Lo peor del caso es que Estados Unidos ni siquiera agradeció el gesto.
Ni los mexicanos ni los extranjeros respetan nuestro Estado de derecho.
La ley ya ni siquiera es indicativa, como solía suceder en México, mucho menos obligatoria. Cada vez estamos peor.
El gobierno se ha inventado oscuras disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional para expulsar y no extraditar a 29 criminales de la peor ralea a Estados Unidos pisoteando, así, todos sus derechos.
Mi intención no es defender a estos delincuentes. Lo que sí defiendo son los derechos que les otorga la ley mexicana. Éstos deben respetarse hasta al ser más despreciable de nuestra sociedad. Eso es lo que nos protege a todos los demás y nos hace vivir civilizadamente. Si el Estado puede violentar las reglas con Rafael Caro Quintero porque así le conviene políticamente, mañana puede hacer lo mismo conmigo, con usted o con quien se le pegue en gana.
El gobierno de Sheinbaum envió a Estados Unidos a 29 delincuentes relacionados con el crimen organizado. Todo para quedar bien con el presidente Trump, quien está amenazando al país con imponer aranceles esta semana. Si París mereció una misa, la continuación del libre comercio con el vecino del norte merece pisotear los derechos de amparo, debido proceso judicial y extradición de los detenidos. Total, nadie los quiere aquí y nadie se atreverá a defenderlos.
Al revés, muchos aplaudirán el gesto. Algunos hasta se quitarán el sombrero frente al gobierno de Sheinbaum argumentando que fue una buena jugada diplomática. Que se joda el Estado de derecho.
Total, ya lo vimos antes.
Autoridades de Estados Unidos vinieron a México, secuestraron al legendario Mayo Zambada, lo trasladaron sin documentos migratorios a su sagrado territorio y lo arrestaron ahí. Ya comenzaron a procesarlo judicialmente y han amenazado con imponerle la pena de muerte. Como no lo extraditó el vecino del sur, sí le podrían administrar la letal inyección.
Uy, y cómo se enojó y pataleó el gobierno mexicano, tanto el de AMLO como de Sheinbaum porque los estadunidenses no respetaron la soberanía nacional y pisotearon el Estado de derecho de México.
Con la noticia de que Sheinbaum hizo exactamente lo mismo.
Agarró a 29 criminales, los puso en aviones separados, los “expulsó” del país siendo ciudadanos mexicanos y los dejó en territorio estadunidense. Como no los extraditaron, podrían estar sujetos a la pena de muerte. Los fiscales del vecino del norte ya anunciaron que así lo buscarán para Rafael Caro Quintero.
Insisto, mi objetivo no es defender a estos asesinos, secuestradores, extorsionadores y corruptores. Previo juicio donde se demuestre su culpabilidad, por mí que se pudran en la cárcel. No que los maten porque, en lo personal, estoy en contra de la pena capital.
Lo peor del caso es que Estados Unidos ni siquiera agradeció el gesto de la “expulsión” de los 29 criminales. Ahora quieren que les manden políticos que han estado relacionados con la delincuencia organizada.
A unos días de la “expulsión” y de otra fecha fatal de entrada de supuestos aranceles, no queda clara la utilidad del envío de los 29 reos entre quienes se encuentran “peces gordos” como el propio Caro, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, hermano de El Señor de los Cielos y Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, exlíder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste.
Lo que sí queda claro es que el Estado de derecho en México está muerto. Ya nadie lo respeta.
Porque todo esto se da en el contexto de la reforma al Poder Judicial, donde las propias instituciones han desacatado resoluciones de jueces.
Bien lo dijo hace poco el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: “Cuando una autoridad se arroga el derecho de decidir qué resoluciones judiciales merece cumplir, no sólo viola la ley: proclama su propia infalibilidad y se coloca por encima del orden jurídico que dice defender”. Y sentenció: “Cada vez que una autoridad se coloca por encima del derecho, por nobles que sean sus intenciones, contribuye a la demolición del sistema que todos estamos obligados a preservar”.
Durante el sexenio de AMLO, el Estado de derecho en México se erosionó, según el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project. En la última medición de 2024, nuestro país se colocó en el puesto 118 de 142 países de todo el mundo. Comparado con América Latina y el Caribe, México se posicionó en el puesto 28 de los 32 países de esta región.
Una vergüenza.
Pero no sorprende porque nuestro Estado de derecho es un cadáver que comienza a apestar.
