El magistrado quiere más tiempo para estudiar la demanda presentada por 16 Estados republicanos, que piden eliminar el programa ‘Parole in Place ‘que beneficiaría a 500.000 migrantes
Patricia Caro / El País
Un juez federal en Texas ha suspendido temporalmente el programa Parole in Place que concedería la residencia a los cónyuges de ciudadanos americanos que llegaron de forma ilegal y llevan más de 10 años en Estados Unidos. El magistrado responde así a la demanda interpuesta por 16 Estados republicanos que el viernes pasado pidieron frenar el programa que beneficiaría a unos 500.000 migrantes indocumentados. La decisión del juez J. Campbell Barker justificó que necesita más información del caso, por lo que paraliza por 14 días renovables el programa.
“Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más exhaustiva de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, afirmó el magistrado, que concedió a las partes hasta el 10 de octubre para presentar más información.
La decisión se produce una semana después de que se abriera el plazo para presentar las solicitudes que, además de a los cónyuges, podrían beneficiar a sus hijos, unos 50.000 menores de 21 años.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton lideró la demanda que aglutinó a otros 15 Estados gobernados por republicanos alegando que el programa es “inconstitucional”, ya que, justificaron, se saltó al Congreso para aprobarlo. “Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el estado de derecho”, publicó Paxton en la plataforma de redes sociales X al conocer la decisión del juez.
El presidente Joe Biden anunció el programa, que también recibió el nombre de Manteniendo a las familias juntas, el 18 de junio pasado. El plan está orientado a los migrantes que entraron de forma ilegal en el país y se casaron con un ciudadano americano. Para acceder a la green card los solicitantes deben justificar que llevan más de 10 años viviendo en el país y que contrajeron matrimonio antes de la fecha del anuncio del programa. Además, no pueden suponer una amenaza para el país ni tener antecedentes penales.
Al presentar la demanda, Paxton criticó que los fines del programa eran políticos y que la concesión de papeles a los indocumentados “incentivará la inmigración ilegal y dañará irremediablemente los Estados demandantes”.
El fiscal reiteraba una vez más el discurso republicano más repetido en la campaña electoral de que la Administración Biden es responsable de la llegada de migrantes que atraviesan la frontera de forma ilegal y que el candidato republicano, Donald Trump, ha equiparado con delincuentes. La demanda fue interpuesta contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros altos funcionarios de su departamento.
Hasta ahora, los migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses debían salir del país y esperar 10 años para poder solicitar, desde fuera de Estados Unidos, el permiso de residencia. La perspectiva de permanecer más de una década separados de sus familias hizo que muchos de ellos prefirieran quedarse en el país, aunque fuera de forma ilegal. El Parole in Place, que ha sido la mayor apuesta de Biden por regularizar a los migrantes, les abría también una vía para conseguir la nacionalidad y, mientras tanto, obtener un permiso de trabajo.
El programa fue celebrado por las organizaciones de derechos de los migrantes, pero muy criticado por el Partido Republicano, que ha situado la inmigración en el centro de su campaña electoral. Casi en cada mítin, Trump arremete contra lo que llama una política de fronteras abiertas del Gobierno de Biden.
Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones de asilo impuestas por el presidente en junio pasado se supusieron que en que en julio las entradas ilegales fueran un 32% menos que el mes anterior, hasta 56.408 entradas. Es el número más bajo de migrantes indocumentados que entran en el país en casi cuatro años, según el Departamento de Seguridad Nacional.
“Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin conocer su realidad”, declaró Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, durante la conferencia de prensa previa a la emisión de la orden judicial, informa AP.
