¿De qué va el Mando Policial Coordinado?





Arturo Soto Munguía/


Dia de publicación: 2021-10-13


Sociológicamente, el convenio que hoy se firmará es un instrumento que recoge una realidad social relativamente nueva en la que el crimen organizado ha hecho escalar la violencia a niveles nunca antes visto de manera tan extendida y servirá para atender el fenómeno desde políticas transversales y bien coordinadas.

Jurídicamente, adolece de varias inconsistencias o ambigüedades en cuanto a las facultades administrativas de los firmantes (Ejecutivo estatal, Secretaría de Seguridad Púbica del estado, Fiscalía Estatal, Ayuntamientos), por ejemplo en materia de inspección y vigilancia en su redacción de ‘giros negros’, o las facultades de la PESP para ejercer recursos asignados a los municipios cuando ésta asuma las tareas de la Policía Municipal.

Operativamente, el convenio cristalizaría lo que comenzó a operar de facto desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando el ejército y la marina asumieron el control de las tareas de seguridad pública con el llamado Mando Único Policial y siguió en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la creación de Policías Estatales Únicas. Ninguno de los dos proyectos tuvo un final feliz. Antes bien, fueron el prólogo de la novela de terror que estamos viviendo por estos días.

Políticamente, el convenio recupera la responsabilidad que cada una de las instancias e instituciones tienen en el marco del sistema de seguridad pública, de tal suerte que es más un instrumento político para el control de ese sistema desde la punta de la pirámide.

Y ya poniéndonos entre escépticos y sarcásticos, podría terminar siendo un facilitador de los ‘arreglos’ con la delincuencia organizada que, en la disputa por las plazas llegan a pactar con agentes federales, estatales, municipales y en el peor de los casos con los diferentes grupos que coexisten al interior de cada corporación.

También podemos fingir que esos ‘arreglos’ no existen, pero no le estaríamos haciendo justicia a esa realidad social que mencionamos al principio y que tiene su correlato en el asesinato de policías (sobre todo municipales, los más vulnerables en todo sentido y los más expuestos al accionar de los malosos); las amenazas y las denuncias del propio crimen organizado que han convertido las ‘narcomantas’ en un nuevo género periodístico que relata cotidianamente el involucramiento de servidores públicos de toda índole en acuerdos inconfesables con uno u otro de los muchos grupos de la delincuencia organizada.

Siempre será más fácil pactar con dos o tres, que con 10 o 15.

El punto es que este miércoles por la mañana se firmará el Acuerdo por la Paz, como han dado en llamar al convenio del mando policial coordinado, en el marco de la XX sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Presentado como una salida novedosa a la crisis de seguridad, una vez hechas las reformas constitucionales del caso y creada la Guardia Nacional, el Mando Policial Coordinado es en realidad una segunda vertiente del proceso de militarización de la seguridad pública en México, ya que su principal efecto en las entidades federativas es la adopción lisa y llana del modelo de policía militarizada.

Este modelo ya opera en otros estados. Uno de los primeros en firmar un convenio de esta naturaleza en la era de la 4T fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el 19 de marzo de 2019. Para 2021, esa entidad se ubicó en el segundo lugar nacional entre las que registraron mayor incremento de los delitos de alto impacto. Es decir, hasta ahora no ha probado su eficacia.

En resumen, el espíritu del convenio es plausible por cuanto a los objetivos que se propone, pero discutible en cuanto a las posibilidades de prosperar en un contexto real donde las policías, señaladamente las municipales se encuentran en un estado de vulnerabilidad: poco capacitadas, deficitarias en número, mal armadas y peor equipadas; sin acceso a tecnologías de vanguardia y fuertemente infiltradas, cuando no controladas por el crimen organizado.

Y es que, aunque el convenio establece que la coordinación se dará en materias de la “administración pública del fuero común” (concepto que no existe pero quizás fue acuñado para subrayar que su prioridad no serán los delitos del fuero federal) queda un mar de dudas al momento de conocer los términos en que se vaya a dar, por ejemplo, el intercambio de información sobre las operaciones de los grupos criminales en los municipios.

¿Se imaginan, por citar un ejemplo al azar, a los municipales de Naco ‘balconeando’ a los mañosos que operan en su territorio? ¿Se imaginan a los municipales de El Quiriego desarrollando software para colaborar con labores de inteligencia a partir de tecnologías de punta?

Yo tampoco.

Por cierto, bajo determinadas circunstancias (establecidas en el convenio) la Secretaría de Seguridad Pública asumirá el mando directo de las policías municipales de manera temporal y excepcional (básicamente, cuando consideren que los municipales no son suficientes ni capaces para enfrentar situaciones de violencia generalizada que afecte a la población, o se encuentren señalados por violación a las leyes o involucramiento con grupos criminales).

O sea…

II

Pero mejor vámonos a cosas más amables y esperanzadoras. Ayer el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer el programa integral de infraestructura para el estado, un paquete de obras y acciones para resolver problemas urgentes en comunidades indígenas, municipios pequeños y comunidades rurales. 

En ese paquete se incluyen obras hidráulicas para la comunidad seri, infraestructura eléctrica para Mesa Tres Ríos y Tecoriname; caminos rurales y represos en poblaciones sierreñas, entre otras.

Anunció que en algunas comunidades rurales se replicará el programa del gobierno federal para que sean los propios pobladores los que reciban directamente los recursos para la rehabilitación de sus caminos, participando ellos mismos en los trabajos de manera que esos recursos se traduzcan en empleos y derrama económica en las propias comunidades. Bien ahí.

Como detalle curioso, el gobernador le pidió a su secretario de Infraestructura, Heriberto Aguilar que expusiera todo este paquete de obras y acciones, pero el guaymense sufrió un ataque de pánico escénico, se equivocó, fue impreciso, confundió datos, se hizo bolas al grado de que su jefe tuvo que corregirlo en varias ocasiones hasta que se desesperó y Alfonso Durazo debió exponer lo que no pudo su secretario.

Muy mal se vio el señor Aguilar, lo que sea de cada quien.

Otra de las buenas noticias dadas por el gobernador es que Grupo México accedió, después de un buen cabildeo, a cambiar su domicilio fiscal a Sonora, con lo que sus impuestos serán pagados aquí, lo que se traducirá en una buena cantidad de recursos que se invertirán en los municipios de Cananea y Nacozari, así como en comunidades indígenas del sur del estado.

Es posible que otras grandes empresas se sumen a la propuesta que les ha hecho Durazo para cambiar su domicilio fiscal a Sonora.

III

No sé si en lo que a continuación les cuento haya tenido que ver Alfonso Durazo y sus conexiones de alto nivel en el gobierno federal, pero justo cuando los padrecistas lanzaban cohetes al aire y bailaban locos de contento porque su guía moral (eufemismo de rudeza innecesaria) anunció su regreso a la actividad política, la Fiscalía General de la República les echó un cubetazo de agua helada.

El Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes y fundadas para que un juez federal dictara autos de formal prisión contra tres ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés, por el desvío de 80 millones de pesos.

Carlos ‘V’, secretario de Hacienda; Mario ‘C’, tesorero y Luis ‘S’, director general de fondos y pagaduría en el gabinete de Padrés regresaron a la barandilla para recordarnos que los procesos contra personajes del corruptísimo gobierno padrecista siguen vivos, así que más de cuatro, incluyendo al del ex triunfal regreso ya podrían poner a remojar sus barbas, porque las de sus vecinos están cayendo.

Insisto, no creo que el gobernador haya tenido que ver con esto, pero buscando beneficiarios de la entambada en ciernes, cualquiera diría que a quien menos le conviene que le crezcan los enanos es al de Bavispe.

Digo yo, no se usted.


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