Combaten corrupción, pero desconocen qué es un conflicto de interés



Una evaluación del personal, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, evidenció el desconocimiento de conceptos básicos entre los encargados de evaluar la gestión pública.

Tomado de: Blanca Juárez / El economista

Dia de publicación: 2019-09-06


La Secretaría de la Función Pública inició en enero pasado una campaña de capacitación a su personal, pues la mayoría desconoce qué es un conflicto de interés. En general, pero para una administración que se ha puesto como meta erradicar la corrupción, las competencias para identificar ese tipo de problemas se hacen imprescindibles.

A principios de este 2019 la dependencia evaluó a quienes están al frente de los órganos de vigilancia y control, así como a delegados y comisarios públicos de la SFP. De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, el resultado fue que tenían “carencias en el conocimiento y manejo del conflicto de interés”.

El 5 febrero pasado el gobierno federal publicó un nuevo Código de Ética para sus funcionarios. Luego de ello se crearon 303 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Sin embargo, admite la dependencia, aún se necesita reforzar el conocimiento en la materia, pues las denuncias sobre corrupción o faltas administrativas en el gobierno federal han ido en aumento.

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio pasado, se interpusieron más de 20,000 denuncias contra funcionarios federales. La investigación de 80% ellas permanece abierta y 20% ha sido concluida. “Esto representa un incremento de 38%” respecto de diciembre de 2017 a junio de 2018″, expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador en el informa enviado al Congreso de la Unión.

Las investigaciones están relacionadas con el robo de hidrocarburos, irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y actuación bajo conflicto de interés de miembros de órganos reguladores.

¿Qué es el conflicto de interés?

Hasta ahora la SFP ha capacitado a 1,237 personas servidoras públicas. La formación ha sido en ética e integridad y prevención de conflictos de intereses. En los cursos se les instruido sobre las características, configuración y alcances.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés. Dice que es “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares y negocios”.

De acuerdo con la Guía Conflicto de Interés, de la SFP, éste puede ser “positivo o negativo”. Según se actúe para beneficiar a una persona o para perjudicarla, “no implica de facto una acción errónea o ilegal”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que se trata de un conflicto entre el deber público y los intereses de un funcionario. Sus intereses personales, advierte, pueden influir de manera indebida en el desempeño de su trabajo.

Para la OCDE el conflicto de interés sería, por ejemplo, que un director de área participe en el comité de selección de personal y que, digamos, su sobrino concurse por una plaza en la misma dependencia en la que trabaja su tío. Él se encargaría de evaluarla y eso constituye un problema.

El proyecto de Ley Federal de Austeridad Republicana, señala el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, establece la separación entre función pública y los intereses particulares. Por ejemplo, los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado en un periodo, sino 10 años después.


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