Jared Laureles, Alonso Urrutia y Emir Olivares / La Jornada
Ciudad de México. No habrá más reuniones entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi una década y el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que, explicaron los representantes de las víctimas, en 2022 se frenaron las indagatorias. “No terminamos bien”, dijeron.
“Cuando, digamos, tocamos las fibras sensibles del Ejército mexicano, ahí ya no se pudo avanzar y ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo que llegamos hasta el día de hoy”, sostuvo en entrevista el representante legal de las familias, Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
En declaraciones a medios al salir del que fue el último encuentro de las familias con el mandatario federal en Palacio Nacional, el abogado comentó que confían en que con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum se tenga un anueva ruta para seguir el caso y alcanzar la verdad, la justicia y la localización de los jóvenes desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre de 2014.
“Hubo un diálogo, pero un diálogo tenso, con muchas tensiones en las últimas reuniones, entonces no terminamos bien con este gobierno, terminamos mal. Sin embargo, se abre una nueva, viene un nuevo gobierno, esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar el caso Ayotzinapa y se pueda trazar una nueva ruta que nos lleve a retomar las líneas importantes que hay, porque hoy hay líneas importantes de investigación que ahí están paradas, que desde el 2021 para acá ya no se siguieron”, subrayó.
Tras el encuentro con López Obrador celebrado esta mañana, los padres y las madres no ven sentido a seguirse confrontando, por lo que aun cuando faltan 34 días para que el mandatario concluya su administración, no encuentran sentido sostener más reuniones con él.
Esto, dijo Rosales, debido a que salvo un par de detenciones, una de ellas relevante, la de Marco Antonio Ríos Berber, “La Pompi”, y algunas búsquedas en terreno, en ésta y otras reuniones el gobierno federal no ha aportado nueva información que los padres consideren relevante.
“No tuvimos ningún avance, ninguna respuesta, en razón de lo cual ya la posición de los padres es que ésta es la última reunión, entonces nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión en la que las reuniones pues nada más son confrontaciones, entonces creo que los padres fueron muy claros ahí en ese sentido. No tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando resultados sustantivos o substanciales no estamos teniendo”, detalló el litigante.
Rosales aceptó que el gobierno de López Obrador mantuvo una actitud de resolver el caso al inicio de su administración y hasta 2021, sin embargo, cuando “se tocó al Ejército, eso ya no existió. Ya no se pudo avanzar y ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo que llegamos hasta el día de hoy”.
—¿Cree que el próximo gobierno sí toque al ejército? —se le interrogó.
—No sabemos, eso ya lo habremos de ver en los primeros días de su gobierno, las primeras reuniones que tengamos con ella (con la presidenta), en la nueva ruta que tracemos respecto a cómo va a seguir este caso.
Recalcó que la exigencia de las familias es que haya verdad y justicia, y que se llegue al paradero de los estudiantes desaparecidos.
