Existió omisión de investigar con seriedad y profesionalismo en el marco de una estrategia de encubrimiento gubernamental.
Redacción AN/ SBH
Un juzgado federal mexicano reconoció por primera vez que hubo terrorismo de Estado en la lucha contra los grupos guerrilleros en las décadas de 1970 y 1980, en connivencia con las autoridades civiles y militares, y en particular en el estado de Guerrero. La sentencia ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie acción penal contra las autoridades vinculadas a esas acciones.
El fallo de la jueza titular del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, Karla María Macías Lovera, se basa en un recurso de amparo que data de 2018, debido a las omisiones en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en una acción del Ejército, según recoge el diario mexicano ‘La Jornada’.
Esta sentencia, fechada el 22 de agosto, confirmaría así la implicación de las autoridades en el marco de la lucha contrainsurgente que supuso violaciones graves a los derechos humanos, tales como la desaparición forzada de cientos de personas en los conocidos como vuelos de la muerte desde la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero. Los militares arrojaban al mar los cuerpos de disidentes tras someterlos a torturas y ser ejecutados.
El juzgado considera que existen pruebas que acreditan la existencia de responsabilidades, en calidad de perpetradores, del expresidente Luis Echeverría Álvarez, así como de militares que aún están vivos y participaron en esas acciones, uno de los cuales llegó incluso a ser ministro de Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo: el general Enrique Cervantes Aguirre, quien en el momento de los hechos era aún capitán.
La sentencia señala que existieron omisiones e indolencias gubernamentales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de detenciones y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones a mujeres y niños, como parte de una acción sistemática, así como la existencia de prisiones clandestinas. Existen documentos oficiales que prueban de manera suficiente la culpabilidad de las más altas autoridades civiles y militares en estos sucesos.
También se recurrió al bloqueo de suministro de víveres, desplazamiento forzado de la población y destrucción de comunidades enteras entre 1971 y 1984.
Además, la sentencia concluye que esta violencia no fue el resultado de acciones aisladas o decisiones individuales, sino parte de un patrón sistemático, planeado y dirigido desde los niveles más altos del mando militar y con el conocimiento del presidente Luis Echeverría Álvarez, fallecido el 8 de julio de 2022.
El fallo de 665 páginas reúne numerosos testimonios de exmilitares que trabajaron en la Base Aérea Militar Número 7 de Acapulco, Guerrero, que confirman la existencia de los vuelos de la muerte. Las víctimas, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas, eran trasladadas a la base, ejecutadas con disparos en la nuca y luego arrojadas al océano desde un avión.
Se elaboraron bitácoras de vuelo que documentan los horarios y la tripulación que participó en los vuelos de la muerte, así como la participación de altos mandos militares que coordinaban estas operaciones.
Sin embargo, según la jueza, existió omisión de investigar con seriedad y profesionalismo en el marco de una estrategia de encubrimiento gubernamental. Así, insta a la Fiscalía a que investigue y sancione a los fiscales que incurrieron en omisiones en este tema desde 2011 hasta la fecha.
Además, pide que se creen espacios para la memoria en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar en el Campo Militar número 1, y ordena que todos los cabildos del país y autoridades federales retiren los símbolos conmemorativos, fotografías, estatuas y nomenclaturas de vialidades que honren o enaltezcan a quienes formaron parte del aparato estatal responsable del terrorismo de Estado.
Enlace:
