La magistrada busca una disculpa pública de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández.
Rubén Mosso
La ministra Lenia Batres Guadarrama propondrá dar un revés a la magistrada Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, quien busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le repare el “daño” ocasionado a su honor, integridad, buen nombre y su patrimonio, por la supuesta actuación “irregular” de la Comisión Nacional de Ética Judicial, la cual emitió una recomendación en su contra hace más de 10 años.
El 24 de octubre de 2022, el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó improcedentes las reclamaciones de la magistrada sobre responsabilidad patrimonial atribuidas al máximo tribunal.
Ante esta situación, Cruz Vasconcelos interpuso una controversia prevista en la fracción XXII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en ese año establecía que la Corte velaría en todo momento por la autonomía de los órganos del PJF y por la independencia de sus integrantes.
Además de la responsabilidad patrimonial, la magistrada busca una disculpa pública de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, porque se publicó su nombre en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Ética Judicial en 2014.
Asimismo, que se solicite a Google, Facebook, WathsApp y Twitter (sic), que se borren todos los discursos de odio que aparecen en dichas plataformas, publicados por particulares. Y que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “depure” el archivo correspondiente.
Cruz Vasconcelos asegura que la actividad irregular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de Información Judicial, violenta el Convenio 108 sobre protección de datos personales del consejo Europeo de 1982, aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2018 e incumple el derecho a la privacidad, la protección de sus datos, así como los principios de legalidad y certeza jurídica.
De igual manera, afirma que el derecho a reclamar por el daño originado a partir de la emisión y publicación de la recomendación, no ha prescrito al no tratarse de un acto instantáneo sino de un documento permanentemente abierto, que se conserva en el tiempo.
Ministra
En el proyecto consultado y que será discutido el próximo 8 de enero, la ministra Lenia Batres propondrá a sus homólogos de la Segunda Sala de la Corte declarar inoperantes e infundados los conceptos de impugnación y plantea reconocer la validez de la resolución emitida por el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
Cabe mencionar que, en septiembre de 2021, cuando la magistrada aspiraba a formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, la asociación civil “Oaxaqueños contra la Corrupción”, dio a conocer que el 26 de agosto de 2014, la Comisión de Ética Judicial, resolvió el expediente 02/2014, promovido por el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de la mencionada entidad contra Ana María Soledad.
De acuerdo con los antecedentes que cita la recomendación, se menciona que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de Oaxaca, solicitó a la Comisión de Ética Judicial conociera sobre hechos relacionados con el comportamiento de la servidora pública en una de las Salas del mencionado Tribunal.
La Comisión de Ética Judicial determinó que la magistrada vertió argumentos y consideraciones apartadas al profesionalismo y trato irrespetuoso hacia magistrados integrantes de la Sala Superior, “al faltar al profesionalismo, la cortesía, la prudencia establecidas en el código nacional mexicano de ética judicial, además faltó a los deberes éticos de investidura, cultura de convivencia, ambiente laboral, compromiso institucional, prudencia, responsabilidad, excelencia, objetividad, profesionalismo y prudencia judicial, contenidos en el código de ética del Poder Judicial del Estado de Oaxaca”.
Después se solicitó la intervención del Comité Nacional de Ética Judicial, la cual emitió una recomendación que fue firmada por el entonces presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, y el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón.
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