Birmex fue habilitado por López Obrador para sustituir a todos los intermediarios en la compra de medicinas e insumos médicos, con el objetivo de combatir sobreprecios y corrupción. Fracasó en todos sus propósitos.
En el primer caso de corrupción en el gobierno actual, que recién cumplió seis meses, cuatro altos funcionarios de Birmex, incluido el director, Jesús Olmos, quien fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, fueron separados de sus cargos mientras se indaga sobre un presunto caso de corrupción de unos 13 mil millones de pesos en las licitaciones sobre medicinas y equipos médicos.
Ya dirán las investigaciones quiénes son los responsables de las irregularidades que se encontraron en el concurso, que son una bocanada de oxígeno para la transparencia, fundamental para un gobierno abierto, y que está tratando de ser enterrado por los aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Birmex, el acrónimo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, fue habilitado en 2020 por López Obrador para sustituir a todos los intermediarios que adquirían, almacenaban y distribuían las medicinas y los insumos médicos, para combatir sobreprecios y corrupción. Fue un fracaso en todos los objetivos que se plantearon, aunque no debería de extrañar. El de López Obrador fue el gobierno más corrupto que ha tenido México, no de saliva como él acusaba a todos en el pasado, sino de hechos, documentos y evidencias. Quien hizo de la honestidad una carrera política que convenció a muchos y engañó a más, ha ido probando inopinadamente con el tiempo que fue el timo el recurso más eficiente que empleó para llegar al poder.
Hasta antes de llegar López Obrador a la Presidencia, se consideraba que la llamada Estafa Maestra era el caso más grande de corrupción. La Estafa Maestra, como se definió a un esquema que involucró a 128 empresas fantasma, ocho universidades públicas y una decena de dependencias federales, a través de las cuales el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desvió siete mil 670 millones, fue descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, que la calificó como “fraude” y valoró como “corrupción”.
La corrupción en Birmex, sin embargo, es casi el doble de la Estafa Maestra, que también es superada por el caso de corrupción en Segalmex, una empresa creada por López Obrador para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar el bienestar de los pequeños agricultores. La Auditoría Superior de la Federación observó en las cuentas públicas de 2019 y 2020, nueve mil millones de pesos en irregularidades, de los cuales el año pasado el entonces secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dijo que cuatro mil 800 estaban en proceso de análisis para determinar su estatus o definitivamente no habían sido aclarados.
De Segalmex ya no sabremos más. De acuerdo con información interna en la hoy rebautizada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se borraron expedientes de Segalmex de los sistemas de la dependencia. Es decir, encubrieron un caso de corrupción en esa paraestatal que le entregó López Obrador a Ignacio Ovalle, su viejo amigo y primer jefe que tuvo el expresidente en la administración pública, a quien a diferencia de Sheinbaum que separó al director de Birmex mientras se deslinda su responsabilidad, lo mantuvo al frente de la institución hasta la ignominia.
Ovalle representó la quinta esencia de López Obrador. Si era de los suyos, total encubrimiento. El caso de Javier Corral es un ejemplo. Cuando no pudo imponer a su candidato a la gubernatura para que lo sustituyera, se acercó con López Obrador aparentemente por protección. El expanista Corral, como lo había previsto, fue acusado por la Fiscalía panista de Chihuahua por presuntamente desviar 98 millones de pesos durante su gobierno. El expresidente lo protegió e, incluso, ordenó que impidieran que lo detuvieran en la Ciudad de México. Lo hizo senador y, más aún, lo nombraron presidente de la Comisión de Justicia sin importar que tenía órdenes de aprehensión.
La corrupción era parte del ADN de López Obrador. Tras concluir su gobierno en la Ciudad de México, fundó la asociación civil Honestidad Valiente, que recibió donativos por 20 millones de pesos, por los cuales nunca pagó impuestos. Durante las administraciones perredistas que le sucedieron, le entregaban 10% del salario muchos trabajadores del gobierno capitalino, y por años le llevaron en cajas de huevo dos millones de pesos mensuales.
Durante su Presidencia, recibieron dinero en efectivo que les daba un colaborador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas y argumentaba, como justificación, como sucedió en otros casos de personas cercanas a él a quienes descubrieron en actos de presunta corrupción, que los recursos eran sino para la “causa”, su movimiento político, no para su pecunio. Su magnetismo y su fachada austera permitieron que su discurso contra la corrupción lo blindara.
En su gobierno reinó la opacidad, combatida en todo el mundo porque alienta la corrupción. El año pasado, ocho de cada 10 contratos del sector público se entregaron sin concurso, manteniendo la proporción de los dos años públicos. En sus últimos ocho meses de gobierno, se registraron en el portal de Compranet 111 mil 145 adjudicaciones, de las cuales 77.6% fueron por adjudicación directa. Entonces, no fue extraño que la semana pasada Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que son leales a López Obrador, desa-parecieran Compranet.
Hay empresarios que se quejan de la voracidad de funcionarios y políticos de Morena, que cobran comisiones de 20% mínimo para gestionar contratos de obra pública, y en los megaproyectos del expresidente se llegaron a adjudicar de manera directa a empresas recomendadas por Palacio Nacional, en números que no se habían visto nunca.
La corrupción es otra parte del legado de López Obrador. El último informe de Transparencia Internacional mostró una caída de cinco puntos de México en la lucha contra la corrupción, resaltando que pese a las promesas de acabar con el fenómeno, su sexenio terminó sin condenas ni activos recuperados.
Sheinbaum dijo ayer que en su sexenio habrá cero corrupción. López Obrador decía que la había erradicado. La presidenta tiene a su favor que tiene cinco años y medio para demostrarlo. Su predecesor ya no. Es un caso que cuando se bajen las pasiones y las emociones, se le verá como lo que fue, un político corrupto que potenció este cáncer social.
Nota: Esta columna dejará de aparecer durante Semana Santa.
