A finales de octubre se hablaba de ocho ministros de la Suprema Corte que, a la vista de muchos, eran la última línea de defensa, no sólo de la Corte, sino de una civilización. Los quebraron por el flanco de Pérez Dayán. El proyecto para acabar con el orden jurídico que conocimos avanzó entonces sin problemas, hasta que cinco integrantes de un comité acataron la resolución de dos jueces y pararon una parte de los trabajos de la reforma judicial. Por sencilla, su acción adquirió un alto contenido simbólico: ¿se seguían acatando los fallos de los jueces o no? Perdieron por el flanco del Tribunal Electoral. El lunes renunció en grupo el Comité de Evaluación del Poder Judicial que determinaría la idoneidad de un tercio de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Afirmaron que era inviable proseguir con la tarea constitucional encomendada. “Nuestro trabajo no era político, era técnico, jurídico”, me dice Luis Enrique Pereda, uno de los cinco. “No usaría la expresión de que perdimos, esto no era un todo o nada. Habrá cosas rescatables. Lo intentamos hasta donde se pudo”. Cinco nombres: Wilfrido Castañón, Mónica González, Emma Meza, María Emilia Molina, Enrique Pereda.
