El organismo electoral aprobó un procedimiento de verificación para impedir que agresores, deudores morosos o prófugos ocupen cargos como jueces y magistrados
Anayeli Tapia Sandoval
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este jueves que podrá anular las candidaturas, e incluso los triunfos, de las personas que compiten por cargos en la elección judicial extraordinaria si se confirma que son prófugos de la justicia, deudores alimentarios morosos, agresores sexuales o responsables de violencia familiar.
Esta medida forma parte del procedimiento aprobado por el Consejo General del instituto para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales establecidos por la política conocida como “8 de 8 contra la violencia”.
El acuerdo, aprobado el 24 de abril y publicado en el boletín número 121 del INE, establece los mecanismos de revisión para constatar que las y los aspirantes a los cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 no hayan incurrido en conductas que impliquen la suspensión de sus derechos políticos y electorales. El procedimiento se apoya en los artículos 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 442 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
“Si algún candidato no cumple con los requisitos constitucionales, como mantener un promedio de ocho o carecer de vínculos delincuenciales, se podrían aplicar medidas precautorias para descalificarlo”, señaló Guadalupe Taddei, presidenta del INE. Precisó que la decisión final corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿En qué casos aplica?
Guadalupe Taddei afirmó que la última palabra será del Tribunal. ( INE)
Las causales que permitirían al INE cancelar candidaturas o impedir la toma de protesta a quienes resulten electos incluyen:
- Tener sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, o por violencia familiar.
- Haber sido sancionado por violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Ser deudor alimentario moroso.
- Ser prófugo de la justicia desde la emisión de la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
- Contar con una sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de derechos.
El procedimiento aprobado contempla la integración de un grupo interdisciplinario coordinado por la Secretaría Ejecutiva del INE, con la participación de distintas áreas técnicas del instituto, como la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Dirección de Asuntos Jurídicos, y la Unidad de lo Contencioso Electoral, entre otras.
Cada persona candidata deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde afirme no encontrarse en ninguno de los supuestos de inhabilitación, así como el certificado que acredite que no es deudor alimentario moroso.
Además, el INE podrá recibir denuncias e información por parte de la ciudadanía y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En caso de recibir señalamientos, el instituto consultará a las autoridades competentes y ofrecerá garantía de audiencia a las personas involucradas antes de emitir un acuerdo que determine su eventual descalificación.
Candidatos que están en la mira
Francisco Herrera Franco. (Especial)
A poco más de un mes de que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio, diversos actores políticos y organizaciones civiles han advertido sobre la postulación de candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado y la iglesia de la Luz del Mundo.
El presidente de Defensores MX, Miguel Alfonso Meza, afirmó en entrevista con Azucena Uresti que los comités de evaluación aceptaron que había perfiles de candidatos relacionados con el narcotráfico, una situación que su organización había denunciado semanas antes. “Nuestra única intención es sacar a estos candidatos riesgosos de la boleta”, declaró el activista, quien también acusó que en algunos casos la denuncia ha puesto en riesgo la integridad de los defensores y víctimas.
Defensores MX señaló que el comité del Poder Legislativo fue el que aprobó la mayoría de las candidaturas de personas con presuntos vínculos criminales.
Silvia Rocío Delgado García, la abogada de El Chapo durante su estancia en Ciudad Juárez. (REUTERS/Facebook)
Entre los perfiles denunciados se encuentran:
- Francisco Herrera Franco, conocido como el “fiscal del terror”, vinculado a la muerte de dos periodistas.
- Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego.
- Andrés Montoya García, acusado de la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota.
- Nicolino Cangiamila, acusado de encubrir un feminicidio en prisión.
- Edgar Agustín Rodríguez, señalado por abuso sexual.
- Silvia Rocío Delgado García, abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, propuesta por el Poder Ejecutivo local de Chihuahua.
- Fernando Camilla Villarreal, abogado del Z40, aprobado por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con Defensores MX, al menos 12 aspirantes relacionados con la iglesia de la Luz del Mundo compiten por cargos judiciales. La organización denunció que varias de estas personas ocupan cargos de liderazgo dentro de la estructura de la iglesia, cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra preso en Estados Unidos por delitos de pornografía y violencia sexual infantil.
También hay candidatos de La Luz del Mundo. (Archivo Infobae)
Entre los nuevos perfiles señalados se encuentran:
- Cesiah Keren León Rocha, quien firmó convenios con una asociación de la esposa de Naasón Joaquín cuando dirigía el Instituto de la Mujer en Ocotlán, Jalisco.
- Karina Sánchez Ruiz, expresidenta de la asociación PEM, brazo político y económico de la Luz del Mundo, y exdiputada federal que gestionó reconocimientos para Naasón Joaquín.
- Eluzai Rafael Aguilar, maestra en instituciones educativas de la iglesia, candidata a jueza penal federal en Jalisco e hija de un obispo de la organización.
Meza advirtió que, por el diseño de la elección, algunas de las candidatas ya están virtualmente electas al ser las únicas postulantes para puestos reservados a mujeres. Mencionó el caso de Jessica Romero Butrón, ya ganadora para jueza penal en el Distrito 4 de la Ciudad de México, y Nora García Peralta, en el Distrito 7, quienes compiten sin adversarios.
