Las autoridades de México y Estados Unidos se enredan para explicar el sustento legal que permitió superar el atascamiento en los tribunales que por años impidió la entrega de los capos
Zedrik Raziel
Si este jueves, nada más conocerse el insólito operativo en el que México envió a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, se hablaba de extradición, horas después comenzó a surgir la duda y se multiplicaron las preguntas sobre cuál fue realmente el sustento legal que agilizó la entrega y destrabó los procesos de extradición atascados por años en los tribunales. Las autoridades de EE UU usaron términos disímiles: traslado, dijo la Fiscalía General; extradición, dijo la Casa Blanca; expulsión, dijo el Departamento de Estado. Este viernes, el fiscal de México, Alejandro Gertz, ha aclarado en una rueda de prensa que no se trató de una extradición conforme al tratado bilateral sobre la materia entre los dos países, sino de un “envío”, una vaga figura; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de un “traslado”. El fiscal Gertz ha explicado que la operación se efectuó a solicitud expresa de Estados Unidos y que México respondió con base en la Ley de Seguridad Nacional y el artículo constitucional que faculta a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, a preservarla.
El inesperado recurso tuvo el objeto de superar el punto muerto al que habían llegado varias solicitudes de extradición hechas por Washington, que los capos y sus abogados lograron postergar en los tribunales mediante amparos, algunos por más de una década. García Harfuch ha señalado la responsabilidad del Poder Judicial en el atascamiento de los procesos de extradición, y ha apuntado a “acuerdos” entre narcos y “algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”. La presidenta Sheinbaum ha apuntado a la corrupción en la Judicatura, horas después de darse a conocer que una jueza ordenó la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y que había sido sentenciada por blanqueo de recursos. “La corrupción el Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, ha dicho la mandataria.
El Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, vigente desde 1974, establece que el país requiriente no puede imponer a un sujeto la pena de muerte si el país de origen no contempla ese castigo en sus leyes. No obstante, dado que el “envío” de los líderes criminales no se dio conforme a esa norma, Washington valora pedir ante la justicia la pena capital para algunos de ellos, como en el caso de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El embrollo, sin embargo, no cesa. El fiscal Gertz ha afirmado que ninguno de los capos entregados puede ser ejecutado. “Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, ha indicado. “Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención”, ha agregado.
El fiscal Gertz ha señalado que Washington presentó a México una solicitud “formal”, “por escrito” y “concreta” para llevar a cabo el operativo específicamente contra los 29 capos en el marco de la Convención de Palermo, el acuerdo de la ONU para el combate a la delincuencia organizada transnacional y que establece lineamientos en materia de extradición (figura que, volvió a insistir el funcionario, no fue utilizada). “Hubo una solicitud fundada del Gobierno de Estados Unidos, ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento”, ha detallado. Gertz ha agregado que la movilización institucional fue inmediata. “No habrán pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas, si estaban cumplidas, y se procedió. Fe un asunto inmediato”, ha indicado.
Gertz fue cuestionado insistentemente por la prensa sobre la figura legal específica que sustentó el operativo. “No le dieron denominación. Nada más se cumplió con la ley”, ha respondido el funcionario. La Fiscalía General estadounidense señaló que la entrega de los líderes criminales por parte de México se dio conforme a la Orden Ejecutiva 14157 suscrita por el presidente de EE UU, Donald Trump, por la que cinco carteles mexicanos fueron declarados organizaciones terroristas.
El funcionario ha indicado que el sustento jurídico por el que México cumplió su parte se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional, donde, ha dicho, “se establecen los parámetros de necesidad por razones de estabilidad política tanto en México como en Estados Unidos”. También ha citado el artículo 89 de la Constitución, que detalla las obligaciones del Ejecutivo, una de las cuales es “preservar la seguridad nacional”. “Acuérdense de que no se está aplicando una ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los EE UU en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas de su conducta”, ha afirmado.
El largo proceso de extradición ya había suscitado las quejas de Washington. El año pasado, el entonces embajador en México, Ken Salazar, criticó a los jueces que habían dilatado por más de una década el proceso de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, líderes del sanguinario cartel de Los Zetas. Gertz ha reconocido que el recurso legal utilizado para capotear la entrega de criminales ha creado un precedente. “Se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos [los estadounidenses] aprovecharon”, ha dicho. El funcionario ha defendido que “las soluciones que se tomen” contra el crimen organizado benefician, en primer lugar, a los mexicanos.
