El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por corrupción y conflictos de intereses en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, que despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes.
Así lo reveló Octavio Romero Oropeza, quien se convirtió en el primer director del Infonavit en presidir una asamblea general con derecho de voz y voto. Con ello se da inicio a una nueva etapa en el seno del organismo y se dejan atrás décadas en las que se desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo.
En la 133 asamblea general ordinaria, que presentó su nueva estructura tras reformarse la ley del instituto y se formalizó la desaparición de las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial, fueron designados los 30 miembros de la asamblea general, 12 del consejo de administración, nueve de la comisión de vigilancia y tres del comité de auditoría.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tomó protesta a los integrantes de estos órganos colegiados, los cuales estarán conformados de manera tripartita por gobierno, trabajadores y empresarios.
Ante asambleístas representantes de estos sectores, Romero Oropeza señaló que las alianzas corruptas entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda.
Además, producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes fueron despojados de su patrimonio mediante juicios masivos ilegales. Esta estrategia le costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos.
El director del Infonavit mencionó que existen empresas que adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos, las cuales a través del esquema Línea III de crédito entregaron vivienda de mala calidad o no la entregaron. Entre las anomalías recordó que la empresa Telra fue indemnizada con 5 mil millones de pesos, pese a que incumplió un contrato para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda.
Este tipo de triquiñuelas desvirtuaron el verdadero espíritu del tripartismo y dieron paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses particulares al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran, subrayó. Destacó que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará al instituto.
Al presentar un balance de los primeros cinco meses de su administración, reiteró que es prioritario cumplir con el programa planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que consiste en la construcción de un millón de viviendas.
Explicó que la empresa Infonavit Constructora entrará en operación formal en los próximos días y anunció que en abril comenzarán los trabajos para edificar las primeras 20 mil viviendas.
Agregó que se contempla un programa de renta de vivienda abandonada, con opción a compra, para sectores vulnerables.
Luego de la sesión, Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, insistió en que se requiere mayor participación de los sectores y comentó que empresarios y trabajadores fueron atendidos, pero no escuchados en los cambios que se realizaron a la estructura del instituto.
