Informa ASF a San Lázaro de irregularidades en Cuenta Pública de Sonora



“Se presume un probable daño o perjuicio -o ambos- a la Hacienda Pública Federal por un monto de…”Con esta temeraria alegoría inicia cada uno de los informes individuales que hace el auditor Superior de la Federación sobre la revisión financiera y contable del gobierno de Sonora, donde las deficiencias en el cumplimiento financiero, las inversiones físicas de obras y el desempeño del gasto federalizado a su cargo, arrojan que solo en el incipiente ejercicio fiscal del 2016 se distrajeron más de 350 millones de pesos que salieron del erario y fueron a parar quién sabe dónde.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2017-09-14


Los probables desvíos presupuestarios federales en los tres primeros meses de la gestión de Claudia Pavlovich Arellano, este 2016, representan solo un diminuto muestreo del universo de resultados financieros, fiscales y contables, es decir, apenas el 27 por ciento del total auditado, por lo que se  deduce que al final del año fiscal el Socabón que el gobierno de Sonora le abre a la Hacienda Federal pudiera ser de dimensiones considerables.

Más allá, bien pudiera ser que para la mitad de la gestión pavlovichista, la lista de servidores públicos investigados por la presunción de un daño o perjuicio  a la Hacienda Pública Federal bien pudiera igualar o incluso superar en número y monto  al cúmulo de irregularidades de los panistas que acompañaron a Guillermo Padrés en el saqueo del erario a su ingrato paso por el gobierno de Sonora; Tan así que no es descabellado pensar que algunos funcionarios de la administración panista que pudieran para entonces estar sentados en la fría “cama” de cemento de una gélida celda de algún Cefereso, o pensativo en la soledad de un cuarto de hotel de algún lugar del mundo muy lejano del país, diciendo para si: Así empecé yo. Y heme aquí…”

Y es que de acuerdo con el Informe de la ASF, los principios legislativos y de buen gobierno, así como la cultura de la legalidad y transparencia que desde la campaña proselitista abanderó la hoy gobernadora,  y que prometió aplicar desde el primer día del mandato “de la honestidad”,  fueron solo buenos deseos, promesas de campaña que pronto fueron a dar al caño de la política nacional.

De ahí habían sido extraídos  luego de permanecer por largo seis años de la administración panista, considerada la más corrupta y mediocre en la historia de Sonora.

La percepción de muchos sobre el gobierno actual, a casi la mitad del régimen que prometíó lo mejor para Sonora, al parecer fue una ilusión, una estrategia de campaña en pos del voto ciudadano y el buen posicionamiento mediático del régimen una vez en funciones. Hoy le percepción de una buena parte de los sonorenses es que esta administración priista sigue los pasos de la anterior en el manejo discrecional de los dineros públicos para beneficio personal y del grupo en el poder. “Es más de lo mismo” es la frase recurrente en voz y en el ánimo del colectivo sonorense.

Es de lamentar que la bandera de un gobierno transparente, honesto, conculcador del derecho a la información pública, de la rendición de cuentas de todo servidor público,  funcionario o gobernante;  miembro de las soberanías locales o federal, hayan sido tempranamente manchados por los hechos ventilados en las auditorías individuales  la ASF, algunos de ellos que harían sonrojar al mismísimo Guillermo Padrés, hoy viendo pasar el tiempo en un penal del centro del país.

Un análisis somero del actuar de esta administración emanada del PRI dibuja lo que depara a Sonora para los próximos  cuatro años, si ahora mismo Claudia Pavlovich no deja caer fuerte la mano sobre su escritorio.

En los informes individuales y ampliados que la Auditoria Superior de la Federación entregó semanas atrás al Congreso de la Unión para ser  analizados, discutidos y, en su caso, aprobados como parte de la cuenta pública federal 2016, la instancia fiscalizadora dice sospechar que la administración actual habría causado un daño a la Hacienda Pública Federal por más de 350  millones de pesos, solo en los tres primeros meses de ejercicio presupuestal del año referido.

En ese mismo lapso, Otros $ 28, 467,178.91 (veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos 91/100 M.N.), más los intereses generados, se habrían dejado de aplicar, mismos que provenían del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Entidades Federativas, comprendidos en el ramo 33  de la Secretaría de Hacienda.

En el rosario de observaciones  y  las diversas recomendaciones para resarcir las irregularidades encontradas la ASF señala que estas no pudieron ser solventadas por el gobierno y las entidades responsables del agravio al erario se han mantenido cruzadas de brazos esperando una sanción o, de plano, el perdón.

Al parecer y, por lo que se intuye, prefieren seguir así. Al día de hoy,  nadie desde el gobierno ha salido a dar la cara para reconocer o rechazar las acusaciones. Tampoco explican a donde fueron a parar los millón es de pesos esfumados.

 De esos  recursos nadie ha esgrimido las razones que se tuvieron desde la administración estatal para no cumplir con los objetivos del Fondo Federal de Fortalecimiento y de plano renunciar a estos subsidios  tal y como lo mandata la Ley de Coordinación Fiscal que rife la relación federación-estado-municipio.

Algunos analistas fiscales y politólogos consultados por DP coinciden en que “la balconeada” de la ASF sobre presuntas desviaciones del gasto federalizado en la actual administración no tiene cuadratura lógica, por lo que no descartan que bien pudiera tratarse de una estrategia política y de ingeniería financiera y contable de muy alto nivel e inaugurar una nueva modalidad para ocultar los recursos a través de un procedimiento jurisdiccional y posteriormente liberarlo en medio de la jauja electoral.

Otros lanzan la especie de que el presunto peculado obedece a que la gobernadora ya perdió  toda relación con el grupo político del presidente Peña Nieto, retirando el apoyo a uno de los candidatos a sucederlo y éste  dejó sentir su pesada mano en el mesón claudista. Y desde luego no faltan los “expertos” que siempre ven la “mano negra” del ex gobernador Beltrones tras las “cosas raras” en la política sonorense, y que este vodevil que trae a escena la Auditoría Superior de la Federación, no es la excepción.

“En política todo puede suceder”, dicen esos con aires de erudición.

Cierto es que muy pocos creen que la joven que encabeza el gobierno estatal ha incurrido, insinuado y menos ordenado recurrir a actos delictivos para desviar recursos, sobre todo, por la amplia experiencia que posee sobre las rutas que debe seguir el dinero del erario cuando se usa y se destina al gasto federalizado, desde su salida virtual como presupuesto de egresos de la legislatura federal hasta su aplicación en obras, servicios, inversión productiva o cuentas corrientes a cubrir.

 Pero en vía de mientras, la auditoría realizada al ejercicio fiscal del 2016 es legalmente firme, hay responsabilidades de servidores públicos de la administración estatal y bajo ese criterio compartimos aquí tan solo unos cuantos de los eventos irregulares cometidos y señalados a la administración de pavlocich, quien para no ver hecha jiras su bandera del Gobierno transparente y justo, inevitablemente tendrá que responder de forma convincente y clara sobre el caso del presupuesto 2016 auditado.

En la auditoría numeral 16-A-26000-02-1506-06-003 la ASF solicitó procedimiento resarcitorio de  385,751.00 pesos (trescientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) que se desviaron del programa de inclusión social PROSPERA 2016, componente  Salud,  para sacarlos como pago de salario de tres presuntos médicos, que la auditoría comprobó que carecen de la documentación que acredite el puesto y la profesión académica bajo la cual cobraron la cantidad mencionada, en tanto el Gobierno del Estado de Sonora, a la fecha no ha demostrado la aplicación de los recurso ni ha realizado el reintegro a la Tesorería de la Federación.     

También la ASF comprobó que servidores públicos de los Servicios de Salud habrían hecho mal uso de   46,581.06 pesos (cuarenta y seis mil quinientos ochenta y un pesos 06/100 M.N.) e intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, que se integra por 13,166.14 pesos (trece mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.), por la adquisición de medicamentos a un importe superior al de referencia.

Otra observación que se generó de la auditoría federal y que  se exhibe un perjuicio al erario nacional similar al anterior, pero este por 33,414.92 pesos (treinta y tres mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) usados para la adquisición de  medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); en su caso, el gobierno del Estado de Sonora, debería demostrar la aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017 y no lo hizo.

A partir de que los recursos no han sido recuperados, aun cuando la responsable está obligada a realizar el reintegro de lo distraído a la Tesorería de la Federación, la Contraloría del Estado está facultada para ejercer las acciones pertinentes contra los servidores públicos responsables del daño fiscal, incluyendo  el ejercicio de la acción penal, o bien,  demandar ante la autoridad jurisdiccional el embargo de bienes de la contraparte que garanticen la reparación del perjuicio causado.

El rosario de irregularidades cometidas por el Gobierno del Estado en el ejercicio y desempeño del gasto público federal tan solo el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016 que el ASF ha sido turnado a la Secretaría de la Contraloría estatal para que se investigue y se deslinden responsabilidades entre los servidores públicos o funcionarios que pudieran estar involucrados en las distracciones de los recursos federales.

Otro caso que la indagatoria de la Auditoria Superior  ha sacado a la luz en el análisis de la Cuenta Pública del 2016 es una posible desviación de 528,592.45 pesos (quinientos veintiocho mil quinientos noventa y dos pesos 45/100 M.N.), por concepto de cheques cancelados reintegrados a la cuenta que concentró y administró los recursos del PROSPERA 2016. Y lo hizo fuera de toda normatividad y sin observar los objetivos del programa, recursos que hoy día no han  regresado a la Tesorería de la Federación por el Gobierno de Sonora.

                Con  la homoclave 16-A-26000-02-1517-06-003  la auditoria revela que desde el gobierno estatal se dañó el patrimonio de la Hacienda Pública Federal al sustraer un monto 7,375,213.29 pesos (siete millones trescientos setenta y cinco mil doscientos trece pesos 29/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, que se integra por 7,215,158.29 pesos (siete millones doscientos quince mil ciento cincuenta y ocho pesos 29/100 M.N.) mediando  una eventualidad conducta antijurídica como puede ser la falsificación de documentos oficiales.

De esta manera, en los Servicios de Salud  de Sonora usaron el fondo para el pago de emolumentos a 106 empleados en una categoría laboral diferente denominada “ nómina de eventuales”, que no aparece autorizada en el catálogo de puestos, ni en el tabulador; otros  20,955.00 pesos (veinte mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por el pago de conceptos no autorizados y 139,100.00 pesos (ciento treinta y nueve mil cien pesos 00/100 M.N.) en pagos superiores a lo establecido en el contrato individual de un servidor público;

En este caso, la ASF dio un plazo hasta el 30 de junio del 2017 para solventar el faltante y  que demostrara fehacientemente dónde se aplicaron dichos recursos, lo cual no sucedió, mucho menos ha realizado el reintegro de los mismos a la Tesorería de la Federación, como lo establece la ley en la materia.

Por un monto de 183,969.33 pesos (ciento ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 39/100 M.N.), más su actualización correspondiente hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación que se integran por 39,132.77 pesos (treinta y nueve mil ciento treinta y dos pesos 77/100 M.N.), por concepto de intereses generados en la cuenta bancaria del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora que se manejó al margen de la ley.

A esa cuenta fueron desviados recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional del gasto federalizado para ser destinados a otra cosa y no a aumentar las potencialidades y mejora de metas del proyecto, que tampoco fue revisado mucho menos reintegrados a la Tesorería de la Federación, ya que no se acreditó el entero de las retenciones del 5 al millar para inspección y vigilancia del contrato número XXIIHAYTO-DOP-R23-2015-004 a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora por 144,836.56 pesos (ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 56/100 M.N.) tampoco reintegrados a la Tesorería de la Federación.

               

En la Auditoría numeral 16-A-26000-02-1515-06-002 se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 32,049.62 pesos (treinta y dos mil cuarenta y nueve pesos 62/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago de conceptos no autorizados en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de los Servicios de Salud de Sonora; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa.        

La Auditoría numeral 16-A-20000-02-1264-06-001 es otro caso más contra la  Hacienda Pública Federal por un monto de 14,436,255.72 pesos (catorce millones cuatrocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa y aplicación en los objetivos del mismo a más tardar al 30 de junio de 2017, o en caso contrario a la Tesorería de la Federación, por la transferencia de recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2016 a la cuenta bancaria del programa del ejercicio 2017. 

 

 

Observaciones de chile, dulce y de manteca

               

En la 16-A-26000-14-1509-06-001 se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 28,467,178.91 pesos (veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos 91/100 M.N.), más los intereses generados, por la falta de aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que el Gobierno del Estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de dichos recursos, en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

La 16-A-26000-02-1506-06-002. Son 8,394,991.17 pesos (ocho millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y un pesos 17/100 M.N.), resulta de la falta de aplicación de los recursos correspondientes al PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); el Gobierno del Estado de Sonora debió demostrar la aplicación de los recursos no devengados y pagados a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa, y en caso contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación; asimismo, presentar el informe anual de la erogación total de los recursos.    

Auditoría 16-A-26000-02-1517-06-007. "Aquí son 46,581.06 pesos (cuarenta y seis mil quinientos ochenta y un pesos 06/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, que se integra por 13,166.14 pesos (trece mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.), por la adquisición de medicamentos a un importe superior al de referencia y 33,414.92 pesos (treinta y tres mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) por adquisición de  medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); en su caso, el Gobierno del Estado de Sonora, debió demostrar la aplicación de los recursos a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.

15-D-26018-14-1381-01-001. Para que el municipio de Cajeme, Sonora, instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las acciones o mecanismos que permitan fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo y el cumplimiento de metas y objetivos.             

 

Recomendaciónes.-

Que el Gobierno del Estado de Sonora instruya a quien corresponda a fin de que, en lo subsecuente, se implementen los mecanismos con objeto de que se cumplan todas las metas programadas dentro del ejercicio fiscal en que fueron asignados los recursos para que impacten en el mejoramiento de la seguridad pública de la entidad federativa.

Y oara que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo.

Seguro para automóvil de un millón de pesos

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,243,252.43 pesos (un millón doscientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 43/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por el pago de un seguro de automóvil sin estar presupuestalmente autorizado, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la normativa correspondiente.

Probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 443,920.01 pesos (cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos veinte pesos 01/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de falta de documentación comprobatoria del gasto por concepto de la dotación de vales de combustibles para las unidades vehiculares a las unidades aplicativas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente.

46,581.06 pesos (cuarenta y seis mil quinientos ochenta y un pesos 06/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa, que se integra por 13,166.14 pesos (trece mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.) fue la suma del daño al patrimonio del tesoro nacional, cuando funcionarios de los servicios de salud del estado adquirieron medicamentos a un importe superior al de referencia y, daño por otros 33,414.92 pesos (treinta y tres mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) que fueron sustraídos ilegalmente por adquisición de  medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

También en este caso,  el Gobierno del estado de Sonora  no logró demostrar la cabal aplicación de los recursos, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa ni realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.

En Hermosillo también hace aire

Con el registro numérico 16-B-26030-02-1531-08-001     La Auditoría Superior de la Federación promovió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron con las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Técnico, por lo que se le castigó y ser suspendido el restante 50.0%  como segunda ministración de recursos del Fondo de participaciones de estados y municipios para la seguridad pública, con lo que la capital sonorense  se privó de adquirir un lote de patrullas nuevas.

Con clave  16-B-26000-02-1531-08-001, y en relación a la grave omisión de la autoridad municipal citado en supra líneas, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente ante las irregularidades de los servidores públicos, que por extraña razón dilataron los recursos asignados del Fondo de Participaciones para la seguridad pública de la capital, con las consecuencias que  hoy lamenta la sociedad.

Otra Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria fue para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de Cajeme, Sonora, de clave 16-B-26018-02-1522-08-001 emitió la Auditoría Nacional para que se finque responsabilidad sobre dos servidores públicos que durante su gestión utilizaron una cuenta bancaria ajena a la asignada para recibir subsidio federal por asumir la función de la seguridad pública, FORTASEG 2016  y se quedaron con los intereses  guardados. Más aun, por esta omisión, el ayuntamiento de Cajeme perdió el derecho a recibir el restante 50 por ciento del subsidio que le valió a la ciudadanía  que un lote de patrullas nuevas no vigilen las calles.

16-B-26000-02-1515-08-001 La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en el proceso de adjudicación de las adquisiciones, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016.

 

16-B-26000-02-1517-08-002 La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en el proceso de adjudicación del contrato número 13, debido a que el dictamen de justificación a la excepción a la licitación pública no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa.

 

Observaciones de la ASF por graves omisiones de funcionarios

Observación  16-A-26000-02-1515-01-001  Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con la entidad fiscalizada.

Observación 16-A-26000-14-1509-01-002: Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a fin de que se implementen las acciones o mecanismos que permitan que los recursos asignados para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sean destinados en los fines establecidos y se apliquen de manera oportuna en el ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos del fondo..

16-A-26000-14-1509-01-001        Para que el Gobierno del Estado de Sonora proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos,

Y esta, para dar risa:

16-0-11100-07-0145-07-009        Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en Yucatán y Sonora se reportó un porcentaje de cobertura de atención de las escuelas superior al 100 % en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar los mecanismos necesarios, a fin de establecer instrumentos adecuados para el registro de la información relacionada con la cobertura del programa, en los términos del artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.



AUDIO RELACIONADO:

Este contenido ha sido publicado originalmente por Dossierpolitico.com en la siguiente dirección: http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=195541 Si está; pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Dossier Politico

Comentarios



Me. Magdalena Rodríguez Montemayor

Es noticia preocupante para la ciudadanía,más, que es la primera mujer Gobernadora en el estado, muchos la quieren desacreditar y, por oficial que sea la fuente informativa, que tan real es, desgraciadamente, se mueven muchos hilos y, la ciudadanía se relega.

2017-09-16
Gustavo

Este gobierno esta igual que el que se fue

2017-09-18

Comentar nota



Su correo electrónico no será publicado.
Son obligatorios los campos marcados con: *