En tres años y medio, sólo reforestó una hectárea y media de las dos mil hectáreas que establece el compromiso firmado en noviembre de 2023.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumplieron el compromiso contraído hace más de año y medio de reforestar dos mil hectáreas del ejido El Bajío, en Sonora. En estos dieciocho meses, sólo reforestaron una hectárea y media y ya abandonaron el proyecto.
En noviembre de 2023, Semarnat declaró al ejido El Bajío como área natural protegida, a petición de los propios ejidatarios, como medida de protección contra una nueva concesión minera. En ese entonces, la familia Bailleres ya contaba con una concesión en el ejido para explotar la mina Penmont, y ya había daños ambientales ocasionados por la minería a cielo abierto, como la destrucción del único cerro del lugar.
Una vez que el ejido se declaró zona protegida, la Semarnat echó a andar el programa denominado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), mientras que la CFE firmó un acuerdo para resarcir los daños ocasionados en esa zona de Sonora por el parque de paneles solares más grande de America Latina, inaugurado el 17 de febrero de 2023.
La medida, aseguraron las autoridades, tenía la finalidad de garantizar la viabilidad comunitaria en el ejido El Bajío, e incluía una transición energética justa, herramienta, mantenimiento y un soporte técnico, pero todo esto quedó en total abandono.
Desde entonces, las autoridades del ejido El Bajío han enfrentado intensas batallas legales e injusticias sociales tras ganar litigios históricos frente a gigantes como la minera Penmont de la familia Bailléres. En años recientes, el conflicto se ha extendido a compromisos ambientales no cumplidos por empresas estatales como la CFE y particulares, quienes han ejecutado obras de infraestructura impactando directamente la zona desértica
En 2014, el magistrado Manuel Loya Valverde emitió 67 sentencias firmes que ordenan a la minera regresar las tierras a su estado natural y devolver todo el oro extraído al ejido. Sin embrago, la empresa no acató la orden judicial y volvió a ocupar de manera ilegal el ejido en el año 2019.
De ahí, inició la resistencia de los ejidatarios ante el Tribunal Superior Agrario, ante Semarnat y ante la bolsa de valores de Londres, para hacer valer sus derechos.
Después de años de pugna, los ejidatarios lograron sentar a la Semarnat para arrancarle un acuerdo con el fin de recuperar la flora y la fauna del desierto que comprende el ejido El Bajío.
La CFE también entró en la mesa de trabajo y firmó un acuerdo con los ejidatarios. Pero, sin aviso previo, recogió sus cables y dejó a los ejidatarios solos con la reforestación: «Llevaban 50 litros de agua para regar 1,500 árboles. Sólo fueron dos veces a regar con esa cantidad de agua; a partir de ahí, los dejaron secar», denunció el excomisariado ejidal Jesús Javier Thomas González.
El logro no es menor, pues además de arrebatarle la tierra al que fuera el segundo hombre más rico de México, los ejidatarios esperan reconstruir el ecosistema en el que habitaban diversas especies endémicas de la región.
Pero esta hazaña costó cárcel y muerte a los luchadores sociales. Cinco ejidatarios fueron encarcelados, dos desaparecidos, Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, el 12 febrero de 2018; el excomisario ejidal Jesús Robledo Cruz y su esposa, María Jesús Gómez Vega, fueron asesinados en Puerto Peñasco, Sonora, el 29 de abril de 2021.
«En 2009, interpusimos el primer juicio agrario cuya sentencia indica que la empresa debía desalojar el ejido, cosa que hizo cuatro años más tarde y por orden de las fuerzas de orden público», refirió Thomas González.
En documento, en posesión de TatyiSavi, se establece que la Semarnat se compromete a reforestar el ejido El Bajío, pero la dependencia no cumplió. «La pérdida de grandes áreas de cobertura vegetal asociadas con la deforestación: así como, la disminución de cualidades que poseen las comunidades e incluso la reducción o pérdida de especies. Y por ello la importancia de la implementación del Programa de Reforestación».
El oficio SRA/DGIRA/DG-06238-22 emitido por la Subsecretaría de Regulación Ambiental (SRA) a travez de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), señala: «Que la promovente
Implementará medidas y llevará a cabo programas con la finalidad de mitigar y compensar los impactos de ambientales que se generarán en la biodiversidad, ecosistemas y servicios ambientales que prestan los mismos, los cuales se verán afectados por el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)de 813,522 Ha de vegetación tipo desierto arenosos».
Y agrega: «La promovente debe de considerar que dicha vegetación se caracteriza por presentar comunidades vegetales dominadas por estricto arbustivo, los cuales favorecen la desertificación; así mismo presenta una amplia biodiversidad (lo cual, se vio reflejado en los muestreos realizados a la flora y fauna en el área del proyecto del área protegida (AP)».
Mientras que la DGIRA hace algunas precisiones sobre el caso: «La conservación de los desiertos arenosos no tan solo resulta importante por su función ecológica y los servicios ambientales que prestan tanto a la vegetación como a la fauna, sino también por las modificaciones que pueden presentar a nivel ecosistémico derivado del CUSF».
En el documento se desmenuza que se implementarán medidas de mitigación, restauración o compensación de contribución no tan sólo a la protección y recuperación de habitad, sino también a disminuir los efectos del cambio climático y coadyuvar en la recuperación de los servicios ambientales.
Así las cosas, de las dos mil hectáreas para la reforestación con la planta fotovoltaica, sólo se reforestaron una hectárea y media. Lo demás lo dejaron secar.
El ejido El Bajío lo fundaron el 20 de agosto de 1971 migrantes provenientes de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Antes, la vida era sencilla, pero después de 1997, cuando llegó la minera, los dueños de estas tierras han pagado con cárcel y muerte su lucha contra el extractivismo.
Los ejidatarios ganaron los juicios en 2014, pero, a pesar de que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 28 ordenó que la minera debe regresar a su estado natural el territorio de El Bajío, y además, indemnizar a los ejidatarios por el pago de renta de sus tierras.
Con la sentencia a su favor, los ejidatarios recuperaron las tres mil hectárea que Penmont ocupó ilegalmente. Pero la pugna no terminó ahí, pues la minera no ha querido acatar la ley, aunque según la revista Forbes, la ganancia que obtuvieron los Baillères por el saqueo en El Bajío asciende a 436 millones de dólares que la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, deposita en la Bolsa de Valores de Londres, en la que cotiza desde 2007.
