Illinois, California y Minnesota retiran la asistencia médica a los migrantes indocumentados
Patricia Caro
No existe una definición oficial de “santuario”, pero es el nombre que se aplica a Estados, ciudades y jurisdicciones que protegen a los migrantes indocumentados y les ofrecen ciertos beneficios, como sanidad y educación, que la Administración federal no facilita. Para el Gobierno de Donald Trump son las Administraciones locales y estatales que no colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por las siglas en inglés) para detener y deportar a los migrantes y que incumplen por eso, a su entender, las leyes federales.
A nivel estatal, hay unos 14 Estados que se consideran santuario, según KFF, pero el acoso que sufren desde el Gobierno federal, con las constantes amenazas de iniciar acciones legales contra ellos y cortar los fondos federales, además de sus propias restricciones presupuestarias, están erosionando su disposición a ayudar a los extranjeros. Tres de ellos, Illinois, California y Minnesota, ya han anunciado recortes en sus prestaciones a los indocumentados.
En Illinois, la semana pasada se presentó al Congreso un presupuesto que incluye la eliminación del programa que concedía asistencia sanitaria para los adultos indocumentados de edad comprendida entre 42 y 65 años. La medida cumple con la propuesta del gobernador demócrata JB Pritzker, quien situó a Illinois como uno de los Estados que daba la bienvenida a los migrantes sin papeles, pero quien, ante la realidad de las cuentas públicas, ha optado por ahorrar unos 400 millones de dólares dejando sin cobertura médica a casi 33.000 personas.
Los legisladores latinos, que se oponen al recorte, dijeron que lucharon para mantener la asistencia sanitaria para los mayores de 65 años que carecen de un estatus migratorio legal.
“Es desgarrador. Y no significa que el costo vaya a desaparecer”, dijo la representante Lisa Hernández, refiriéndose a las personas que acuden a urgencias para recibir atención. “Este programa, de hecho, fue una forma de abordarlo de una manera mucho más rentable”, añadió, según el Chicago Sun-Times.
El Gobierno y los Estados gobernados por republicanos abogan por eliminar todos los beneficios que los indocumentados reciben, justificando que lastran las cuentas públicas. Los defensores de estas políticas sostienen que proveer asistencia médica ahorra gasto porque previene enfermedades y evita que tengan que acudir a las salas de urgencias. Estudios demuestran, además, que los indocumentados aportan más dinero a las arcas públicas con el pago de impuestos que lo que reciben a cambio, pues en la mayoría de los casos no son elegibles para obtener beneficios.
El caso de Illinois no es el único. En Minnesota, el presupuesto que está en el Congreso incluye la retirada de la asistencia sanitaria a los adultos indocumentados. En 2023, el gobernador Tim Walz, excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE UU, firmó una ley que ampliaba la cobertura del seguro público para las personas sin estatus legal. Más de 20.000 personas se han inscrito, incluidos unos 3.000 niños. Los menores aún pueden recibir el seguro médico. Walz ha lamentado el recorte, pero lo considera una necesidad presupuestaria por el déficit que enfrenta el Estado.
“Resulta que cuando se ofrece algo a cambio de nada, especialmente si se trata de atención médica gratuita, se vuelve muy popular”, ha declarado el representante estatal republicano Paul Torkelson. “El número de inmigrantes indocumentados que participan en este programa ha más que duplicado las expectativas, y solo lleva disponible menos de dos años”. Torkelson sostiene que se había proyectado que el programa costara 196 millones de dólares durante cuatro años, pero que se ha disparado a 550 millones de dólares.
También California, Estado que ha sobresalido por acoger un mayor número de migrantes y darles protección, está despojándoles de beneficios. El gobernador, Gavin Newsom, en el presupuesto fiscal de 2025-26, ha pedido congelar las inscripciones de indocumentados en el programa Medi-Cal. Los 1,6 millones de indocumentados ya inscritos no perderán el acceso a los servicios de salud, pero tendrán que hacer un pago mensual de 100 dólares.
Aunque los programas de estos Estados santuario se financian con recursos propios, el Gobierno de Trump presiona con recortar la partida que reciben de los fondos federales si continúan proveyendo de servicios a los indocumentados. La “grande y hermosa” ley del republicano, que tras ser aprobada por la Cámara de Representantes ha pasado al Senado, penaliza a los Estados que usan sus propios fondos para beneficiar a los migrantes sin papeles. La perspectiva de un recorte de miles de millones de dólares para las arcas estatales pone en riesgo la continuación de los programas.
Trabas a la educación
Desde la Casa Blanca también se han atacado las ayudas a la educación para los estudiantes indocumentados. Trump firmó un decreto para luchar contra las leyes estatales que “ofrecen matrícula de educación superior estatal a los extranjeros, pero no a los ciudadanos estadounidenses de otros Estados”. Unos 24 Estados y el Distrito de Columbia ofrecen las mismas tasas en sus universidades a todos los residentes, si importar su estatus migratorio. En algunas, los alumnos sin papeles incluso pueden acceder a becas.
Florida era uno de los Estados que no discriminaba por el estatus, lo hará a partir de ahora y, a partir del 1 de julio, los estudiantes que no tienen permiso de residencia tendrán que pagar lo mismo que si vivieran en otro Estado. Una medida que se alinea con las políticas del gobernador Ron de Santis, uno de los más fieles aliados de Trump en la cruzada antiinmigrante del presidente.
La lista negra del DHS
La última iniciativa de la Administración Trump en su ofensiva contra los indocumentados, ha sido la elaboración de una lista negra de jurisdicciones que considera santuario.
“Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a inmigrantes ilegales criminales violentos”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado de prensa.
El jueves pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una lista con unas 500 jurisdicciones a las que amenazó con represalias por no colaborar con las autoridades migratorias.
“Este memorando marca un nuevo intento de la Administración Trump de obligar a los Estados y condados a renunciar a sus derechos constitucionales de promulgar las políticas que consideren adecuadas para proteger a sus residentes. El DHS no tiene la autoridad para dictar leyes locales y estatales”, ha declarado Murad Awawdeh, presidente de la New York Inmigration Coalition.
La lista se creó considerando diversos factores, como si las ciudades o localidades se identificaban como jurisdicciones santuario, su grado de cumplimiento con las autoridades federales de inmigración, o si contaban con protecciones para las personas que se encuentran en el país sin documentos, según el DHS.
Varios de los mencionados, simpatizantes de Trump, protestaron por haber sido incluidos. En California, la ciudad de Huntington Beach fue incluida en la lista a pesar de haber presentado una demanda impugnando la ley estatal de santuarios y haber aprobado una resolución este año que declara a la comunidad como “ciudad no santuario”. Jim Davel, administrador del condado de Shawano, en Wisconsin, afirmó que la inclusión de su comunidad debió ser un error administrativo. Davel votó por Trump, al igual que el 67% de su condado. El domingo, la lista había sido retirada de la página web del DHS.
El acoso por parte del Gobierno ha hecho que algunos funcionarios públicos eviten que su ciudad sea considerada santuario. Es el caso del Distrito de Columbia, la alcaldesa Muriel Bowser ha retirado esa denominación y ha solicitado la derogación de una ley que limita la cooperación con las autoridades migratorias.
Por su parte, Brandon Scott, alcalde de Baltimore, en Maryland, declaró en X que Baltimore “no es una ciudad santuario”, porque no controla las cárceles. La colaboración de las prisiones con ICE, traspasando la información de sus detenidos, es una de las medidas que el Gobierno impulsa con las autoridades locales por medio de la firma de acuerdos 287g.
“Pero somos una ciudad que da la bienvenida y no pedimos disculpas por ello. Somos mejores gracias a nuestros vecinos inmigrantes y no los venderemos a esta Administración”, añadió Scott.
