Las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelan un incremento del delito en Baja California y Nuevo León, desmantelando redes de evasión millonarias y complicidades oficiales.
Liliana Estévez
En los últimos tres años, los delitos sancionados por la ley en materia de hidrocarburos, que entre otras cosas sanciona el huachicol fiscal, se elevaron en 245 por ciento en Baja California y 12 por ciento en Nuevo León, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras que, en Tamaulipas, según las cifras oficiales, registra una disminución de 38 por ciento derivado de la estrategia de ‘cero impunidad’, implementada tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel que eran transportados en el buque Challenge Procyon en marzo de 2025.
Las cifras del contrabando: los estados fronterizos bajo la lupa
En 2023, el estado de Baja California reportó la apertura de 38 carpetas de investigación por este delito en un semestre; en el mismo lapso de 2026, la cifra marcó una tendencia al alza al sumar 131.
Nuevo León, por su parte, pasó de 315 casos en un semestre a 352, entre 2023 y el año en curso. El caso de Tamaulipas marcó una tendencia a la baja al pasar de 242 a 149 delitos en esos mismos años.
En Tijuana, Mexicali, Tecate, Otay y Ensenada, en Baja California; y Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, donde se concentran las principales aduanas en las que se reporta la importación de combustible proveniente de otros países.
En tanto que Nuevo León representa una conexión importante derivado de su red ferroviaria y de transporte terrestre para el traslado de los hidrocarburos.
En los tres estados, las autoridades federales han detectado movimiento de huachicol fiscal (contrabando de combustibles mediante declaraciones falsas).
Es el caso ocurrido en mayo pasado en Cadereyta, Nuevo León, en donde la Fiscalía General de la República aseguró más de un millón de litros de huachicol durante un operativo en un predio del libramiento Alfonso Martínez Domínguez.
En la misma entidad, pero en el municipio de Apodaca, en junio autoridades federales decomisaron 1.2 millones de litros de hidrocarburo como parte de un operativo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Los nombres detrás del fraude
El mayor decomiso en Tamaulipas fue el ocurrido en el puerto de Altamira, un caso que destapó la red de funcionarios de la Marina ligados al delito de contrabando de combustible, particularmente los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, hoy detenidos y acusados como presuntos líderes.
Por ese caso, en septiembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sería investigado “tope hasta donde tope” y con el compromiso de cero impunidad ni para empresarios ni para funcionarios que resulten involucrados, pese a su relación familiar con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
“Cuando se encuentra una situación que es evidente en un tramado de corrupción de ilícitos, pues lo que hay que hacer es: cero impunidad y tener a todos aquellos que están involucrados. Así se ha dado esta situación y siguen las investigaciones. Recientemente, se encontraron ferrotanques que venían de Estados Unidos a México y la investigación continúa”, aseguró.
Hace apenas unas semanas, la FGR apretó las medidas antihuachicol fiscal y reveló la operación —al menos desde 2023— de la presunta mayor red de huachicol fiscal ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuyo centro de las indagatorias es la empresa Ingemar S.A. de C.V.
De acuerdo con la investigación de esa autoridad federal, dicha red operaba una compleja estructura empresarial, financiera y logística que introdujo al país de forma ilegal millones de litros de combustible mediante declaraciones falsas en las aduanas y un esquema de evasión fiscal que causó un daño superior a 4 mil millones de pesos a Hacienda Pública.
Otro de los grandes golpes registrados al decomiso ilícito de hidrocarburos, también en un estado fronterizo, fue el aseguramiento de 27 mil litros de hidrocarburo en El Sauz, Chihuahua, en noviembre de 2025, durante un operativo derivado de la Operación Frontera Norte, de acuerdo con lo reportado por el Gabinete de Seguridad.
El plan de fiscalización para frenar el desfalco
En enero entró en vigor la reforma integral a la Ley Aduanera que endurece la fiscalización, obliga la digitalización de expedientes electrónicos y establece la trazabilidad obligatoria para las empresas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX), con lo que se busca combatir el comercio ilegal.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos castiga severamente el robo; comercialización ilícita, entre esta la de carburantes; transporte ilegal y almacenamiento no autorizado de combustibles. Imponiendo penas que varían de acuerdo al delito y su gravedad.
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