La fiscalía admitió que todavía no reúne el umbral legal en México para actuar contra el gobernador con licencia de Sinaloa
Luis Fernando Ortiz Delgado
La Fiscalía General de la República reconoció este miércoles durante una conferencia de prensa que la investigación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otras nueve personas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos no ha reunido aún el parámetro probatorio mínimo que exige el derecho mexicano para proceder, afirmando que la indagatoria sigue en curso.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos confirmó que el caso se sustancia en la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas y cedió la respuesta técnica a David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
La carpeta de investigación se abrió, según Bone de la Garza, a raíz de la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Washington. Los señalados son diez personas: funcionarios y exfuncionarios del gobierno sinaloense.
“Se inició como se dio a conocer en su momento, derivado de la solicitud de detención provisional”, precisó el funcionario.
Aclaró que los delitos consignados en esa solicitud son “punto de partida, porque lo que se investigan son hechos que eventualmente pueden o no ir configurando datos”.
Sin pruebas suficientes bajo el estándar mexicano
Bone de la Garza admitió que la investigación no ha alcanzado el umbral requerido, ya que, “no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”.
Bone de la Garza admitió que la investigación no ha alcanzado el umbral requerido, ya que, “no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El funcionario no precisó si el Gobierno de Estados Unidos compartió información adicional con la FGR más allá de los señalamientos originales que detonaron la apertura del expediente.
Las diligencias incluyen entrevistas ministeriales a las diez personas citadas, así como la recepción de reportes e informes. Bone de la Garza describió el proceso como una “muy exhaustiva la investigación”.
exhaustiva la investigación”. “Hay un Ministerio Público, hay un fiscal en jefe, hay un fiscal especial de casos complejos y la convicción de todos es ser exhaustivos”. Crédito: Captura de pantalla de redes
“Hay un Ministerio Público, hay un fiscal en jefe, hay un fiscal especial de casos complejos y la convicción de todos es ser exhaustivos”, afirmó, y agregó que la unidad continúa “recabando datos de prueba” con base en los señalamientos consignados en la solicitud estadounidense.
La fiscal Godoy Ramos descartó que alguno de los diez señalados pueda ser entregado a Estados Unidos mediante la vía que se utilizó en casos anteriores. Explicó que los más de 90 trasladados previos bajo la Ley de Seguridad Nacional tenían en común un elemento que aquí no existe: todos contaban con órdenes de aprehensión y procesos judiciales en curso.
“La manera en que fueron entregados a Estados Unidos los anteriores, los más de noventa, efectivamente tienen que ver con seguridad nacional, pero todos estaban detenidos, tenían órdenes de aprehensión, con procesos”, señaló.
En el caso de Rocha Moya y sus coimputados, lo que Washington presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición, un mecanismo distinto regido por la ley de extradición. La FGR además aguarda que el Gobierno de Estados Unidos justifique la urgencia de esa solicitud, requisito que hasta ahora no ha sido satisfecho.
Ante la pregunta de si se han investigado cuentas bancarias, patrimonio y redes familiares de los señalados, la respuesta fue negativa. “No hemos ampliado la investigación a otros delitos”, afirmó la fiscal.
La indagatoria se circunscribe exclusivamente a los delitos consignados por Estados Unidos en su solicitud original. “No hay delitos que nos lleven a hacer este tipo de investigación”, precisó Godoy Ramos.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de recibir sobornos y colaborar con la facción de Los Chapitos para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
Tras hacerse pública la acusación, Rocha Moya solicitó licencia al Congreso estatal. El pleno local aprobó su separación por más de 30 días y designó a Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno, como mandataria interina. Al dejar el cargo, perdió la inmunidad que lo protegía de una eventual detención.
