El secuestro del capo vuelve al ojo público tras conocerse que un museo en Estados Unidos exhibe el avión que lo trasladó como parte de los operativos de la agencia estadounidense
Carlos Carabaña
Haciendo funambulismo en la delgada línea que separa la acusación verbal de una denuncia formal, la Fiscalía General de la República de México ha dicho, durante una rueda de prensa, que el FBI entregó información “falsa, parcial e insuficiente” sobre lo ocurrido en julio de 2024, cuando el narcotraficante Ismael Mayo Zambada fue secuestrado tras una traición de sus socios en el Cartel de Sinaloa y entregado a las autoridades de Estados Unidos. Este caso está siendo protagonista de la semana en México, después de que se hiciera público que un museo en Nuevo México exhibe el avión que lo trasladó como parte de las operaciones del FBI. Esto confirmaría la participación de la agencia en el secuestro y, para el Gobierno de México, es necesario que la Casa Blanca aclaré qué papel jugó su agencia en la llegada de Zambada a una cárcel estadoundense.
“En agosto de 2024, personal de la Fiscalía General de la República acudió a inspeccionar en las oficinas de El Paso, Texas, los indicios encontrados en la aeronave, y posteriormente el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México”, ha dicho Ernestina Godoy Ramos, titular de la institución, que aseguró que no se les facilitó el acceso para “realizar las acciones pertinentes” ni “se proporcionó la información requerida”, “ni se permitió tomar fotografías” y que en las “constancias se advierte que las autoridades norteamericanas han dado datos falsos e imprecisos de identificación de ese avión”. Un aparte merece el piloto de la aeronave. Estados Unidos no facilitó información sobre él, “solo que pidió ser deportado a México” nada más aterrizar, pero luego se precisió que siguió delinquiendo en territorio nacional y, posteriormente, fue detenido y extraditado a Estados Unidos.
El secuestro de Zambada ocurrió en julio de 2024, alterando el status quo criminal de México. Traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de su viejo amigo Joaquín Chapo Guzmán, desató una guerra civil en el Cartel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en dicho Estado. Según las autoridades de México, el entonces embajador Ken Salazar sostuvo que no hubo participación de ninguna agencia de Estados Unidos. “De confirmarse esta información, que el FBI planeó y realizó la operación, esto serían una serie de violaciones a la ley mexicana, un pacto al margen de la ley y una mentira de un diplomático estadounidense”, ha declarado Godoy Ramos, que ha anunciado nuevos actos de investigación “con el mecanismo de asistencia jurídica internacional con el tratado bilateral en la materia”.
La Fiscalía refuerza así la narrativa impulsada desde la presidencia de México. Claudia Sheinbaum, cabeza del Ejecutivo, se ha referido varias veces a este tema en los últimos días, dedicándole incluso una conferencia de prensa exclusiva, y es difícil no ver su molestia por cómo Estados Unidos ha manejado este tema. “La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz. Es muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de Estados Unidos y las de entonces”, ha dicho la mandataria. Para azuzar más las brasas, el exembajador Salazar acaba de publicar unas memorias en las que aborda su paso por México. En ellas escribe que el antecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que Mayo pudiera decir a las autoridades estadounidenses sobre su gobierno y los vínculos del narcotráfico. “Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, es más bien la participación de Estados Unidos en la captura del Mayo”, reviró Sheinbaum.
La vuelta del escándalo Zambada es el último de una serie de desencuentros entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno de México, que comenzaron tras un accidente de tráfico en Chihuahua. En él murieron dos agentes de la CIA, que venían con sus pares mexicanos de desmantelar un laboratorio de drogas en la sierra. Sheinbaum lo calificó como una intromisión inaceptable en territorio mexicano y su oficialismo lanzó sus dardos sobre Maru Campos, la gobernadora del Estado y figura del opositor Partido Acción Nacional, acusándola de permitir la participación de personal de la agencia estadounidense en operaciones de campo, un hecho que vulnera la Ley de Seguridad Nacional.
Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se quejase de la falta de empatía de Sheinbaum con los agentes de la CIA fallecidos, llegó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que detuvieran, con fines de extradición, al gobernador oficialista de Sinaloa, Rubén Rocha, y parte de su equipo por presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde México se ha defendido al gobernador con licencia, solicitando el envío de pruebas antes de acatar esta solicitud que, como la que hoy ha hecho Godoy, se basa “en el tratado bilateral en la materia”. A esto hay que sumarle la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que este último país ya anunció que no renovará y comenzarán una serie de revisiones anuales durante los próximos 10 años.
