Enrique Méndez y Fernando Camacho
Ciudad de México. La Cámara de Diputados votó esta noche y envió al Ejecutivo, el paquete de ocho nuevas leyes y reformas a dos más que regulan la nueva política energética del país, a partir de la reforma constitucional del año pasado que revirtió entonces la de 2013.
Después de la discusión en lo particular, y sin que se admitiera ninguna reserva, el proyecto se aprobó con 270 votos en favor de Morena y sus aliados y 93 en contra de la oposición.
El resultado contrastó con el voto en lo general, cuando la mayoría sumó 332 votos y la menor votación en lo particular se explicó por la ausencia de un importante sector de diputados de Morena. En el tablero, 56 legisladores de ese partido no votaron, incluido el coordinador Ricardo Monreal Ávila, que no se encontraba en el salón.
El proyecto de decreto se envió al Ejecutivo, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por la mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, planteó que la reforma pueda ser publicada el 18 de marzo, durante la celebración del 87 aniversario de la expropiación petrolera.
Como parte de la reforma, se incluye por primera vez el concepto de justicia energética, se define la prevalencia del Estado frente al sector privado –que continúa con participación controlada de inversiones con ambas empresas- y avanza hacia una estrategia de transición hacia energías limpias.
Asimismo, se incorpora a la Secretaría de Energía una Comisión Nacional de Energía, como órgano administrativo desconcentrado, que sustituirá a las extintas Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que contará con independencia técnica y operativa.
Se trata de que esta nueva instancia regule el mercado del sector energético nacional.
Específicamente, la nueva comisión será “la encargada de promover, en todo momento, el desarrollo ordenado de las actividades del sector energético de conformidad con la planeación vinculante en el ámbito de su competencia, lo cual generará mayor eficiencia en el sector, se evitará la duplicidad de funciones y se tendrán ahorros”, según se explica en el dictamen a discusión en el pleno.
Respecto de la transición energética, el dictamen explica que tanto Pemex como la CFE deberán elaborar un programa para reducir el impacto ambiental de sus actividades y orientar sus esfuerzos hacia un desempeño más eficiente de sus operaciones.
En dicho programa se tiene que procurar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el uso de fuentes de energía renovables y de energías limpias en el desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto.
Además, la transición hacia una economía baja en carbono y el cumplimiento de los acuerdos internacionales de los que México es parte, y El monitoreo de su progreso y realizar las medidas necesarias para su cumplimiento.
Se agrega entre las atribuciones de la Secretaría de Energía definir los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias, las metas de transición energética, descarbonización en el sector eléctrico y para los compromisos internacionales en la materia; así como fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas de Generación Limpia Distribuida.
Nueva era de política energética
La vicepresidenta de la cámara, Dolores Padierna Luna (Morena) explicó que el paquete “no se trata solo de cambios técnicos o administrativos ni un simple ajuste regulatorio, es el cimiento de toda una nueva era en la política energética nacional, un giro de 180 grados en la concepción y gestión de los recursos estratégicos que por décadas fue secuestrado por intereses privados”.
Explicó que, en materia de hidrocarburos se transita del modelo de libre mercado, donde la renta petrolera la tenían las petroleras privadas, a otro donde la recibe el Estado y éste le entrega a los particulares lo que les corresponde.
Con los cambios, a partir de ahora “las empresas con las que Pemex celebre contratos en ningún caso podrán registrar esos contratos como activos propios de las reservas petroleras que pertenecen exclusivamente a la nación”, indicó.
Detalló que, en el artículo 12 de la Ley del sector de Hidrocarburos se prevé con claridad que las reservas petroleras siempre son propiedad exclusiva de la nación, “lo que manda un fuerte mensaje de soberanía petrolera del país”.
Además, que se dota Pemex y a CFE de un régimen especial de gobierno corporativo, pues ambas empresas operarán a través de un director general, de un consejo de administración y diversos comités.
“Este régimen especial le dará flexibilidad a Pemex y a CFE, que fue reclamada por décadas por las empresas públicas y es para adoptar un modelo que siga las prácticas corporativas de las grandes empresas petroleras y eléctricas internacionales, que cotizan en Bolsa y se rigen por la Constitución mexicana y por las leyes internacionales”.
Agregó que, en el régimen especial, las contrataciones estarán a lo que define el artículo 134 constitucional en diferentes aspectos y que los lineamientos de austeridad del gasto implican un uso eficiente de los recursos, transparencia del gasto, dar prioridad al beneficio público, y que los sistemas de control y de la auditoría interna, externa y de la ejercida a su vez por Auditoría Superior de la Federación sigan los lineamientos de austeridad previstos en la Constitución.
También, que el régimen especial de contrataciones no estará sujeto a la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero deberán aplicarse las normas internacionales de información financiera, publicar sus estados financieros, tanto de recursos públicos, como privados, habrá una revisión periódica de los órganos de control y de fiscalización.
Dolores Padierna abundó que también se incluye un régimen especial presupuestal donde la Secretaría de Hacienda difundirá las bases macroeconómicas que deberán regir a las empresas y estas ajustarse a las metas del balance financiero definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y con control por parte de la Cámara de Diputados.
La legisladora de Morena indicó que también se agrega un régimen especial de deuda para Pemex y CFE, que podrán créditos siempre y cuando las obligaciones no excedan su capacidad de pago, y se precisa que los recursos financiados se destinarán a inversión y los pagos deberán hacerse de manera puntual.
Esto es, agregó, pueden contratar deuda, pero tienen que ser capaces de pagarla, lo cual será una garantía pues como toda empresa productiva y competitiva a nivel internacional deberán tener un mejor desempeño
La oposición, en tanto, reclamó que la reforma legal significa un retroceso en el sector energético, respecto de la enmienda constitucional de 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ariana del Rocío Rejón (PRI) sostuvo que “Pemex estaba mucho mejor antes con el PRI y la CFE también. Y es claro porque para el PRI Pemex y CFE eran empresas productivas del Estado. Pero para Morena Pemex y CFE son para el cuñado de Rocío Nahle y para las empresas factureras del Grupo Tabasco”.
A su vez, Genoveva Huerta Villegas (PAN) sostuvo que la reforma se basa exclusivamente en ideología.
“No hay una razón que justifique eliminar instituciones que garantizaban la transparencia y la competitividad en el sector energético. No vamos a encontrar ninguna razón, porque quieren institucionalizar sus fechorías, legalizar sus negocios. ¿Y qué negocios? Sus amadas adjudicaciones directas, pues se crea un régimen de excepción para que puedan evadir los controles en las contrataciones directas”, manifestó.
Después de la aprobación en lo general, el pleno entró a la discusión de 140 reservas, con la participación de 39 oradores en la tribuna.
