La abogada Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, responde a la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.
Brandon J. Celaya Torres
La nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa está llena de contradicciones, mentiras y tergiversaciones, además de acusaciones infundadas en contra de la ONU, la CIDH, periodistas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), consideró en entrevista para Aristegui Noticias la abogada Ángela Buitrago, quien formó parte del equipo de expertos que investigó la desaparición de los 43 normalistas.
El 2 de julio, la Comisión encabezada por Rosario Piedra Ibarra emitió una recomendación de más de 800 páginas por el caso Ayotzinapa, en la cual exculpa al Ejército mexicano y critica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), acusándolo de crear una “Anti-Verdad Histórica”, dando continuidad a la estrategia que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto que desestimó y obstaculizó las pesquisas de los investigadores que apuntaron a la participación de las Fuerzas Armadas en la Noche de Iguala.
Además, la CNDH reclama a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestamente actuar con sesgos políticos, de vulnerar la soberanía nacional y de haber entorpecido, más que ayudado, en el acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa.
“Lo primero que hay que decir es que la recomendación está llena de vacíos, de imprecisiones y de mentiras. Lo segundo, que muchas de las afirmaciones que hace, las contradice en párrafos más adelante“, afirmó Ángela Buitrago sobre el informe del organismo.
“Lo que estoy viendo claramente es una persecución por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las organizaciones internacionales, las personas, los representantes de las víctimas, y lo que menos les interesa, realmente, son las víctimas“, enfatizó durante la entrevista.
Foto: Cuartoscuro
La abogada, que llegó a ser ministra de Justicia en Colombia entre 2024 y 2025, evidenció cómo la nueva recomendación contradice abiertamente las determinaciones que la propia institución y su titular sostuvieron en 2023 respecto al caso Ayotzinapa.
Según expuso la especialista, en el año 2023 la CNDH emitió una recomendación con un enfoque de rendición de cuentas hacia las fuerzas armadas: El organismo pedía directamente investigar y profundizar en todos los temas relacionados con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); exigía que se averiguara lo sucedido en torno al Batallón 27 y solicitaba una serie de recomendaciones estrictas para establecer con claridad las acciones de la Defensa Nacional.
Tres años después, la CNDH dio un vuelco absoluto y diluyó la responsabilidad de los militares.
Para la exministra colombiana, resulta inadmisible que la recomendación de 2026 “ni siquiera toca” ni hace mención al informe emitido por ellos mismos en 2023.
“Es desconcertante”, calificó Buitrago. “Deja una sensación muy triste que se descalifique a las organizaciones que han acompañado a las familias de manera injustificada y diciendo cosas que no son ciertas”.
Foto: Cuartoscuro
“Utilizar calificativos como ‘Anti-Verdad’ necesita que demuestre que efectivamente esos hechos no sucedieron, pero si tú la lees con juicio, tú te das cuenta cómo en la primera página dice una cosa y en la segunda se contradice, y en la tercera saca de contexto muchas de las afirmaciones no solo del GIEI sino de la COVAJ y de otras entidades. Y esto significa decir que no porque abunden las páginas se tenga la razón”, subrayó.
“Sería muy bueno que explicaran por qué lo están haciendo ahorita, a los 11 años de los hechos de los muchachos”.
Tal como apuntó Ángela Buitrago, la recomendación de la CNDH presenta inconsistencias argumentativas y contradicciones internas, además de ir contra el fondo de la realizada en 2023.
Por ejemplo, el informe concluye de manera tajante y definitiva que no existe responsabilidad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional y defiende en múltiples apartados que los militares no participaron en las agresiones. No obstante, resulta contradictorio emitir una exoneración absoluta cuando en el mismo texto la CNDH reconoce y documenta que la Unidad Especial de Investigación y Litigación (UEILCA) de la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones ministeriales abiertas y procesos penales “en etapa de instrucción” contra decenas de elementos y mandos militares precisamente por estos hechos.
Además de que la exoneración contrasta con las evidencias recolectadas por el GIEI en seis informes.
Foto: Cuartoscuro
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ignora toda la prueba técnica de la existencia de estas personas [militares] en las calles de Iguala durante la presencia de los estudiantes. Ignora lo que han dicho los mismos jueces al ordenar las capturas correspondientes”, afirmó Buitrago.
“La CNDH debe velar por los Derechos, no enfrascarse en calificativos”
Para la exinvestigadora del GIEI, con esta reciente recomendación la CNDH abandonó su tarea como protectora de los Derechos Humanos para volverse un ente perseguidor.
Consideró que el hecho de que un organismo constitucionalmente autónomo, diseñado para defender las garantías individuales, use su plataforma para demeritar la integridad de los investigadores sienta un precedente alarmante.
Y es que el informe de la Comisión no solo ataca a instituciones internacionales, sino que también descalifica con nombre y apellido a personas como Anabel Hernández, a la que describe como “una periodista reconocida por sus reportajes y libros sensacionalistas basados en testimonios de dudosa seriedad”, al igual que la propia Ángela Buitrago, a quien el organismo acusa de supuestamente haber actuado de manera “instigadora” para presionar a una persona a declararse culpable de formar parte de la delincuencia organizada.
Foto: Cuartoscuro
“Todas las afirmaciones que hacen, además de ser mentirosas, son parte de un ataque personal que no tiene ningún sentido en una Comisión Nacional de Derechos Humanos”, señaló la abogada colombiana.
“Y sobre esa base, el tema en particular significa que ellos están atacando derechos humanos”.
La CNDH adoptó la vieja escuela del PRI
Buitrago lamentó profundamente el rumbo que ha tomado la Comisión bajo la gestión de Rosario Ibarra, señalando que retomó la estrategia de descalificaciones del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, durante el cual sucedió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó que este tipo de “campañas mediáticas” y de desprestigio contra el GIEI eran orquestadas originalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en administraciones pasadas para desacreditar los avances independientes del caso.
“Ahora la repite Rosario Ibarra en su recomendación. Esto es muy llamativo”.
Al concluir, la jurista manifestó su preocupación por el abandono de las verdaderas facultades de la CNDH, sentenciando que la institución ha decidido ocupar su tiempo y recursos en “insultar, atacar y agraviar” a quienes participaron en la investigación del caso Iguala, en lugar de priorizar el acompañamiento, la verdad y la justicia para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.
