Documentos oficiales obtenidos por MCCI revelan que Morena utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar para dispersar millones de pesos en “apoyos sociales”, en un convenio que permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial en la que resultó electa Claudia Sheinbaum. La operación no fue reportada al INE y una auditoría detectó irregularidades en el cobro de comisiones, reintegros millonarios y omisiones en controles antilavado de dinero. Un ex consejero electoral compara estas transferencias con el “Monexgate”.
Redacción AN/ SBH
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, durante la gestión de Mario Delgado, recurrió a la infraestructura del organismo público “Financiera para el Bienestar” (Finabien, antes Telecomm Telégrafos) para dispersar hasta 252 mil pagos “de apoyos sociales” en todo el país, que habrían representado un desembolso millonario.
Ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena consideran entre las atribuciones de los partidos el pago de “apoyos sociales”, por lo que se pudo haber incurrido en una ilegalidad.
Aunque el contrato para dispersar esos apoyos se firmó el 1 de junio de 2022, fue hasta el 28 de junio de 2024 -semanas después de la elección federal- cuando se dio por concluido el acuerdo entre el CEN de Morena y Finabien, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Extracto del informe de la auditoría realizado al contrato del CEN de Morena con Finabien, por concepto de “pago de apoyos sociales”.
El contrato inicial de Morena y Finabien tendría vigencia de un año, pero se suscribió un acuerdo modificatorio que lo extendió hasta 2024. Al convenio se le asignó la clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, aunque en una auditoría del Órgano Interno de Control se le identificó con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/44/2025.
MCCI revisó los informes de rendición de cuentas entregados al INE en el periodo 2022-2024 y corroboró que Morena no reportó a la autoridad electoral el contrato suscrito con Finabien.
En los informes financieros de los años en que estuvo vigente el contrato tampoco se especifica de qué partida de Morena salió el pago de los “apoyos sociales” ni el monto.
En la cédula de resultados definitivos de la auditoría se precisa que la revisión se hizo sobre un contrato suscrito en 2022, pero que estuvo vigente hasta los días posteriores a la elección de 2024.
No obstante, MCCI obtuvo reportes internos que confirman que el CEN de Morena pagó 3 millones 520 mil pesos tan sólo por las comisiones cobradas para dispersar 252 mil 901 “apoyos sociales” a través de remesas nacionales o “giros”. Por cada pago, Finabien cobró una comisión de 12 pesos más IVA.
Del pago de Morena a Finabien hay constancia en tres facturas señaladas con los números A987442, A981690 y A987691.
Una auditoría interna realizada en 2025 en Finabien menciona que el importe cobrado en esas facturas no corresponde a las operaciones efectivamente pagadas.
La auditoría refiere que de los 252 mil 901 giros contratados, sólo se efectuaron 140 mil 878 operaciones, por lo que se reintegraron a Morena comisiones por 1.6 millones de pesos que ya había pagado.
En este reporte de resultados de la auditoría se precisa que el 28 de junio de 2024 -semanas después de la elección federal- se dio por terminado el contrato del CEN de Morena con Finabien. En el mismo documento se refiere que el acuerdo original era expedir hasta 252 mil 901 giros por concepto de apoyos sociales.
En la propia auditoría se menciona textualmente que el concepto del contrato celebrado con el CEN de Morena fue “para la prestación del servicio de ‘pago de apoyos sociales’”.
En el documento no se detalla cómo fueron dispersados esos pagos ni el monto de cada uno. Sólo se refiere que las transferencias se realizaron a partir del 5 de julio, sin precisar cuál de los tres años en que estuvo vigente el contrato.
Aun con un monto mínimo de 100 pesos por operación, el desembolso de Morena sería millonario, sin que de ello se haya dado cuenta a las autoridades electorales.
Mexicanos contra la Corrupción envió un cuestionario sobre este reportaje al CEN de Morena. Al cierre de esta publicación no hubo respuesta.
Omiten ley antilavado de dinero
En la cédula de resultados de una auditoría interna, emitida en diciembre de 2025, se menciona que “en el caso del contrato celebrado con Morena” se incumplió con las acciones de prevención de lavado de dinero.
“Se observó que no se llevó a cabo ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, refiere el documento oficial.
Extracto del informe final de la auditoría en el que se reporta que no se cumplieron protocolos para prevenir e identificar lavado de dinero en las transacciones. El mismo documento ratifica que el servicio que prestó Finabien al CEN de Morena fue denominado “APOYOS SOCIALES”.
La auditoría menciona que desde enero de 2023 se alertó de la necesidad de aplicar sistemas de control antilavado en el contrato con Morena, pero al cierre de la revisión, no se atendió el exhorto.
“A través de correo electrónico de fecha 6 de enero de 2023, enviado por personal adscrito a la gerencia comercial, se realizó a la Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección, la solicitud de análisis del contrato CEN Morena; en respuesta con oficio OC/064/2023 de fecha 10 de febrero de 2023, la subdirección señaló los elementos que se debían de considerar respecto al cumplimiento normativo que regula la seguridad para operaciones financieras; sin embargo, el área fiscalizada no presentó evidencia alguna que desvirtuara el hallazgo obtenido en el acto de fiscalización”, se lee en el reporte de cierre de auditoría del 18 de diciembre de 2025.
La auditoría
En los documentos del Órgano Interno de Control (OIC) de Finabien se menciona que el contrato con Morena se cerró hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de las elecciones federales del 2 de junio de aquel año, en las que Claudia Sheinbaum fue designada presidenta de México con más de 35 millones de sufragios y su partido Morena consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión en coalición con sus aliados históricos el PT y Verde Ecologista.
MCCI consultó a expertos en auditoría y en procesos electorales, quienes coincidieron que los partidos políticos no tienen atribuciones para dispersar “apoyos sociales” ya que lo prohíben las leyes de partidos y electorales.
Los documentos en los que se describe el contrato entre Morena y Finabien forman parte de la auditoría financiera de cumplimiento 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005. El informe final de esa fiscalización consta de 58 páginas y la cédula de resultados de otras 93 páginas.
El 17 de diciembre de 2025 fue emitida la cédula de resultados definitivos de la auditoría realizada al contrato entre el CEN de Morena y Finabien.
Al inicio, se informa que el 7 de julio de 2025 fue emitida la orden del acto de fiscalización que tenía el objetivo de verificar los procesos de Finabien, “así como los contratos y/o convenios de colaboración de la emisión y administración de medios de pago y agentes comerciales”.
La unidad fiscalizada fue la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales de Finabien.
En la página 52 se establece que el contrato celebrado con CEN Morena estuvo bajo observación por irregularidades en el cobro de comisiones por cada operación realizada.
Dispersión de ‘apoyos sociales’ por partidos, acto ilegal
En el marco legal que rige la actuación de partidos políticos y los procesos electorales en México, la dispersión de “apoyos sociales” no es función de los partidos políticos, por lo que esta acción es ilegal, dijo un ex consejero electoral a MCCI.
En esa consulta, mencionó que estas operaciones pueden responder al pago de representantes de casilla como hacen todos los institutos políticos en elecciones. Comenta que estas dispersiones para pago al personal no suelen ser reportadas al Instituto Nacional Electoral (INE) pues se corre el riesgo de que se rebasen los topes de gastos de campaña, algo que puede ser sancionado con la anulación de las elecciones.
Dentro de los informes de gastos de campaña de 2024 a nivel federal se verificó que los aspirantes de Morena en lo individual (candidatos a senadores y diputados federales) declararon 5 mil 240 operaciones por 154.9 millones de pesos.
Mientras que, a nivel global, la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-Verde) declaró un total de 27 mil 698 operaciones por recursos de casi mil 031 millones de pesos. Estos informes tienen como fecha de presentación el 19 de junio de 2024.
En conjunto, suman casi 33 mil operaciones financieras tanto en lo individual como en coalición, mientras que las transferencias contratadas con Finabien fueron más de 250 mil, de las cuales 140 mil fueron “efectivamente pagadas”, como se describió anteriormente.
Morena y la coalición Sigamos Hacienda Historia reportó al INE 33 mil operaciones financieras en el proceso electoral de 2024, mientras que el contrato suscrito con Finabien contemplaba más de 250 mil transacciones.
Lo anterior demuestra que la megaoperación de “apoyos sociales” no se encuentra en los informes del INE del proceso electoral de 2024.
MCCI tampoco encontró evidencia de que se hayan reportado al INE esos pagos en los dos años previos (2022-2023).
El ex consejero consultado por MCCI recordó que un antecedente comparable ocurrió en 2012 con el “caso Monex” en el que se utilizaron tarjetas prepagadas para distribuir dinero en las campañas electorales de ese año en que resultó ganador el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, de la Presidencia de México.
En esa dispersión de recursos se encontró que una parte fue para pagar a representantes de casilla, operación territorial entre otros fines.
Una fuerte crítica de los partidos opositores al PRI en ese entonces, incluso emitida por Andrés Manuel López Obrador que contendió por el PRD, fue que se utilizó de manera ilegal por también comprar o coaccionar el voto. El político tabasqueño acusó que la elección estuvo plagada de irregularidades y que fue comprada.
El entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE) y el Tribunal Electoral Federal determinaron en sus revisiones que hubo transferencias millonarias que superaron los cientos de millones de pesos, irregularidades en reportes de gastos, pero no acreditó la compra o coacción del voto, ni que este esquema fuera determinante para el resultado electoral, por lo que no hubo anulación del proceso electoral.
Dentro de la Constitución el Artículo 41 establece el principio de equidad electoral y el Artículo 134 regula el uso imparcial de recursos públicos, por lo que no se puede hacer uso de dinero proveniente del erario para romper la competencia electoral.
Asimismo, el inciso N del Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos indica que estos institutos deben “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.
MCCI realizó una revisión a los estatutos de Morena y no encontró que dentro de estos haya una figura de distribuir apoyos sociales.
