Fuerzas estatales tomaron el control tras denuncias de extorsión, colusión con el crimen o porque fueron rebasadas
Federico Martínez / El Heraldo de Chihuahua y Oscar Reyes / El Sol de Irapuato
CHIHUAHUA. En el país hay actualmente 17 corporaciones de policía municipal inhabilitadas por señalamientos de corrupción, estar coludidos con la delincuencia organizada o porque fueron sobrepasadas por la criminalidad, por lo que las fuerzas de seguridad estatales asumieron el mando en esos municipios.
Chihuahua suma 12 policías municipales bajo control estatal luego de que el miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desarmó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valle de Zaragoza tras las acusaciones de pobladores sobre extorsiones por parte de presuntos uniformados.
Al hacer la revisión de las armas de la policía municipal se constató que las licencias de portación no estaban vigentes, por lo que se aseguraron 11 armas de fuego cortas, 11 largas y 18 cargadores.
Pobladores de Valle de Zaragoza —a 160 kilómetros al sur de Chihuahua— acusan que los municipales instalaron un punto de control en la entrada del municipio donde presuntamente pedían dinero, el cual fue retirado por las fuerzas estatales, además, otro elemento de la misma corporación fue detenido por personal de la Guardia Nacional a bordo de una ambulancia, también por denuncias de extorsiones contra viajeros.
Cortesía, Chihuahua SSPE
Además de Valle de Zaragoza, los elementos estatales, de 2017 a la fecha, han desarmado a las policías y tomaron el control de la seguridad en Nuevo Casas Grandes, Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó, Cuauhtémoc, Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, para someter a los oficiales municipales a exámenes de control de confianza por señalamientos de estar ligados a grupos criminales.
En Guanajuato, el gobierno del estado implementó en 2020 el Operativo Trueno, que consistía en llegar de manera sorpresiva a las instalaciones de seguridad pública de los municipios y realizar, junto con el Ejército Mexicano, una revisión de las licencias colectivas de armas de fuego manejadas por las corporaciones así como la supervisión de los uniformados.
En dichas revisiones, encontraron que elementos municipales portaban drogas, realizaban su turno con armamento no registrado y teléfonos celulares desde los que pasaban información a integrantes de la delincuencia organizada.
El gobierno estatal, a través de la figura del Mando Único, tomo el control de la seguridad de los municipios de Juventino Rosas y Manuel Doblado desde 2021 y 2022, respectivamente.
En Guanajuato, la figura de Mando Único sólo se aplica a petición expresa del gobierno municipal, lo que hizo Juventino Rosas tras el asesinato del precandidato a la presidencia municipal, José Antonio Acosta Cano, y en el caso de Manuel Doblado, cuando se identificó que los elementos municipales pasaban información a miembros de la delincuencia organizada.
En Sonora, el 22 de julio pasado, el gobierno instaló la figura de Mando Único para controlar la seguridad en Luis Río Colorado tras el incremento en los delitos y violencia de alto impacto, como el asesinato del jefe de la policía municipal, Gerardo Camacho Ramírez el 18 de julio.
En Tlaxcala, en abril pasado, el gobierno estatal tomó la seguridad de Zacatelco tras el linchamiento por parte de pobladores de tres policías, de los cuales murieron dos, mientras que en Xicohtzinco se tomó la misma medida en mayo por la falta de los certificados de control de confianza de los elementos municipales.
Por otro lado, Veracruz, la actual administración estatal intervino 34 corporaciones municipales, sin embargo, les fue devolviendo el control a los municipios tras acreditar a sus uniformados. El caso más reciente fue el del municipio de Yanga, el 29 de mayo pasado, cuando la policía estatal tomó el control luego de una serie de asesinatos y robos.
