Urge una nueva oferta educativa en la Universidad de Sonora: Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos





Dr. Carlos G. Palafox Moyers/


Dia de publicación: 2019-10-04


Hoy se discute la pertinencia de iniciar con una licenciatura en seguridad en la Universidad de Sonora, y la propuesta está justificada  por un escenario de crisis evidenciado por diagnósticos que ha producido ya sea el Estado mexicano, la academia, la sociedad civil, y que confirman que ninguno de los resultados que se prometieron en por lo menos los últimos dos sexenios en materia de seguridad se han alcanzado. Otra justificación importante para esa nueva oferta educativa por parte de nuestra Universidad es la de su responsabilidad para formar cuadros altamente formados y capacitados que contribuyan a la solución de los problemas públicos del país, del Estados y sus municipios. Esa nueva licenciatura será de las pocas en su tipo ya que estará centrada en una visión de seguridad integral con un enfoque de derechos humanos. Esto es, la construcción de  un paradigma de seguridad humanista, social, democrático y de derechos humanos, en concordancia con el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora.

 Sin duda los contenidos de la licenciatura deberán de combinar la reflexión teórica de alto nivel con la acción enfocada en resultados concretos en los entornos. Son varias las interrogantes que surgen sobre el tema, especialmente  en los contenidos temáticos y sus líneas estratégicas. Esto último es importante subrayarlo porque los problemas de inseguridad presentan orígenes multifactoriales y multicausales y el estudio del mismo requiere diferente disciplinas de conocimiento que están presentes en la Institución. Esta nueva oferta educativa requiere  de un esfuerzo multidisciplinario, esto es el combinar conocimientos y métodos distintos para abordar un fenómeno que requiere de perspectivas diferentes. De esta manera, la multidisciplinariedad  deberá la interacción coordinada de diferentes áreas del conocimiento para abordar un fenómeno multifactorial y multicausal. 

 El reto es establecer grupos multidisciplinarios que hayan abordado el fenómeno desde su disciplina  y realizar un esfuerzo colectivo  para la elaboración de los contenidos temáticos y líneas de investigación.No es tarea fácil  porque en la Institución son pocas los departamentos que tienen este método de trabajo.  Además porque hay diversos enfoques teóricos que argumentan que la desigualdad  social es uno de los principales factores detonantes de la violencia y la criminalidad. Hay otras corrientes que plantean  que el deterioro y crecimiento urbano, junto con altos niveles de desempleo, crisis económicas, y debilitamiento de las instituciones del Estado son los principales detonadores de  violencia.  Por otra parte, hay  enfoques que plantean que las variables que inciden directamente en  la criminalidad y en los niveles de violencia son  las pandillas, la delincuencia organizada, las armas, las drogas y el consumo de alcohol. Para otros especialistas la pérdida de valores y principios en el núcleo familiar y el entorno local es lo que incrementa la violencia y la criminalidad.

 El reto es como darle cuerpo a la mayoría de estos enfoques teóricos para armonizar a las diferentes disciplinas y obtener un buen programa educativo.

  Además existen dos grandes visiones que buscan analizar el problema social de la violencia e inseguridad,  que ofrecen alguna solución a este grave fenómeno: el enfoque tradicional de seguridad pública  recomienda utilizar la fuerza del Estado para enfrentar la violencia y el crimen, y para  mantener el orden público; en cambio  el enfoque de seguridad ciudadana y los derechos humanos  se centran en la atención y el bienestar de la ciudadanía, por lo que la seguridad se vuelve un elemento crucial en la calidad de vida de las persona.

 El enfoque tradicional de seguridad pública es el que predominó durante los últimos doce años en México, y que a todas luces fue un fracaso. La implementación del modelo que se armó con ese enfoque, y que implicó el gasto de miles de millones de pesos,  no nada más no logró obtener el mínimo de los objetivos planteados, sino que en la medida que se le destinaban más recursos financieros a las instituciones responsables de seguridad,  mayor era la  escalada la violencia con el transcurso del tiempo.

Para los sonorenses y la mayoría de mexicanos la inseguridad pública es una de sus principales preocupaciones (Envipe 2019). La solución  al problema  no es la de incrementar  solamente el número de efectivos de las fuerzas públicas y dotarlos con mayor y mejor armamento; éste es un enfoque basado en la fuerza y no en la inteligencia. Además este enfoque analiza  los efectos y no las causas o los orígenes de un fenómeno tan complejo como es el de la violencia e inseguridad, y por lo tanto no es funcional para aminorar el problema. Hoy la sociedad exige una visión de seguridad que se centre en la ciudadanía y los derechos humanos. Este nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos incluye como una de sus principales estrategias la prevención del delito y  la aplicación de la justicia, con un enfoque más amplio e integral  del fenómeno,  e involucrando a la ciudadanía como un actor imprescindible y determinante.  Bajo el nuevo enfoque la seguridad ya no queda limitada a una función exclusiva del Estado, ya que la ciudadanía adquiere un rol de primera importancia como corresponsable en la prevención del delito,  generándose con ello nuevos esquemas de relación entre el gobierno, la policía y la comunidad. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano, e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. Por ello la nueva oferta educativa debe ser soportada por la visión de la seguridad ciudadana y derechos humanos y no por el viejo modelo de seguridad centrado  en el Estado policiaco.

 El país hoy está  transitando del  viejo modelo al nuevo paradigma por lo que exige un cambio de fondo entre las diferentes instituciones responsables de enfrentar la inseguridad en los tres niveles de gobierno. No olvidemos que de acuerdo al artículo 21 constitucional la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, esas instituciones, en muchos de los casos, actúan de manera independiente y sin coordinación, lo que trae como consecuencia un despilfarro de recursos financieros y humanos, así como el nulo impacto en la reducción de los indicadores de violencia. La sociedad  exige un trabajo coordinado, planeado e interinstitucional que  diseñe políticas públicas que vayan al origen del fenómeno, así como políticas de prevención y atención a la violencia. La política de transversalidad potencia los recursos financieros y humanos, permitiendo lograr objetivos, metas y fines entre gobierno y sociedad civil.  La nueva oferta educativa  de seguridad ciudadana sería como un puente entre los tres órdenes de gobierno  no solo por la formación de cuadros sino para ir evaluando los objetivos propuestos mediante la creación de una plataforma conceptual y metodológica de  la conformación de  un Laboratorio de Innovación para la Seguridad Ciudadana como un espacio de construcción de conocimiento a través de técnicas inspiradas en la innovación social.

 En la actualidad hay Instituciones Educativas en el Estado que han diseñado licenciaturas en seguridad pública bajo el viejo modelo de seguridad pública, por ello se la da la bienvenida a la nueva oferta educativa de seguridad de la Universidad porque abordará  el grave problema de seguridad bajo el nuevo paradigma mundial de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.

 Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
 Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora (OCSES). 


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