Jessica Xantomila y Jared Laureles
Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 aún analizan el reporte sobre el caso que el presidente Andrés Manuel López Obrador les entregó en su reunión más reciente, por lo que señalaron que no será hasta que se reúna la mayoría de padres y madres de los jóvenes, el 26 de julio próximo, que fijen una postura sobre su contenido.
En el documento, fechado el 8 de julio y publicado ayer por La Jornada, el jefe del Ejecutivo sostiene que hasta el momento no se ha encontrado absolutamente nada sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala. Asimismo, reitera que se ha respondido a las demandas de reportes y folios militares que las familias han solicitado.
Además, advierte que es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia, sobre todo sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias.
Se buscó a las familias para conocer su opinión. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, indicó que todavía no hay una postura conjunta, ya que el tema será evaluado en una reunión el 26 de julio, en el contexto de la marcha por los 118 meses de la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero. Nosotros necesitamos reunirnos y tener todo en conjunto. Todavía no hablamos entre todos y debemos tener una posición uniforme, recalcó.
En tanto, el abogado Vidulfo Rosales, que representa al grupo mayoritario de familias, señaló que el informe del presidente López Obrador fue entregado únicamente a los padres y madres de los jóvenes. Nosotros como asesoría jurídica no lo hemos recibido aún, aseveró.
Sin embargo, las familias han sostenido en diversas ocasiones que elementos del Ejército estuvieron involucrados en lo sucedido la Noche de Iguala y que la Secretaría de la Defensa se ha negado a proporcionar información, particularmente 800 folios que podrían contener datos importantes para la investigación.
Asimismo, han reiterado su confianza y respaldo a las organizaciones que los acompañan, e incluso han pedido que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que terminó su actuación en julio de 2023.
En la conferencia de prensa que ofrecieron las familias el pasado 27 de junio, refirieron que algunas evidencias de que hubo participación del Ejército en el caso está no sólo la obtención de mensajes de texto de telefonía celular que acreditan que los criminales actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón antes del 26 de septiembre de 2014, sino también los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación activa de algunos militares en la propia desaparición, que surge además de la investigación oficial y no de nuestros señalamientos.
Las familias y el jefe del Ejecutivo tienen programada otra reunión, la tercera del año, en Palacio Nacional para el próximo 29 de julio, a la que asistirá también Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.
