Descarta Campa fin electoral en fallo contra sindicato minero



Senadores del Partido del Trabajo (PT)-Morena e independientes demandaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver las impugnaciones a la candidatura de Napoléon Gómez Urrutia al Senado sin tomar en cuenta las presiones de grupos de poder.

Tomado de: Andrea Becerril / La Jornada

Dia de publicación: 2018-05-16


El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, sostuvo que la reciente resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana no tiene nada que ver con cuestiones electorales, sino con justicia para miles de trabajadores que la solicitaban desde 2005. Aseguró que tampoco significa un obstáculo para que Napoleón Gómez Urrrutia pueda seguir siendo candidato a senador.

En entrevista con La Jornada sostuvo que ese laudo, que obliga a ese sindicato a pagar 55 millones de dólares a un grupo de demandantes, estaba listo desde diciembre de 2016, pero la defensa del organismo gremial interpuso diversos recursos ante el Poder Judicial que alargaron el proceso y por ello la resolución no se pudo emitir hasta el pasado miércoles.

Respecto de los señalamientos del Sindicato Minero y de sus asesores jurídicos de que la STPS ordenó a la JFCA emitir ese laudo plagado de irregularidades e impulsado por el empresario Germán Larrea para desacreditar a Gómez Urrutia, Campa Cifrián respondió que están mintiendo y lo saben.

Recalcó: Jamás en la vida me he encontrado con el señor Larrea, jamás lo he visto. Con quien sí se ha reunido, destacó, es con los representantes del gremio minero, a quienes les garantizó que la dependencia actuará siempre en términos de la ley.

Entrevistado en sus oficinas de Paseo de la Reforma, Campa Cifrián manifestó que la JFCA tiene autonomía plena, y la secretaría que él encabeza no interviene en sus determinaciones. Fue notificado del laudo contra el sindicato el pasado miércoles, al igual que las demás partes en conflicto.

–Usted declaró en febrero pasado que no había un laudo contra el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia, ¿cómo se explica que al final sí hubo una resolución condenatoria?

–Los medios habían manejado que existía un laudo y lo que comenté entonces es que no se había emitido ninguno, pero también di cuenta de todos los asuntos que estaban en trámite y dije que conforme fueran concluyendo los procesos que estaban en instancias del Poder Judicial se irían notificando las resoluciones.

El funcionario insistió en que fue la defensa del Sindicato Minero la que impidió que la JFCA fallara en diciembre de 2016, porque interpuso recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no fue hasta abril pasado cuando el máximo tribunal falló en su contra y la autoridad laboral pudo resolver las demandas de justicia de miles de trabajadores.

Acerca de los reclamos del Sindicato Minero por ese fallo, el cual sostiene que la JFCA revocó su propio acuerdo inicial de reunir todos los juicios y lo obliga a pagar 55 millones de dólares –correspondientes a 5 por ciento de las acciones de minera Cananea, que Grupo México le entregó luego de adquirir ese yacimiento de cobre– pese a que ya se entregaron 23 millones a quien correspondía, Campa Cifrián respondió que no va a litigar en los medios los argumentos de la defensa.

No se presentaron pruebas

Agregó que la JFCA tiene convicción plena de que carecen de sustento los cuestionamientos sobre la desagregación de las demandas, además de que el sindicato no presentó pruebas, durante el proceso, de que hayan repartido los recursos.

–Causa por lo menos extrañeza que el laudo se haya emitido en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva sobre la candidatura de Gómez Urrutia al Senado –se le dijo.

Su respuesta fue que la JFCA no puede hacer consideraciones políticas ni la cuestión electoral puede ser un factor para que se tome o se evite una decisión que tiene que ver con la justicia.

Puedo decir categóricamente que no hay ninguna motivación vinculada con la justicia. El laudo no influye ni incide en cuestiones electorales y no significa un obstáculo para que Gómez Urrutia pueda seguir siendo candidato.

Demandan legisladores al TEPJF no ceder a presiones para cancelar candidatura

Senadores del Partido del Trabajo (PT)-Morena e independientes demandaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver las impugnaciones a la candidatura de Napoléon Gómez Urrutia al Senado sin tomar en cuenta las presiones de grupos de poder.

El coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett, y el independiente Alejandro Encinas consideraron que la resolución repentina de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra el Sindicato Nacional Minero busca desacreditar a Gómez Urrutia e incidir en la decisión del TEPJF.

En un conflicto laboral que lleva tantos años, sacar en este momento una resolución contra ese sindicato es una medida desesperada para tratar de cancelar la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia”, consideró el senador Encinas.

Puede ser una estrategia para justificar una eventual resolución adversa del TEPJF, por lo que hay que pedir al tribunal que resuelva conforme a derecho, sin tomar en cuenta presiones.

Bartlett recordó que en el sexenio de Vicente Fox comenzó una embestida contra Gómez Urrutia (que continuó con Felipe Calderón) a petición del magnate de la minería Germán Larrea, quien no le perdonó que le haya ganado un largo pleito legal para la entrega de 5 por ciento de las acciones de minera Cananea luego de que Carlos Salinas de Gortari decidió privatizarla y entregarla a Grupo México.

Hizo notar que el ahora vocero del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia, Javier Lozano, acudió a todo tipo de maniobras –como secretario de Trabajo con Calderón– para eliminar a Gómez Urrutia, entre ellas crear una disidencia interna pagada con los recursos de Grupo México.

La agrupación gremial prepara el amparo

El Sindicato Nacional Minero prepara un jucio de amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que lo obliga a pagar 55 millones de dólares a un grupo de trabajadores, sin considerar que ya se cubrió parte de esa suma a los sindicalistas que les correspondía.

De acuerdo con Carlos de Buen y Óscar Alzaga, asesores jurídicos del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, se trata de una resolución que contiene diversas irregularidades, criterios ilegales y arbitrarios para favorecer a Grupo México, el consorcio minero que está detrás de ese conflicto desde 2005.

De Buen señaló que en una primera revisión encontraron que la junta resolvió, de forma indebida, obligar al sindicato a repartir la totalidad de los 55 millones de dólares entre una parte de los demandados, sin tomar en cuenta que de forma voluntaria se entregaron 23 millones de dólares a 5 mil 220 trabajadores.

Explicó que Grupo México entregó esos recursos al sindicato minero, luego de 15 años de una batalla legal que finalmente ganó el organismo, con Gómez Urrutia a la cabeza. Desde un principio quedó claro que el dinero era para ese organismo gremial y se integraron en un fideicomiso, pero en asamblea general se decidió repartir parte de ellos, proceso que se detuvo cuando comenzaron a presentarse miles de demandas promovidas por Germán Larrea, recalcó.

En el laudo, la junta señala una obligación absolutamente genérica, como si se tratara de recursos contractuales y no de fondos sindicales. De Buen agregó que otra irregularidad es la decisión de la JFCA de desagregar los juicios que inicialmente había acumulado, lo cual es una violación grave, ya que las juntas de conciliación tienen prohibido revocar sus resoluciones.

Consideró que la JFCA desagregó las demandas recientes para agilizar el procedimiento y poder así emitir el laudo en estos momentos.

Por su parte, Alzaga explicó que casualmente la JFCA dejó de considerar el laudo en el que consta el pago cercano a 23 millones de dólares a 5 mil 202 trabajadores, con el único fin de obligarlos a pagar los 55 millones de dólares.

Dirigencia efímera

Detalló que el laudo sólo consideró tres demandas, las patrocinadas por Grupo México, con los integrantes de Veta de Plata, entre ellos quienes integraron la dirigencia efímera que trató de imponerse a los mineros y que la Secretaría del Trabajo premió con el reconocimiento legal el 17 de febrero de 2006 y fueron echados después por la mayoría de los trabajadores.

Entre los beneficiados por el laudo hay cientos de personas que no son mineros, pero Grupo México les otorgó documentación para acreditarlos como tales y la JFCA lo validó.

Los abogados coincidieron en que ganarán el amparo, dadas las violaciones cometidas por la autoridad laboral.


http://www.jornada.unam.mx/2018/05/12/politica/011n3pol

Este contenido ha sido publicado originalmente por Dossierpolitico.com en la siguiente dirección: http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=204710 Si está; pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Dossier Politico

Comentarios



Aún no existen comentarios

Sé el primero en comentar ésta nota

Comentar nota



Su correo electrónico no será publicado.
Son obligatorios los campos marcados con: *