Ariadna Montiel afirmó que el país no es parte del proceso electoral en EEUU y advirtió que no permitirá la injerencia
Ariadna Montiel afirmó este 2 de junio que Morena espera que “se presenten las pruebas” sobre los señalamientos contra políticos de Sinaloa mencionados en solicitudes de Estados Unidos, como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez Mendívil, antes de tomar una definición sobre su permanencia en las filas del partido.
En conferencia de prensa, Montiel sostuvo que Morena no permitirá “señalamientos” que se trasladen “a alguien más, a otro territorio y a otro territorio, más allá de las personas”, y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar que México sea “la piñata de nadie”.
La presidenta de Morena dijo que México no se asume como “el factor de la elección de noviembre de los Estados Unidos” y añadió que tampoco permitirá “la injerencia en el proceso electoral del 2027”.
Montiel señaló que ya hay investigaciones en curso en la FGR y que por eso “los ha citado, han acudido”. “Vamos a esperar el resultado de ello”, agregó. Mientras se conoce ese resultado, la dirigente morenista dijo que los señalados“están separados del cargo” y subrayó que, más allá de la militancia en Morena, “lo más importante es la atención al pueblo de Sinaloa”.
La extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos avanza con un plazo legal de 60 días según el Tratado Bilateral México-Estados Unidos. EFE/ Juan Carlos Cruz
Rubén Rocha Moya enfrenta una investigación de la FGR después de que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó, junto con otras nueve personas ligadas a su administración, de presuntos nexos con Los Chapitos.
El caso empujó al gobernador de Sinaloa a pedir licencia por más de 30 días y abrió una disputa sobre si la solicitud de detención provisional con fines de extradición avanzará o quedará frenada por la falta de pruebas que, según autoridades mexicanas, aún no han sido entregadas.
Este procedimiento de extradición contempla un plazo de 60 días con base en el artículo 10 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos. Una vez detenidas las personas reclamadas en el país de origen, la parte requirente debe presentar una copia certificada de la orden de aprehensión librada por un juez u otro funcionario judicial, además de pruebas que justifiquen la captura y el enjuiciamiento.
La controversia escaló porque la solicitud de pruebas contra los 10 mexicanos acusados ha dominado el debate del último mes. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, si no existen elementos claros, las imputaciones del Departamento de Justicia tendrían un propósito político y advirtió que no permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que corresponden al pueblo de México.
La crisis política en Sinaloa escaló tras la acusación de narcotráfico y delitos con armas que implica a altos funcionarios estatales y exige pruebas sólidas para su extradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre los funcionarios en activo, Enrique Inzunza Cázarez es el único que no ha pedido licencia a su cargo de senador. El 22 de mayo se reunió con Javier Corral en el Country Club de Culiacán y después afirmó que acudió a declarar ante la FGR el martes 26; también dijo que no se escudará en el fuero constitucional.
Entre quienes pidieron licencia están Rocha Moya, Dámaso Castro Zaavedra (entonces vicefiscal estatal) y Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán).
El caso más incierto es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quien se habría entregado en Nueva York el 15 de mayo, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, habría tramitado un amparo para evitar la extradición, pero fue detenido en Arizona después de cruzar por la Garita de Nogales el pasado 11 de mayo,
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acudió a la citación de autoridades mexicanas el 26 de mayo y negó ante medios cualquier vínculo con el crimen organizado. Sobre Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, no hay información pública sobre su paradero.
