Fernanda Monroy
Los gobiernos estatales deberán incorporarse a la atención de las demandas de las personas trans debido a que parte de las políticas públicas necesarias para garantizar sus derechos corresponde a las entidades y no únicamente al gobierno federal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al plantear la instalación de una mesa de trabajo conjunta.
La primera mandataria respondió al ser consultada sobre el plantón que desde hace ocho días mantienen colectivos integrados por personas trans y de la comunidad no binaria, frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde exigen una reunión con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, para plantear demandas como el acceso a atención médica especializada, terapias de reemplazo hormonal, cirugías de reafirmación de género, educación, vivienda y oportunidades laborales, así como el impulso de una Ley Integral Trans que garantice estos derechos a nivel nacional.
En este sentido, la presidenta aseguró que las personas de la comunidad ya han sido atendidas por funcionarios de la dependencia, aunque reconoció que la titular de Segob no las ha recibido de manera directa debido a su carga de trabajo. “Se les ha atendido, no directamente por Rosa Icela, pero por equipo de la Secretaría de Gobernación”.
La titular del Ejecutivo federal sostuvo que varias de las demandas planteadas por la comunidad trans corresponden a competencias de los gobiernos estatales, por lo que consideró indispensable que las entidades participen en la mesa de trabajo.
Como ejemplo, recordó que durante su administración al frente del gobierno de la Ciudad de México se creó la primera Clínica para Personas Trans, la cual continúa operando bajo responsabilidad del gobierno capitalino y no fue incorporada al sistema IMSS-Bienestar por tratarse de un servicio cuya operación corresponde al ámbito estatal.
También señaló que persisten diferencias entre las entidades en el reconocimiento de la identidad de género, particularmente en los procedimientos para modificar actas de nacimiento.
Explicó que mientras en la Ciudad de México esos trámites ya permiten actualizar el nombre de las personas trans, en otros estados aún existen rezagos, lo que puede generar demoras en la expedición de documentos oficiales, como los pasaportes. “Los registros civiles dependen de los estados. Nosotros buscamos que se resuelvan estos temas, pero muchas veces tienen que ver con los gobiernos estatales”.
Por ello, indicó que la intención es incorporar al gobierno capitalino y a las entidades que correspondan a la masa de diálogo, ya que la mayoría de las personas que mantienen el plantón provienen de la capital del país.
Respecto a las solicitudes de vivienda, la presidenta afirma que el acceso deberá darse mediante los programas universales del gobierno federal, como Vivienda para el Bienestar, y no a través de un esquema exclusivo para personas trans.
Sobre la propuesta de crear una institución dedicada a diseñar políticas públicas para grupos históricamente discriminados, respondió que actualmente existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y reiteró que su administración mantiene una política de inclusión y combate a la discriminación.
En vísperas de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, la presidenta llamó a rechazar cualquier forma de discriminación y sostuvo que su gobierno busca ampliar el reconocimiento de derechos en la medida de las posibilidades presupuestales.
Las declaraciones ocurren mientras las colectivas de la comunidad trans y no binaria mantienen su exigencia de una reunión directa con la titular de la Secretaría de Gobernación para atender las demandas que, aseguran, continúan sin resolverse para la población trans.
