Contabilizados los votos de la elección presidencial que sobradamente ganó Claudia Sheinbaum; aceptado ese triunfo por los candidatos opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez; validada legalmente la configuración sobrada de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, nadie hubiera imaginado que el relevo sexenal se iba a complicar de la forma en que lo estamos viendo en estos días.
Es una verdad de Perogrullo decir que existe una directriz tajante desde Palacio Nacional para sacar sí o sí la Reforma Judicial, en torno a la cual han cerrado filas la presidenta electa, su partido y los partidos aliados a quienes les faltó cualquier cosa, quizá unos cuantos miles de votos para alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República, donde hoy se encuentra ‘atorada’ la reforma, que se topó por cierto, también con un valladar que resiste desde el propio Poder Judicial.
También en las calles, donde han menudeado las movilizaciones a favor y en contra, aunque las calles es territorio perdido para la oposición, ante un gobierno que tiene todas las de ganar en ese terreno, como quedó claro a lo largo de los últimos años.
Pase lo que pase el próximo martes, cuando en el Senado se dé la primera lectura al dictamen ya aprobado en comisiones, nadie puede asegurar que esto sea un asunto concluido, Aun si Morena consiguiera el voto 44 que le falta para completar la mayoría calificada, hay varios recursos legales interpuestos por presuntas violaciones al proceso legislativo, lo cual no es un asunto menor: por impugnaciones similares, la SCJN revirtió otras reformas presidenciales no hace ni tanto, entre ellas la electoral, lo que dio origen al llamado ‘Plan C’, y este a su vez, a todo lo que estamos viendo hoy.
En el sitio del Sistema de Información Legislativa -al calce un sello del Gobierno del México- se lee: “En la Cámara de Senadores se requerirían 86 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría (calificada), variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de pleno”.
Morena y sus aliados no tienen 86 senadores. Tienen 85, incluyendo a los dos que desde el PRD, se sumaron al bloque oficialista, desde el cual se impulsa ahora un debate sobre décimas y centésimas porcentuales que según la interpretación, pueden validar la mayoría calificada, nunca antes tan disputada.
En la polvareda de un debate donde las estridencias ensordecen y no dejan escuchar los puntos finos -y reservados solo para especialistas- de lo jurídico, todo sigue montado en un tablero en blanco y negro que ha sido pintado así durante todo el sexenio y según el cual, la nueva clase gobernante es, por definición y antonomasia, democrática, congruente, honesta e incorruptible, mientras el resto -y señaladamente los personeros de la oposición- son corruptos, transas y vendepatrias, por lo menos.
El hecho cierto es que si se aprueba la reforma, ya porque el oficialismo logró de último momento cooptar el voto que les falta (por cualquier vía); ya porque se validó el criterio porcentual de la polémica o ya porque se movió el número de senadores presentes en el pleno, todavía faltará desahogar los recursos legales que la impugnan. Si no se aprueba, igual el asunto se irá más allá del último día de septiembre, con lo cual caería en la cancha de la nueva presidenta de la República y sería, sin duda, su primera prueba de fuego.
Es difícil, en medio de tanto ruido mediático y de tanto reduccionismo por ambas partes, atinar a una conclusión clara sobre las bondades o maldades de la reforma judicial que, insisto, aun si es aprobada, mantendrá los ánimos erizados durante años, especialmente el 2025 y el 2027, que son las fechas en que están previstos los procesos para elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros. Este solo punto da para mil debates.
¿Es buena o es mala la reforma? ¿Para quién y por qué? Esas son preguntas de difícil respuesta si se opta por salir de la dicotomía ramplona del tipo: “La reforma es buena porque va a acabar con la corrupción y es democrática porque el pueblo podrá elegir a sus jueces”, o: “La reforma es mala porque el pueblo en su ignorancia no sabrá a quién elegir y abre el camino para la dictadura”.
Me parece que en ambos casos hay razón y sinrazón. Coincido con el periodista Jorge Zepeda Patterson, más cercano a las posiciones oficiales que a las del viejo régimen cuando dice:
“…Nuestro sistema judicial apesta. Los tribunales constituyen una mesa de subasta disponible al mejor postor o a quien goce de las relaciones adecuadas. La impunidad con que actúan los jueces es rampante y no es casual que ninguno de ellos haya pisado la cárcel: su autonomía constituye una patente de corso que les garantiza impunidad.
“Por otro lado, la reforma judicial que propone el gobierno ofrece más dudas que certidumbres. Su mejor virtud reside en que lo que hoy existe es pésimo. Pero da la sensación de que el apresuramiento y la sobrepolitización de los involucrados ha minado la oportunidad de hacer una propuesta realmente pensada, de fondo”.
Las próximas horas serán cruciales para definir aspectos claves de la gobernabilidad en la nueva administración de país.
II
Varios temas está adelantando el gobernador Alfonso Durazo en vísperas de su Tercer Informe, pero uno de ellos cobra especial trascendencia en tanto que resume la apuesta por el principal activo que tiene Sonora: la educación de sus niños y jóvenes.
Todo comenzó en los primeros meses de 2022 cuando acordó con los nuevos legisladores la reducción de 400 millones de pesos al presupuesto del Congreso del Estado (que por cierto sigue funcionando sin problemas, lo que lleva a preguntarse a dónde se iba todo ese dinero. Obviamente, sería una pregunta retórica) con el que creo el primer fondo de becas Sonora de Oportunidades.
Ese fondo rebasó los 700 mdp en 2023 y este año representó más de mil 400 mdp, proyectándose que para el cierre de su administración alcance los 2 mil mdp.
Uno de los primeros impactos de este programa es que se logró reducir la deserción escolar, objetivo logrado pues de inicio se planteó que el espíritu de las becas era el conseguir que nadie abandonara sus estudios por falta de recursos.
Hasta el momento se han entregado 330 mil becas a igual número de estudiantes desde primaria hasta universidad, con un presupuesto que rebasa los mil 700 mdp.
No es cosa menor, sobre todo si esto se suma a otros programas como el de uniformes escolares y libros de texto gratuitos; desayunos escolares y rehabilitación de planteles para mejorar la infraestructura educativa.
Lo mejor es que ya la ley fue reformada para que en el futuro, el monto destinado al programa de becas no pueda reducirse, solo incrementarse.
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