Redacción / Omnia
El Centro para la Diversidad Biológica y Defensa Ambiental del Noroeste, con sedes en Estados Unidos y México respectivamente, presentaron el martes 2 de octubre una petición formal ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). El motivo de la petición es denunciar una serie de omisiones por parte del gobierno mexicano en la aplicación de la legislación ambiental relacionada con la construcción de un proyecto ferroviario en el estado de Sonora.
El proyecto, que conectará los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales, no habría sido sometido a la evaluación de impacto ambiental (EIA) requerida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Las organizaciones señalan que la obra comenzó sin contar con la debida autorización ambiental, lo que constituye una violación del marco legal que regula este tipo de infraestructuras en México.
Acusaciones de falta de transparencia
En la petición SEM-24-003, las organizaciones acusan al gobierno de mantener la información sobre los impactos ambientales del proyecto bajo un velo de confidencialidad. Afirman que no solo no se realizó la EIA antes del inicio de las obras, sino que las autoridades involucradas trataron la información relacionada con el proyecto de manera reservada, ocultando los potenciales daños al medio ambiente.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es que el proyecto ferroviario atraviesa una área natural protegida, conocida como el Rancho El Aribabi, un importante corredor biológico que alberga especies en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el oso negro, así como especies endémicas como la tortuga pecho quebrado sonorense. La construcción de la línea férrea, advierten los peticionarios, podría causar la fragmentación de hábitats en esta zona biodiversa y perjudicar gravemente la conservación de estas especies.
Autorizaciones no reconocidas
Los peticionarios aseguran que las autoridades del estado de Sonora solicitaron una “autorización provisional” para el proyecto, una figura que, según indican, no existe dentro del marco legal ambiental mexicano. Esta situación, señalan, añade opacidad a un proceso que ya ha sido señalado por su falta de transparencia.
Las organizaciones, tanto mexicanas como estadounidenses, han basado su denuncia en una serie de documentos obtenidos a través de solicitudes de información pública, fotografías y videos que evidencian la falta de cumplimiento de los requisitos ambientales por parte del gobierno federal y estatal.
Lo que sigue para la petición
El Secretariado de la CCA cuenta ahora con un plazo de 30 días para revisar la petición y determinar si esta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 24.27(1), (2) y (3) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si se admite la petición, podría desencadenar una serie de revisiones más amplias que pongan en tela de juicio la legalidad del proyecto ferroviario.
Este caso ha generado preocupación entre grupos ambientalistas, no solo por el impacto directo que podría tener en el ecosistema, sino también porque podría sentar un peligroso precedente de incumplimiento de la ley ambiental en proyectos de infraestructura a gran escala en México.
Con la construcción en marcha, el futuro de las especies afectadas y de la región dependerá en gran medida de las decisiones que tome la CCA en las próximas semanas.
