El expresidente boliviano estaba citado a declarar ante las autoridades, pero este se negó a comparecer
Fernando Molina / El País
El expresidente boliviano Evo Morales no se presentó a declarar sobre la acusación de “estupro agravado con trata de personas” que investiga la Fiscalía de Tarija, como debía hacer este jueves. En consecuencia, la fiscal Sandra Gutiérrez emitió una orden de arresto en su contra. Morales se encuentra en otra zona del país, el Chapare, rodeado de sus leales cocaleros, quienes han amenazado con “incendiar el país” si su líder es detenido.
“Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida. El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano”, escribió el exmandatario en X. “Todo es producto de la desesperación del gobierno, que no tiene ninguna respuesta a la crisis y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral. Esto es una prueba más de que este es un gobierno de derecha que hace todo para cumplir el mandato de la Casa Blanca”, argumentó.
Según la demanda, Morales, en 2016, con 57 años, tuvo una hija con una menor de 15 años que registró legalmente un año después. También se afirma que obtuvo acceso a la adolescente a cambio de conceder favores políticos a sus padres. Por esta razón se ha considerado un caso de estupro agravado con incitación a la prostitución, lo que le da más facilidades a la Fiscalía para actuar. En Bolivia, el estupro es un delito de orden privado y solo se investiga cuando existe una denuncia de la víctima o de sus padres. En cambio, la trata de personas puede ser investigada de oficio por el Estado.
Los padres de la chica que se vincula con Evo Morales también fueron citados a declarar y faltaron, por lo que serán aprehendidos. Uno de los abogados de Morales, Jorge Pérez, señaló que este caso “nació muerto” porque no hay declaración de la presunta víctima, razón por la que un fiscal ya rechazó la demanda en 2019. Según el expresidente, se trata “netamente de persecución política”, tanto en 2019, cuando gobernaba Jeanine Áñez, como ahora. “Lucho [Arce, presidente de Bolivia] es igual que Áñez. Lucho es Áñez”, declaró.
La emisión de una orden de aprehensión en caso de que Morales no se presentara fue anticipada por el ministro de Justicia, César Siles, a quien los abogados de Morales acusan de presionar al Ministerio Público para que reponga esta investigación y para que determine este desenlace. La fiscal Gutiérrez ya había emitido una orden similar el 26 de septiembre, pero sin notificar al expresidente e incurriendo en otras faltas procedimentales. Esto dio lugar a que una juez de garantías constitucionales anulara el mandamiento de Gutiérrez y a que el fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, la despidiera de su cargo.
Tras estos triunfos iniciales del expresidente, la causa se rearmó con apoyo del Gobierno de Arce. Un juez ordenó la restitución de la fiscal, esta reasumió su puesto y de inmediato convocó a Morales a declarar. Al final, este no se presentó con el argumento de que las acciones de la Fiscalía no contaban con la aprobación de un juez de garantías. También planteó, a través de sus abogados, que el proceso no debía instalarse en Tarija, donde vive la supuesta víctima, sino en Villa Tunari, en el Chapare, su hogar.
El Chapare es una de las zonas de cocales de Bolivia y constituye el baluarte político de Morales, que en 2006 salió de allí para convertirse en presidente del país y que continúa siendo el principal líder de los campesinos que la habitan. Estos han advertido que “lo que va a suceder es grave en Bolivia”, y han agregado: “No vamos a permitir que toquen, peor, que encarcelen a Evo”. De lo contrario, han señalado, habrá “insurgencia y convulsión”, según el dirigente Dieter Mendoza.
La acusación y el posible arresto de Morales se enmarca en la guerra que libran este y Arce por la candidatura del Movimiento al Socialismo (MAS) hacia las elecciones del próximo año. Tras una protesta de Morales y sus adherentes en contra del Gobierno que antes habían apoyado, que se dio en septiembre, el Ejecutivo inició una ofensiva judicial con cuatro procesos en contra de su ex “líder histórico”, entre ellos el de estupro.
Morales contratacó con una acusación contra Luis Arce por supuesto abuso sexual a una mujer que apareció ante la prensa para hacer su denuncia, acompañada de uno de los parlamentarios de mayor relevancia del evismo.
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