La sola palabra ‘desaparecidos’ tiene un sonido macabro y suele despertar los miedos que creíamos olvidados entre viejas historias de terror que nadie recuerda con nostalgia porque remiten a un tiempo de salvajes cavernarios.
Entre el espanto y el asombro; entre el miedo y la indignación, la comunidad internacional tiene hoy sus ojos puestos en México por el “descubrimiento” de un campo de entrenamiento de sicarios y a la vez un sitio de exterminio donde un número indeterminado de personas fueron torturadas, asesinadas, reducidas a cenizas en hornos crematorios que son el relato de la impunidad y el desenfado con que el crimen organizado opera a sus anchas en el país.
Entrecomillo la palabra “descubrimiento”, porque en realidad el Rancho Izaguirre, ubicado en un paraje del municipio de Teuchitlán, Jalisco ya había sido intervenido por agentes de la Fiscalía de aquel estado en un operativo en el que se detuvo a diez personas y se encontró un civil sin vida en septiembre del año pasado.
El 5 de marzo pasado, el Colectivo Guerreros Buscadores acudió al lugar para encontrar lo que autoridades de los tres niveles de gobierno no pudieron o no quisieron ver: restos humanos fragmentados y calcinados; cientos de prendas, zapatos y objetos diversos que incluyen hojas manuscritas relatando el testimonio del horror de las víctimas, hombres y mujeres que un día desaparecieron y de los que ya nada se supo.
El episodio remite obligadamente a un repaso de las cifras de la tragedia: solamente en 2024 se registraron oficialmente 13 mil 627 personas desaparecidas; en los primeros cien días del gobierno de Claudia Sheinbaum, hay documentadas 40 desapariciones diarias, lo que significa un incremento del 40% respecto a los números del gobierno anterior.
El Rancho Izaguirre en Jalisco es uno, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos sitios más hay a lo largo y ancho del país donde reposan los restos de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños y niñas que un día estaban en el regazo familiar y al siguiente solo son ausencia.
Creo que lamentablemente la normalización de estos crímenes no permite dimensionar la magnitud de las tragedias familiares. No basta con asumir que ‘andaban en malos pasos’ porque eso no aplica en todos los casos, y aunque aplicara eso no amaina la pesadumbre, el sentimiento de indefensión y la rabia de asistir a la carpa callejera en que las autoridades están más preocupadas por deslindar responsabilidades jurisdiccionales y acusarse unas a otras, que en reconocer la ya muy larga cadena de omisiones y complicidades que derivaron en esa lastimosa estampa de un país donde se han tenido que integrar grupos de ‘buscadoras’ que recorren las zonas urbanas y rurales picando la tierra con palos y varillas, escarbando con palas y picos para encontrar sus muertos.
En los días que el Rancho Izaguirre comenzó cobrar relevancia por la dimensión de la tragedia, aquí en Hermosillo, en un paraje muy cercano a la mancha urbana, por rumbos del norponiente, las ‘Madres Buscadoras’ encontraron restos de al menos cuatro cuerpos enterrados.
Una imagen de ese hallazgo, viralizada en redes sociales es estremecedora: el hueso de un brazo aprisionado con esposas metálicas rebasa cualquier intento por describir el horror de esa muerte y la historia personal, familiar detrás del hecho.
No hay manera de asimilar esa barbarie. No la hay.
II
Ya le tocaba a Nogales y ayer el gobernador Alfonso Durazo entregó diez nuevas unidades de transporte urbano que, con una inversión de 7.8 millones de pesos vendrán a resolver una buena parte de los problemas de movilidad en la fronteriza ciudad.
Este era un compromiso del mandatario desde aquellos años de campaña, cuando los nogalenses coincidieron en señalar que el transporte público es una de las asignaturas que por años ha permanecido pendiente y hoy comienza a verse una luz al final del túnel de la movilidad segura para estudiantes, trabajadores y usuarios en general.
Las diez unidades mueven aproximadamente 45 mil usuarios diariamente, circulando por 65 colonias, 144 escuelas y cinco instituciones de salud; se trata de vehículos tipo Van totalmente eléctricas, con capacidad para transportar a 14 pasajeros sentados, con cinturones de seguridad, aire acondicionado y póliza de seguro.
Por cierto, el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Gim Nogales será el responsable directo de la operación y mantenimiento de estas unidades, a partir de un convenio firmado con el gobierno del estado, tal y como se ha venido haciendo en otros municipios como Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado.
III
Una solicitud ciudadana comienza a tomar forma en Hermosillo para honrar la memoria de la historiadora, maestra, antropóloga y destacada activista por los derechos de las etnias sonorenses, especialmente la yaqui, Raquel Padilla Ramos, lastimosamente asesinada el 7 de noviembre de 2019.
Un grupo de ciudadanos está proponiendo al Ayuntamiento de Hermosillo imponer su nombre a la calle de la colonia El Coloso, justo donde los yaquis asentados en esta capital tienen su residencia y realizan allí las ceremonias tradicionales de Semana Santa.
La Comisión de Nomenclatura del cabildo hermosillense debe tomar nota de esta solicitud y proceder en consecuencia, ya que sería un gesto de reconocimiento al comprometido trabajo de la maestra, quien como pocos dejó constancia de profesionalismo en sus tareas de investigación, documentación y lucha por los derechos de los pueblos originarios.
Padilla Ramos era parte del Sistema Nacional de Investigadores; formaba parte de la planta docente de El Colegio de Sonora y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su trayectoria merece ese reconocimiento y muchos más.
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