El organismo internacional reconoce la crisis humanitaria y define el fenómeno como “generalizado” e “indiscriminado” en una presentación que profundiza el alejamiento de las víctimas con el Estado
Beatriz Guillén
La imagen no es habitual: están una misma mesa sentados, en un extremo, Arturo Medina y Enrique Ochoa, dos altos cargos de derechos humanos del Gobierno de Claudia Sheinbaum, y en el otro, Bibiana Mendoza, portavoz del colectivo de Guanajuato Hasta Encontrarte, buscadora desde hace ocho años de su hermano Manuel. En el centro, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, tratando de servir de puente. Enfrente, las madres, los padres, las tías y las hermanas, con sus playeras de búsqueda tantas veces usadas, con sus consignas dolorosas, con sus voces cansadas pero firmes: “Llevo 21 años buscando a mi hija, ¿qué esperanza puede tener cualquier víctima de este país?“, pregunta Silvia Ortiz a los funcionarios. La presentación del último informe de la CIDH sobre desapariciones en México, que reconoce la ”crisis humanitaria” en el país, se ha convertido en el último espacio de pelea entre las víctimas y el Gobierno.
El organismo internacional ha publicado este lunes su documento, llamado Informe sobre Desapariciones en México, en el que afirma que en el país la desaparición es “generalizada”, “indiscriminada”, “puede afectar a cualquier persona”, “no depende de opiniones disidentes ni oposición política” y “es cometida mayormente por integrantes del crimen organizado, así como por agentes estatales”. Una tesis que abunda en lo que ya había avanzado el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, desde el año pasado, y que desató un encontronazo con el Gobierno de Sheinbaum. A diferencia del organismo de la ONU, la CIDH ha logrado poner a los representantes del Gobierno ante las víctimas. “Tener a funcionarios sentados en la mesa en la presentación de un informe durísimo, es un primer paso para sentir algo de esperanza”, ha sostenido Andrea Pochak, que también es relatora de la Comisión para México. La CIDH ha hecho 40 recomendaciones al Gobierno para atender la emergencia.
Dentro del Museo de la Memoria y la Tolerancia de la capital se han encontrado y enfrentado este lunes los dos Méxicos ante su gran crisis: ¿qué se está haciendo para encontrar a las decenas de miles de personas desaparecidas que hay en el país? En apariencia, el Gobierno y los colectivos no están de acuerdo en nada. Por su lado, el Ejecutivo de Sheinbaum presentó hace un par de meses una reinterpretación de las cifras, para rebajar los 132.000 casos de desaparecidos ubicados en el registro nacional a 43.000 personas que efectivamente estarían sin localizar, y defiende su batería de cambios legislativos como necesarios para la búsqueda. En el margen opuesto, las buscadoras consideran indignante esa rebaja de las cifras, se sienten desprotegidas por un Estado que permite que las maten y desaparezcan solo por buscar a sus familias, y reclaman al Gobierno una verdadera estrategia.
Con ese panorama no era fácil el encuentro de este lunes. Arturo Medina ha dicho a las buscadoras “que el Estado mexicano reconoce su dolor y valentía y reitera su compromiso inquebrantable de trabajar de forma conjunta”. “Sheinbaum nos instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional”, ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación: “Para el Gobierno de México, hablar de la desaparición de personas representa una herida”. Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha señalado que “el informe representa una oportunidad para afinar la estrategias existentes”: “Reconocemos la magnitud de este flagelo, pueden existir enfoques distintos, pero esto ni se niega ni se minimiza. Solo en un marco de cooperación genuino vamos a lograr avanzar”.
Las palabras de los funcionarios han sido recibidas “como un golpe en el hígado” por las familias. “Es un Estado que jamás nos ha escuchado, es vergonzoso escuchar ahora que quieren colaborar con las víctimas cuando se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas para recibir un mundial de fútbol”, ha dicho Bibiana Mendoza, “es indigno presumir cualquier avance, cuando no han tenido en más de un sexenio la dignidad de recibirnos ni cinco minutos”.
Grace Fernández, quien busca a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en Coahuila en 2008, ha pedido a la CIDH que comprueben que se cumplen las 40 recomendaciones realizadas. “De verdad, ¿ustedes creen que hay una posibilidad real de que puedan cumplir cuando ni siquiera han cumplido algo que es vinculatorio como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?“, ha replicado la activista Eliane García, que ha recordado que la mayoría de las recomendaciones de búsqueda son de hace muchos años: ”No hay prevención y no hay política pública”. “Tengo 21 años escuchando que lo van a lograr, que nos van a escuchar… ¿realmente lo van a hacer? Créanme que ya estoy cansada y sigo saliendo al campo”, ha dicho Silvia Ortiz, que busca a su hija Stephanie Sánchez desde el 2004: “Ya basta, porque nos estamos muriendo”.
El informe
En sus más de 230 páginas, el documento de la Comisión hace un repaso por “la magnitud, complejidad y carácter estructural” de esta crisis en el país. Ubica como principales víctimas a niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género, a migrantes afectados por la trata con fines de explotación laboral y sexual, y a periodistas y defensores desaparecidos por denunciar los abusos. El documento se centra en las desapariciones de 2018 en adelante y para su elaboración, la CIDH estudió 19 informes previos, 16 audiencias, realizó cuestionarios a 18 organizaciones civiles y al Estado mexicano, recopiló 50 testimonios y también entrevistas a altos cargos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Todo esto apoyado en investigaciones académicas y artículos periodísticos.
El informe reconoce “avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado, especialmente en materia de búsqueda”, pero, los define como “insuficientes”. La CIDH incide en la “falta de eficacia de las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural”, que lleva a que el 95% de los casos nunca se resuelvan. La Comisión, que se pone a disposición del Gobierno para prestar asistencia técnica, advierte que para superar la crisis se requiere “fortalecer instituciones” y desmantelar las “redes de connivencia con el crimen organizado”.
El organismo internacional señala que “la desaparición afecta a familias enteras en México, varias de las cuales han perdido a casi todos sus integrantes por este crimen” y pone de ejemplo el caso de la veracruzana María Herrera, que tiene a cuatro de sus hijos desaparecidos, o el de la familia Barajas, en Guanajuato, cuya hija, Lupita, desapareció en 2020 y su hijo, Javier, fue asesinado un año después tras encontrarla en una fosa clandestina con otros 80 cadáveres. Las historias sirven en el informe para ilustrar las negligencias del Gobierno. Por ejemplo, el documento recoge que existen “decenas de miles de cuerpos bajo custodia del Estado a la espera de ser identificados” y escribe el caso de Braulio Caballero, de 13 años, a quien su familia buscó durante seis años y su cuerpo estuvo todo ese tiempo sepultado en una fosa común tras haber sido atropellado.
La pelea narrativa del Gobierno de Sheinbaum contra esta crisis empezó el año pasado, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU declaró que la desaparición en el país era una práctica “sistemática y generalizada”, por lo que activó el llamado artículo 34, un mecanismo que permite escalar el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa medida fue rechazada en bloque por el Gobierno y por Morena, el partido al que pertenece la presidenta. La mandataria llegó a acusar al comité de “tener una orientación” dirigida a “criticar al Gobierno de México” y la Cancillería desacreditó el informe como “tendencioso”, carente de “rigor jurídico”, “parcial” y “sesgado”.
Las desapariciones se han convertido en la piedra en el zapato de la estrategia de seguridad de Sheinbaum. Mientras el Gobierno ha podido presumir de reducir la mayoría de las cifras de delitos en el país (los homicidios se han reducido más de un 40%), la tendencia de las desapariciones sigue al alza. Esto ha llevado al Ejecutivo a anunciar que trata de buscar una manera más efectiva de registrarlas para así poder hacerles frente. Sin embargo, las familias exigen al Gobierno menos preocupación por los números y más acciones de búsqueda.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta hoy este documento, con la convicción de que estas conclusiones y recomendaciones se traduzcan en acciones verificables, urgentes y sobre todo coordinadas entre las autoridades y las organizaciones y colectivos”, ha terminado su comparecencia la vicepresidenta Pochak: “Porque nosotros, desde la Comisión Interamericana, también decidimos porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
