Redacción
SAHUARIPA, SONORA. — Integrantes de la familia Hurtado Rivera, posesionarios del rancho “El Metate” en el ejido Mulatos, hicieron pública una denuncia por el presunto despojo de su patrimonio y diversas agresiones derivadas de un conflicto agrario que sostienen desde hace 22 años contra la empresa Minas de Oro Nacional S.A., subsidiaria de la canadiense Alamos Gold, Inc.
De acuerdo con el testimonio de los afectados, la disputa legal inició en el año 2004, tras cinco décadas de ocupación continua y pacífica del predio por parte de los descendientes de Pedro Hurtado Heras y Rebeca Rivera. La familia señala que, pese a contar con antecedentes de compraventa ante autoridades ejidales y pruebas de posesión histórica, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió recientemente una orden de desalojo en su contra, la cual califican como un acto de arbitrariedad procesal
Irregularidades en el proceso jurídico
La defensa de la familia Hurtado Rivera expuso una serie de inconsistencias documentadas dentro de los expedientes agrarios que conforman el caso:
• Conflicto de Interés: Se señala que el Licenciado Jorge Pazos Linares ha fungido simultáneamente como representante legal de la empresa minera, del ejido y de un tercero reconocido como “supuesto posesionario” de forma posterior.
• Violación de Medidas Cautelares: En 2008, el Tribunal Agrario dictó una medida cautelar para que el ejido se abstuviera de realizar actos jurídicos sobre el predio. No obstante, en 2017, se otorgó reconocimiento de posesión a un tercero, acción que la familia califica de ilegítima.
• Cancelación de Marcas de Herrar: Como parte de las acciones legales, se ordenó la cancelación de los derechos de marca de herrar de los denunciantes, herramienta esencial para su actividad ganadera.

Antecedentes de violencia y denuncias penales
En el marco de este conflicto, la familia Hurtado Rivera denunció ante las autoridades correspondientes diversos hechos que vulneraron su integridad física y libertad, entre los que destacan:
- Privación de la libertad de menores: Según la declaración de los afectados, en 2009, dos menores de 5 y 11 años, hijos de Martín Hurtado Rivera, fueron presuntamente retenidos de manera arbitraria por personal de seguridad privada de la minera.
- Incursiones violentas: Se reportó el ingreso de personal al predio mediante el corte de cercos perimetrales, lo que derivó en la privación de la libertad de un integrante de la familia, acto descrito legalmente por los denunciantes como presunto despojo en despoblado.
- Amenazas e incidentes: La familia informó sobre amenazas directas contra mujeres y niños del núcleo familiar, así como incendios forestales y pérdida de ganado en zonas de exploración minera.
“Consideramos que estamos siendo víctimas de un despojo impulsado por poder económico e influencias que jamás debieron imponerse sobre la justicia”, manifestaron los suscriptores de la denuncia.
Situación actual
Pese a que existen procesos jurídicos aún sin concluir en diversos expedientes agrarios, el Tribunal ha ordenado la ejecución del desalojo. Ante lo que consideran un estado de indefensión, la familia Hurtado Rivera hizo un llamado público a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que se revisen las actuaciones de los magistrados y funcionarios involucrados en el caso.
Asimismo, los denunciantes hicieron responsables a la empresa Minas de Oro Nacional S.A, subsidiaria de Alamos Gold Inc., y a sus representantes de cualquier agresión o daño futuro que pudieran sufrir los integrantes de la familia debido a la defensa de su propiedad.











