La sugerencia presidencial de incorporar a la reforma al Poder Judicial la figura de los jueces sin rostro fue concretada por los diputados de Morena.
Ivone melgar / Excelsior
La sugerencia presidencial de incorporar a la reforma al Poder Judicial la figura de los jueces sin rostro fue concretada por los diputados de Morena con un agregado al artículo 20 de la Constitución.
“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, plantea el texto que se le adicionó a la redacción original.
La oposición cuestionó el contrasentido de esta propuesta que expondrá a los futuros juzgadores para definirlos en las urnas, al tiempo que pretende que se conviertan en anónimos.
“¡No inventen! ¿Cómo se le ocurre a Morena aprobar la figura del juez sin rostro para juzgar casos de delincuencia organizada y al mismo tiempo querer elegirlos por vía de elección popular? ¿En qué momento se resguarda su anonimato y su integridad personal?, cuestionó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).
La presentación y la defensa de esa reserva por parte de la diputada Lidia García Anaya (Morena) abrió una batería de intervenciones en las que se advirtió que promoverán que los jueces y magistrados actualmente en paro no reciban el pago correspondiente a los días en que mantengan su protesta.
“Debo decir desde aquí a los trabajadores, que su paro es ilegal y que el paro está regulado en la Ley Federal del Trabajo y sólo es para patrones; solamente en algunos de los casos, cuando hay sobreproducción o cuando no hay materia prima para trabajar. La huelga es para los trabajadores, pero también es un procedimiento regulado en la ley federal del trabajo y, en este caso, es inoperante”, advirtió la diputada morenista.
“Los derechos de los trabajadores quedan intocados. A los trabajadores les digo desde esta tribuna, no se dejen utilizar. Hasta el día de hoy llevan ocho días en paro y sin salario, porque se les paga con recursos públicos y los recursos públicos serán auditados por la Auditoría Superior de la Federación”, advirtió García Anaya.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) justificó el descuento a los paristas argumentando que, si es el pueblo el que con sus impuestos paga a los juzgadores, también derecho a elegirlos mediante el voto popular.
La legisladora García Anaya explicó que esta adición se hace al Artículo 20 de la Constitución en el que se precisa que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
“Esta reserva trata de incluir en esta reforma un órgano administrativo sin rostro, también denominado jueces sin rostro. Este es un órgano de administración judicial creado dentro de los sistemas de determinadas jurisdicciones, encargadas del proceso y juicio de delitos, generalmente vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado”, detalló la morenista.
Explicó la legisladora hidalguense que estos órganos donde los jueces son anónimos, cuyas identidades no se conocen, buscan salvaguardar su integridad y la de sus familias.
García Anaya recordó que esta figura fue creada en Italia para sacar adelante los juicios contra las mafias locales; en Colombia “para juzgar a jueces de organizaciones por narcotráfico”; en Perú para procesos contra el terrorismo; y en el tribunal de justicia de Río de Janeiro, en Brasil, en 2019, contra delitos de narcotráfico.
La única reserva que prosperó incluye un ajusto al segundo transitorio del proyecto de decreto para que las boletas electorales lleven impresos los nombres completos, numerados, de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo.
“El listado de personas candidatos distinguirá a la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras, que estén en funciones a los cargos a renovar y deseen participar en la elección”, precisó la parlamentaria.
La reserva de Morena incluyó precisiones de redacción para garantizar, se dijo, la paridad de género en el procedimiento de elección de las y los operadores de justicia.
