El verdadero problema de la elección



Los verdes son una fuerza artificial, producto de la identidad mercenaria que los ha distinguido desde su nacimiento, en 1986.



Raymundo Riva Palacio/


Dia de publicación: 2024-06-07


El Partido Verde, explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la explicadora de los resultados de la elección del domingo, tendrá 74 diputados en la próxima legislatura, con lo que se convertirá en la segunda fuerza en el Congreso, debajo de Morena. Quedará con dos diputaciones arriba del PAN y contará con 40 más que el PRI. Nada mal. Competir de manera parcial en las elecciones –en un tercio del país y 12 por ciento de los distritos electorales– fue un buen negocio: subió en 34 el número de diputados que logró en 2021 y ganó seis escaños en el Senado, donde, si se confirman los votos que recibió en los cómputos distritales que comenzaron ayer, tendrá 14.

El Partido Verde fue el gran ganador en las elecciones legislativas, porque es el que más ganó proporcionalmente, pero es una gran mentira. Los verdes son una fuerza artificial, producto de la identidad mercenaria que los ha distinguido desde su nacimiento en 1986, dispuestos a venderse al mejor postor a cambio de dinero en prerrogativas, que con estos resultados se elevarán en 100%. Ahí está buena parte de su motivación, que les hace resbalar cualquier indicio de pudor. Fueron aliados de Vicente Fox en 2000, de Enrique Peña Nieto en 2012, y llevan dos elecciones generales como incondicionales de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, el Partido Verde es el mejor estudio de caso del verdadero problema de la elección del domingo, por las consecuencias que tiene para el país y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el corto plazo. Se trata de la llamada sobrerrepresentación en el Congreso, cuyos límites fueron regulados a nivel federal en 1996 y local en 2014, para que en ningún caso los partidos pudieran tener un número de legisladores superior a 8 por ciento de su votación. “Se trata de un lineamiento que busca garantizar un principio democrático elemental, que todos los votos cuenten igual”, escribieron en Nexos en diciembre de 2020 Javier Martín Reyes y Juan Jesús Garza, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La sobrerrepresentación, cuando se excede de ese máximo –el espíritu del límite no es rebasarlo sino reducirlo a cero–, como califican Reyes y Garza, es un fraude a la Constitución. Los partidos grandes, por conveniencia y posibilidad de extender sus bancadas –para poder cumplir con sus compromisos y desarrollar ingenierías electorales que les permitan victorias electorales–, colocan candidaturas bajo los colores de otros partidos, y los pequeños, aceptan darles el lugar para que les impongan nombres, porque les da curules y escaños, además de dinero.

Los dos ganan, pero pierden los ciudadanos. El voto es equivalente a entregar un mandato para que la candidatura tome decisiones en nombre de uno, que se basa en la plataforma política que se presentó. En ejemplos más terrenales, se dan casos grotescos como el de Mario Delgado, que llegó a San Lázaro en 2018 por el PT –que como le perjudicó en la asignación de curules, dijo que nunca lo había postulado–, de donde brincó rápidamente para ser el coordinador de la bancada de Morena, y de ahí a la presidencia del partido. Otro caso, recordaron Reyes y Garza, se dio en las elecciones de 2018, cuando el Partido Encuentro Solidario, que no ganó ningún distrito electoral y perdió el registro al no alcanzar 3 por ciento del voto nacional, tuvo 56 diputados que debajo de su disfraz llevaban la marca de Morena.

La sobrerrepresentación es el debate del día sobre las elecciones del domingo y motivo de las impugnaciones más serias, porque se estima que el rebase del máximo constitucional por parte de Morena, el Partido Verde y el PT es de 18 por ciento, más del doble del permitido como máximo por la Constitución. Con los números que ha dado a conocer la secretaria Alcalde, el investigador Reyes encontró que la sobrerrepresentación de Morena es de +8 por ciento, el Verde de +6 por ciento y el PT de +5 por ciento, mientras que el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano quedarían con una representación negativa de -3, -4, -2 y -6 por ciento, respectivamente.

Esta discusión que se ha venido dando en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral llegará a tribunales si después del cómputo distrital se mantienen los porcentajes que cantó Alcalde en Palacio Nacional.

La argumentación de los partidos en el poder es que individualmente ninguno rebasa el máximo constitucional, por lo que uno de los escenarios en la estrategia de litigio de la oposición tendría que ser que el Tribunal Electoral debe considerarlos como coalición, tomando como base el convenio de coalición de marzo pasado.

Otra argumentación podría ser a partir de la afiliación efectiva, que fue el criterio de la impugnación en las elecciones de 2021, para que se realice la asignación de curules con base a qué partido pertenecían los candidatos antes de firmarse la coalición. Ese criterio resolvió las anomalías de la sobrerrepresentación en 2015, cuando el PRI y el Verde, que tuvieron 40 por ciento de los votos, alcanzaron 50 por ciento de las curules en San Lázaro, que significó un rebase al tope de menos de 2 por ciento. Pero no lo hizo en 2018, cuando el PRI impugnó la sobrerrepresentación del PES bajo el criterio de que el voto no debería de ser visto únicamente como una unidad de medida, sino como parte integral del mandato a partir de la plataforma electoral.

El debate es técnico pero útil para resolver la distorsión existente, expresada, por ejemplo, en que el voto verde es inferior al del PRI, pero obtuvo mucho más curules que el tricolor. No obstante, su resolución es fundamental para el país. Si el tribunal resolviera sobre el argumento de la afiliación efectiva, Morena probablemente perdería de 13 a 16 diputados, que sería un número mayor si se aplicara el criterio de que la asignación se haga por coalición. En ambos casos, lo que estaría en riesgo es la mayoría calificada, que echaría por la borda los planes de reformas constitucionales que tiene López Obrador. Existe, claro, otra opción: que el Tribunal Electoral deseche las impugnaciones.


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