Este lunes se presentará una primera aproximación al estudio del comercio ilícito de cigarros en México y su posible relación con el crimen organizado. La presentación ocurrirá en el marco del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, que conduce tan atinadamente mi colega Sergio Aguayo. Se trata de un tema relevante, complejo y con diversas aristas. Entre otras, el asunto tiene implicaciones de salud pública, de seguridad y recaudatorias. Por lo tanto, el tema debería ser de interés para la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia Aduanal y la Secretaría de Hacienda, entre otras instancias públicas.
El punto de partida es que entre 2017 y 2023 ha habido un incremento notable en el comercio ilícito de cigarros en el país. Según un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizado en ocho ciudades del país, este tipo de comercio más que se duplicó al pasar de 8.5 por ciento del total en 2017 a 20.4 por ciento en 2023. Para una muestra más amplia de 11 ciudades, el porcentaje de comercio ilícito en 2023 fue de 18.2 por ciento. En general, se puede decir que una de cada cinco cajetillas de cigarros vendidas en el país es ilegal. En ciudades como Guadalajara, La Paz y Durango, el comercio ilícito de cigarros es superior a la media nacional con 24 por ciento, 32 por ciento y 43 por ciento, respectivamente. En contraste, este tipo de comercio es relativamente bajo en Hermosillo (0.3 por ciento), Toluca y Veracruz (2 por ciento), León y Puebla (3 por ciento). Por su parte, Mérida y Monterrey se ubican alrededor de la media (20 y 19 por ciento), mientras que la Ciudad de México está por debajo de la media con 11por ciento.
El estudio del INSP, que analizó más de 12 mil cajetillas desechadas en las calles, encontró cigarros ilícitos de 56 marcas, aunque 90 por ciento de los casos se concentraron en sólo 6 de ellas: D&J (31 por ciento, Emiratos Árabes Unidos), President (28 por ciento, Vietnam), Marble (20 por ciento, Suiza), Royal (5 por ciento, India), Time (4 por ciento, Corea) y Marshal (2 por ciento, China). Cabe notar que el país de la marca no necesariamente corresponde con el país de la fabricación. Por otro lado, el estudio también encontró marcas de producción nacional que no cumplen con la normatividad requerida. Esto implica que el comercio ilícito de cigarros en el país tiene distintos orígenes: una parte corresponde a mercancía de contrabando y otra a producción y distribución nacional ilegal (como lo documentaron muy bien Carlos Puig y Galia García, aquí en MILENIO).
La existencia de cigarros ilegales en el país puede traer problemas serios de salud, ya que al estar fuera del marco regulatorio su contenido puede incluir sustancias o elementos proclives a la adicción que podrían causar problemas adicionales a los que de por sí produce el consumo de tabaco. También tiene implicaciones fiscales importantes: tan sólo por el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) al Tabaco la Secretaría de Hacienda espera recaudar 52 mil millones de pesos en 2025, lo que implicaría que podría estar perdiendo alrededor de 13 mil millones de pesos tan sólo por este concepto. En resumen, como concluye el estudio que se presenta hoy, se trata de un tema de “una complejidad enorme e inesperada” que “recibe muy poca atención gubernamental, social y mediática”.
