Bailléres), están mal informados por su equipo legal. Esta audiencia no es para ver si van a pagar o no, ni para ofrecer otro peritaje. Es una sentencia interlocutoria categórica y contundente para que paguen o bien expliquen al tribunal y a los ejidatarios cómo van a pagar’».
Tras la declaración de Camacho, quien acudió al Reino Unido junto a otros ejidatarios afectados por la minera, algunos inversionistas de Fresnillo cuestionaron a la directiva de la empresa.
«Un inversionista inglés —nervioso y preocupado— pidió la palabra y les exigió que le devolvieran su capital. Después de eso, aunque éramos ocho personas con preguntas, Alejandro Baillères dio por terminada la reunión abruptamente, sin concluir la agenda, porque estaban en una posición incómoda. Los inversionistas en línea (que votan en tiempo real) se enteraron de todo».
Estas denuncias, ademas de afectar directamente el capital de la empresa, también podrían derivar en una sanción administrativa para la minera en el Reino Unido, pues al cotizar en su bolsa de valores, la podrían expulsar de la misma por irregularidades.
Inclusive, en caso de que se apruebe una iniciativa impulsada en el parlamento británico, la minera también podría ser sancionada penalmente por las graves violaciones a los derechos humanos que sus operaciones han acarreado en México, pues tan solo en el caso del ejido El Bajío, la lucha por su territorio le costó la vida a tres ejidatarios (Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega), la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y la detención arbitraria de otros 12 campesinos.
Minera opera desde Europa para evitar audiencia
De acuerdo con el abogado Sergio Camacho, días antes de que se celebrara la asamblea anual de Fresnillo PLC, la empresa comenzó a operar desde Europa para que su deuda no saliera a la luz. Esto, porque el próximo 29 de mayo el Tribunal Unitario Agrario Número 28 está convocando a una audiencia para que un representante administrativo de la minera pague la deuda, o en su caso, explique cómo lo van a hacer.
Para ello, denuncia el abogado de los ejidatarios, la minera echó mano de Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, y de Ana María Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social de Sonora.
Garcia Camacho explica:
«Últimamente, Adolfo y Ana Luisa han estado intimidando a los ejidatarios de El Bajío, moviendo toda la estructura de gobierno para girar órdenes de aprehensión prefabricadas con hechos falsos, e incluso presionando al personal del Tribunal Agrario 28 de Hermosillo para evitar que se lleve a cabo la audiencia del 29 de mayo a las 11:30 a.m., donde la mina tendrá que pagar o explicar cómo pagarán los más de 13 mil millones de pesos a los que están condenados en 67 sentencias firmes e inamovibles».
Y denuncia que «estos dos personajes son operadores directos de la familia Baillères, dueños reales de Fresnillo PLC, y en lugar de contribuir a la gobernabilidad de Sonora, están fomentando la ingobernabilidad. Parecieran ser titulares de una «secretaría oculta» encargada de violar los derechos de los sonorenses protegidos por las leyes mexicanas».
Además de esto, la empresa promovió un amparo para suspender la audiencia del próximo 29 de mayo. Sin embargo, la magistrada Alejandrina Gámez Rey, titular del Tribunal 28, dijo que el amparo no detiene la audiencia, y en caso de que los representantes legales de la empresa no acudan, el tribunal podría embargar sus bienes o usar la fuerza pública para asegurar el pago a los ejidatarios.
