Reforma tecnológica para el Poder Judicial de Sonora, prioridad para una nueva Ley Orgánica





Alejandro de la Torre/


Dia de publicación: 2021-10-12


El Poder Judicial en el Estado de Sonora, no cuenta en la actualidad con los instrumentos tecnológicos en la prestación de un servicio de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, principalmente los pobres y la clase media.

Esto es producto de un viejo régimen político indiferente e injusto que no le interesó nunca durante 100 años, que hubiera justicia e igualdad ante la ley, por lo que nunca se ha aplicado dinero público para actualizar y fondear con tecnología el servicio administrativo judicial mucho menos para cumplir funcionalmente con las facultades y deberes de juzgados y tribunales.

A la gente común la tratan con la punta del pie, estos jueces prepotentes y aberrantes, que se creen llamados por la virgen, y por este sistema cínico de marginar a la población que no cuenta con dinero para comer, mucho menos para contratar los servicios de un Licenciado con cedula profesional.

Si no hay un abogado acreditado olvídese de iniciar una jurisdicción voluntaria, un juicio civil o una demanda mercantil, no se la admiten mucho menos se la acuerdan. Esto es contradictorio con las garantías constitucionales de los derechos de todos los mexicanos y mexicanas de ser tratados con los criterios de justicia y cumplimiento del derecho que presuntamente están consagrados desde que somos una república.

El artículo 82 de la Ley 181 que cumple 27 años sin actualizarse, dice en su fracción V, sobre las Atribuciones del Consejo del Poder Judicial: “Emitir opinión, a solicitud del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en relación con: 
a).- Sistemas de modernización de la función judicial; 
b).- Actualización de las normas que regulan la organización y funcionamiento del Poder Judicial; y c).- Procedimientos, instrumentos y mecanismos tendientes a eficientar la administración de justicia.”
En 1994 año del que se origina este ordenamiento, ya le llovió, no había internet, no había celulares y ni siquiera se pensaba en los métodos digitales o los procedimientos virtuales.

Por eso debe normativizarse e inscribirse en una nueva ley, articulados que ordenen el uso de las herramientas más avanzadas tecnológicamente en tres vertientes, Primero, la comunicación en una red interna institucional de internet, escrita, en audio y video; Segundo, la digitalización de escritos legales y acuerdos, y tercero la validez de la notificación internética, y el uso de archivos digitales de los procesos judiciales enlazados por cualesquier momentos, sujetos y lugares.

De forma paralela el Estado debe facilitarles a todos los ciudadanos el acceso a la tecnología para iniciar procedimientos, acceder a los órganos de justicia y/o defenderse, por eso debe adquirir para el órgano de asesoría pública y defensoría de oficio, el instrumental tecnológico con suficiente logística y capacidad que la que se destina a la estructura formal del poder judicial y no computadoras de la edad de piedra.

El poder judicial en sus 17 distritos judiciales, sus cinco tribunales regionales colegiados y su estructura Suprema tienen una tecnología atrasada de 10 hasta 20 años de antigüedad, computadoras de tercera generación del año 2000 a 2015, con bajísima memoria interna, lentas y a punto de circuitarse, sin redes internas conectadas mucho menos un sistema que integre a todo el aparato de justicia en tiempo y forma. Por eso debe reglamentarse, la labor constante anual de la actualización y adquisición de equipos que ahorrarán procedimientos tortuosos, logrando que la justicia sea precisa, expedita y rápida, ahorrándose miles de horas y traslados, de toneladas de papel y tinta, y archivos abultados que se deshojan por el tiempo y el movimiento.

Pero sobre todo esta tecnología ponerla al servicio del pueblo, para que interponga sus demandas y su necesidad de legalidad, no solo para darle a los empleados facilidad o a los jueces mayor prepotencia, si no aterrizar sin obstáculos una justicia agil y requerida por la sociedad para hacer avanzar la economía, dirimir las controversias en justicia y lograr la prosperidad de todos agilizando y facilitando el cumplimiento de los derechos y deberes sin kilómetros y meses de trámites.
Tecnológizar es la segunda reforma legal, junto con la moralización, el servicio al pueblo y la capacitación que es el primer capítulo que ya tratamos en la anterior entrega.

Reformar al poder judicial en esos cuatro rubros, es poner al día una justicia siempre negada, siempre arrebatada al ciudadano común, que demanda mejor nivel de vida.

Basta de que el poder judicial solo sea un aparato al servicio del poder del dinero o del alto poder político.


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