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México no puede firmar compromisos vinculantes sobre minerales críticos con Estados Unidos mientras su propia legislación minera siga bloqueando el acceso privado al litio. Esa es la advertencia directa de Santiago Suárez, especialista de SLM, y resume con precisión quirúrgica el nudo que el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta antes de que cualquier acuerdo bilateral se traduzca en inversión real.
El problema no es la diplomacia — es la coherencia jurídica interna
El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, generó expectativa genuina en los mercados. Ebrard en Washington, anuncios de integración en cadenas USMCA, un tono pragmático que el sector no había escuchado desde antes de 2018. Pero la arquitectura legal que heredó Sheinbaum sigue siendo la de AMLO: la Reforma Minera de 2023 reservó al Estado mexicano —vía el Organismo Litio para México (LitioMx) — el control exclusivo de la exploración y explotación del mineral. Sin reforma, cualquier acuerdo bilateral que contemple participación privada extranjera en litio choca de frente con la Ley Minera vigente.
No es un problema menor de redacción. Es una incompatibilidad estructural. Un inversionista canadiense o estadounidense que lea el acuerdo bilateral y luego lea la ley nacional encontrará una contradicción que ningún memorándum diplomático puede resolver por sí solo. La seguridad jurídica no se construye con declaraciones conjuntas; se construye con normas domésticas que sostengan lo que los cancilleres prometen.
El litio mexicano: reservas récord, producción cero
México tiene las reservas de litio más grandes del mundo: 243 millones de toneladas identificadas, principalmente en arcillas sedimentarias de Sonora. Es un número que impresiona en cualquier presentación ante inversionistas. El problema es que ese litio no ha producido ni un kilogramo comercial. LitioMx, el organismo creado por AMLO para monopolizar la cadena, arrancó sin presupuesto suficiente, sin tecnología probada para arcillas y sin socios privados que compensaran esas carencias.
La paradoja es brutal: el país con más litio del mundo está fuera de la conversación sobre baterías, vehículos eléctricos y transición energética. Chile, con el 27% de las reservas globales de cobre y el segundo lugar en litio, ya exporta carbonato y hidróxido. Argentina avanza en el Triángulo del Litio con esquemas mixtos. México observa desde los márgenes, con un activo estratégico que la legislación convirtió en un recurso inmovilizado.
El gobierno Sheinbaum lo sabe. La señal del modelo mixto público-privado —mencionada discretamente desde finales de 2024— indica que hay voluntad política de corregir el rumbo. El problema es que la voluntad política no es suficiente sin reforma legislativa explícita, y esa reforma tiene costos políticos internos que el Ejecutivo todavía no ha decidido asumir públicamente.
Lo que implica ajustar la Ley Minera: plazos, actores y obstáculos
Modificar el régimen legal del litio en México requiere, mínimo, reformar el artículo 10 Bis de la Ley Minera —introducido en la reforma de 2023— que establece el dominio exclusivo del Estado sobre el mineral. Para atraer inversión privada con certeza jurídica, esa reforma debe precisar qué tipo de participación privada se permite: concesiones, contratos de riesgo, asociaciones público-privadas, o algún esquema híbrido con LitioMx como operador técnico.
Cada opción tiene implicaciones distintas para los inversionistas. Una concesión tradicional de 50 años es la estructura que los fondos institucionales conocen y valoran. Un contrato de riesgo a plazo corto genera incertidumbre sobre retorno de capital. Una APP con LitioMx como contraparte obliga a evaluar la capacidad técnica y financiera de ese organismo — que, hasta ahora, no ha demostrado ninguna.
Adicionalmente, cualquier reforma enfrenta el precedente de los amparos constitucionales que diversas empresas mineras interpusieron contra la Reforma Minera de 2023. La SCJN todavía no ha resuelto esos casos. Una reforma nueva que modifique el régimen del litio podría ser bien recibida por el sector privado y simultáneamente generar nuevas controversias constitucionales si no está bien diseñada. El escenario ideal —reforma legislativa clara + resolución SCJN favorable + acuerdo bilateral operativo— requiere sincronía institucional que México históricamente no ha logrado con facilidad.
El contexto USMCA y la presión de Washington
La revisión del USMCA está programada para 2026. La administración Trump ha colocado los minerales críticos en el centro de su agenda de seguridad nacional, y México figura en esa conversación como proveedor potencial de litio, cobre y tierras raras. Pero Washington no negociará concesiones arancelarias o acceso preferencial a cambio de promesas: necesita marcos legales que garanticen flujo de inversión privada estadounidense.
Si México llega a la mesa del USMCA sin haber reformado su legislación minera, la posición negociadora se debilita estructuralmente. Estados Unidos puede señalar —con razón— que el acuerdo bilateral de minerales críticos carece de sustento legal doméstico. Eso no solo afecta al litio: pone en cuestión la credibilidad del conjunto de compromisos mexicanos en la cadena de valor de energía limpia.
Para empresas como Freeport-McMoRan, que ya opera en Sonora a través de su participación en proyectos de cobre, la señal importa. Para los fondos que evalúan entrar al mercado de baterías con exposición a México, la señal importa aún más. El capital paciente espera, pero no indefinidamente.
Sonora en el centro: cobre y litio en el mismo estado, regulaciones distintas
Sonora concentra el 45% de la producción minera nacional y aloja tanto los grandes proyectos de cobre —Buenavista del Cobre de Grupo México— como los yacimientos de litio en arcillas del norte del estado. Es el laboratorio más visible del dilema regulatorio mexicano. El cobre opera bajo concesiones tradicionales, genera divisas, emplea directamente a decenas de miles de personas y paga derechos al gobierno federal. El litio, en el mismo estado, está legalmente bloqueado para cualquier actor privado.
Esa asimetría no pasa desapercibida para los inversionistas institucionales que analizan portafolios de minerales de transición energética. Sonora podría ser, simultáneamente, un hub de cobre para semiconductores y baterías de litio para vehículos eléctricos. Hoy es solo el primero. El segundo depende de decisiones legislativas que aún no se toman.
El costo de no moverse: exploración, inversión y tiempo perdido
La exploración minera en México cayó 11.5% en 2024, consecuencia directa de la incertidumbre jurídica generada por la Reforma Minera de 2023. El Fraser Institute ubicó al país en el lugar 49 global —una mejora respecto al 74 anterior, pero todavía lejos de los estándares que compiten por capital de riesgo. Cada mes de indefinición legislativa es un mes en que los proyectos de litio en Sonora no avanzan en prefactibilidad, no generan empleo técnico, no construyen infraestructura.
El tiempo tiene un costo específico en minería: los ciclos de exploración a producción toman entre ocho y doce años. Si México no inicia el proceso legislativo antes del cierre de 2026, la ventana para ser un proveedor relevante de litio en la primera ola de expansión de baterías norteamericanas se cierra. Chile y Argentina llenan ese espacio mientras tanto.
La advertencia de Suárez no es alarmismo: es un diagnóstico de secuencia. Reforma primero, acuerdo después. Sin ese orden, los compromisos bilaterales son declaraciones de intención con fecha de vencimiento — y el sector minero lleva demasiados años operando con ese tipo de documentos.
ENLACE: México debe reformar su legislación minera para cumplir acuerdos sobre litio con EE.UU. –
