La Fiscalía pidió que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública
Lima. El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) será enjuiciado por el fallido golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre de 2022, determinó este lunes el Poder Judicial de Perú.
La decisión fue tomada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, que rechazó una solicitud de sobreseimiento (archivo) de esta investigación presentada por Castillo y los otros imputados en este caso, señaló el Poder Judicial en la red social X.
De esa manera, se determinó que el exgobernante irá a juicio oral por el fallido golpe, que llevó a que el Congreso lo destituyera poco después de la intentona, junto con sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.
Al anunciar su decisión, Checkley señaló que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados “deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación” del caso.
Con esta medida, el Poder Judicial resolvió “continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado”.
La resolución sobre el pedido de sobreseimiento, que se realizó en una audiencia virtual de la etapa de control de acusación, no puede ser apelada.
Por este caso también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, quien es un actual congresista, así como los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
Al presentar su solicitud de acusación en enero pasado, la Fiscalía pidió que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
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También solicitó que Chávez, quien era primera ministra durante el fallido golpe y actualmente está en prisión preventiva, sea condenada a 25 años de cárcel, y que Torres, que había dejado ese cargo, pero seguía siendo asesor jurídico de Castillo, reciba 15 años de prisión.
Actualmente, el juez Checkley lleva adelante la etapa de control de pruebas, en la que se evalúan las evidencias presentadas por la Fiscalía, así como la pertinencia de los testigos que serán convocados a declarar.
El proceso aún debe esperar a que el magistrado concluya con esta etapa y emita un auto de enjuiciamiento, en el que debe formalizar el inicio de un juicio oral que, de acuerdo con el alto cargo que ocupó Castillo, deberá ser asumido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
En respuesta, fue destituido por “permanente incapacidad moral” y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.
