Desde posiciones antagónicas, la presidenta Sheinbaum y el abogado Roberto Gil han concordado en una demanda: el Comité de Evaluación del Poder Judicial debe hacer oídos sordos, olvidarse de los jueces y retomar el proceso para seleccionar candidatos a la elección de ministros, jueces y magistrados. Dicho comité, como se sabe, acató sendas resoluciones de jueces que han ordenado suspender el proceso. Los otros dos comités, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, mandaron a volar a los jueces y han seguido trabajando. La Presidenta pidió ayer al comité del Judicial que no le quite la posibilidad a las personas que se inscribieron ahí, “porque, además, sabemos que los amparos suspensivos no procederán”. Gil, tenaz opositor de la reforma judicial, pero que participa en busca de ser ministro de la Suprema Corte, me dijo también ayer que sería contraproducente para la República que el comité del Poder Judicial no presente candidatos, “porque a la Corte deben llegar perfiles que recuperen la defensa del orden jurídico: hoy es momento de la ruta política, de la ruta de la participación”. Qué interesante afinidad. Los dos alientan, a fin de cuentas, al desacato, a la desobediencia de la ley.
