Para la CNDH, el GIEI priorizó la creación de una narrativa preconcebida, a la que llama ‘Anti-Verdad’ en lugar de centrarse en el hallazgo de los estudiantes desaparecidos.
Redacción AN / BJC
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezada por Rosario Piedra Ibarra emitió el 2 de julio una nueva recomendación por el caso Ayotzinapa, en la cual exculpa al Ejército mexicano y critica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), acusándolo de crear una “Anti-Verdad Histórica”, alineándose así con el gobierno de Enrique Peña Nieto que desestimó y obstaculizó las investigaciones de los expertos que apuntaron a la posible participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas.
A lo largo de más de 800 páginas, el informe de la CNDH se dedica a quitar cualquier responsabilidad al Ejército- encabezado por Salvador Cienfuegos durante la noche de Iguala- alegando que sus elementos no participaron en las agresiones, persecuciones, ni en la desaparición de los estudiantes.
Esto, a pesar de que hay 17 militares vinculados a proceso por el caso, tal como recordó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Foto: Cuartoscuro
En 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual acusa que autoridades en funciones de diferentes niveles supieron en todo momento lo sucedido a los 43 normalistas, pero ocultaron y manipularon la información.
Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, consideró el Grupo Interdisciplinario.
El GIEI concluyó, de acuerdo a su investigación, que marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto y reveló la existencia de videos donde se muestra como son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso.
Un informe previo del GIEI también documentó las discrepancias entre las versiones de los elementos del Ejército Mexicano y los relatos de los normalistas de Ayotzinapa y un profesor, quienes buscaban asistencia médica de urgencia en el Hospital Cristina en la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Aproximadamente 20 minutos después del ingreso de los jóvenes al hospital, efectivos del 27 Batallón de Infantería, bajo el mando del capitán C, se presentaron en la clínica tras recibir un reporte del Centro de Control (C-4) que alertaba sobre la supuesta presencia de civiles armados.
Los testimonios de los estudiantes coinciden en que los soldados cortaron cartucho, los intimidaron y amenazaron, además de que les realizaron inspecciones corporales.
No obstante, la CNDH argumentó en su más reciente recomendación que los soldados estaban impedidos legalmente para intervenir por cuenta propia en los hechos de la Noche de Iguala.
También afirmó que cuando el comandante del 27/o Batallón se enteró de lo acontecido en Iguala, se comunicó con el Coordinador de la Policía Estatal y con el secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala para ofrecer apoyo, pero ambos rechazaron la ayuda militar, afirmando que no requerían apoyo y que tenían la situación bajo control
Sobre lo ocurrido en el Hospital Cristina, la CNDH dice que los militares solamente revisaron a los jóvenes y, tras comprobar que eran estudiantes desarmados y conocer lo que estaba pasando, ofrecieron disculpas, el mando a cargo solicitó una ambulancia para los heridos y se retiraron del lugar, conscientes de que eran los policías quienes los estaban atacando
La Comisión de Rosario Piedra también rechaza la versión de que el Ejército tuviera a un elemento infiltrado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, como muestran informes de las propias Fuerzas Armadas.
Tal como documentó Aristegui Noticias en 2024, un reporte interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena) revela que Julio César López Patolzin, uno de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, era un elemento activo del Ejército Mexicano en funciones de Órgano de Búsqueda de Información (OBI), denominación que se le asigna a los militares en funciones de inteligencia.
La prueba plena de que López Patolzin era miembro activo del Ejército Mexicano al momento de su desaparición es la confirmación de que recibía su salario normal y prestaciones o “haberes” mientras “estudiaba” en la Normal de Ayotzinapa.
Además, en el citado oficio se señala que el soldado de infantería Julio César López Patolzin tenía dos vías para la entrega de información que lograba obtener como infiltrado de la Defensa en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
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A pesar de esto, la recomendación de la CNDH descarta que López Patolzin fuera un espía o infiltrado informante del Ejército.
La Comisión señala que el soldado sí estaba activo, pero se encontraba en la Normal de Ayotzinapa estudiando la licenciatura en Educación Primaria amparado en el artículo 200 del reglamento militar, el cual da facilidades al personal para cursar estudios para su superación personal.
Además, según la CNDH, las fuerzas armadas no sabían que él estaba entre los desaparecidos, sino hasta días después cuando su familia acudió al 50/o Batallón a pedir ayuda.
Además de exonerar al Ejército como institución, la CNDH menciona que si hubo omisiones o colusión con el crimen organizado por parte de militares serían responsabilidades estrictamente individuales.
Foto: Cuartoscuro
“Del mismo modo en que es clara la responsabilidad institucional, también, del Gobierno del estado de Guerrero, y de los gobiernos municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, no es el caso de la Defensa, toda vez que, a diferencia de las policías estatal y municipales señaladas como responsables, si hubiera algo que acreditar al respecto se refiere a conductas individuales, en modo alguno derivadas de insuficiencias normativas o de procedimientos que involucren a la institución Ejército mexicano”, dice la CNDH.
El dardo contra la GIEI
Para la CNDH, el GIEI priorizó la creación de una narrativa preconcebida, a la que llama “Anti-Verdad” en lugar de centrarse en el hallazgo de los estudiantes desaparecidos.
De manera textual, el informe asevera que “salvo sus opiniones sensacionalistas y algunas sugerencias importantes a las investigaciones, sus aportaciones en materia de la búsqueda y localización de los normalistas desaparecidos, que era el corazón de su mandato, fueron prácticamente nulas”.
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Además, se destaca que, pese a tener facultades para hacerlo, los expertos del GIEI jamás presentaron una sola denuncia penal.
De acuerdo con el diagnóstico, la actuación del GIEI, “lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, fue un intento por imponer narrativas y, por ende, sujetar las investigaciones a ellas”.
“El empeño por contradecir la ‘Verdad Histórica’ ha llegado tan lejos como pretender que nada de esa investigación es rescatable, y lo mismo respecto de la responsabilidad del Ejército en los hechos, ha llegado tan lejos como que, o eso se concluye, o nunca habrá solución del caso; motivación de acciones equívocas y hasta violatorias de derechos humanos, como el alterar documentos e inventar testimonios“, dice uno de los puntos de la recomendación. ”
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El organismo encabezado por Rosario Piedra también afirma que el GIEI fomentó la versión de una “gran confabulación de Estado”, con el propósito específico de incriminar a las Fuerzas Armadas, partiendo de una “visión contrainsurgente” que el GIEI le atribuía a los militares.
El reporte de la CNDH también contradice la justificación principal bajo la cual el GIEI abandonó el país. Mientras que los expertos acusaron que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina les negaron documentos esenciales, la CNDH argumenta lo contrario.
Según la Comisión, las solicitudes de información del GIEI “fueron atendidas, todas”.
Finalmente, la CNDH liga la llegada y la permanencia del GIEI en México a un supuesto esquema de intereses ajenos a las víctimas y de “litigio estratégico” orquestado por Redes Transnacionales de Activismo (RTA) e impulsado a través de Emilio Álvarez Icaza.
