Por Benjamin J. GaxiolaEn la Universidad de Sonora, la huelga ha dejado de ser un hecho extraordinario para convertirse en una amenaza permanente. Cada año se habla de huelga. Cada año se instala la incertidumbre. Y, lamentablemente, cada año los estudiantes vuelven a quedar en medio de un conflicto que no provocaron.
Lo que debería ser una institución de estabilidad, formación y futuro, hoy opera bajo una lógica de crisis recurrente. Y eso no es casualidad: es el reflejo de un modelo que ha dejado de funcionar.
Durante años se ha insistido en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de trabajadores y docentes. En muchos casos, esas mejoras se han materializado. Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto: el incremento en salarios no se ha traducido en una mejora proporcional en la calidad educativa.
Los estudiantes lo viven todos los días.
Aulas con carencias, procesos burocráticos ineficientes, limitada innovación académica y una universidad que parece más enfocada en sostener su estructura interna que en evolucionar como institución educativa. A esto se suma un dato preocupante: cerca del 95% del presupuesto se destina al pago de salarios, dejando prácticamente sin margen la inversión en lo que realmente impacta la formación de los jóvenes.
Y aun así, cada año, el conflicto se repite.
Esto evidencia una doble falla. Por un lado, autoridades universitarias que han permitido que el presupuesto se rigidice y que los problemas se acumulen sin resolverse de fondo. Por otro, sindicatos que abusan de la huelga como mecanismo de presión, sin asumir plenamente el costo social que esto implica.
Porque sí, hay que decirlo con claridad: la huelga en la Universidad de Sonora no solo es un derecho laboral, también es una decisión que impacta directamente a miles de estudiantes.
Y ese impacto no es menor.
Retrasos en graduaciones, pérdida de ritmo académico, afectaciones económicas para quienes dependen de becas o trabajos vinculados a la universidad, e incluso abandono escolar en algunos casos. Todo esto mientras quienes negocian mantienen sus posiciones sin una presión equivalente.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo?
No es sostenible que una universidad pública viva bajo la amenaza cíclica de paralización. No es aceptable que el derecho a la educación quede subordinado, año con año, a conflictos que no encuentran solución estructural.
La Universidad de Sonora necesita una reforma profunda en la forma en que gestiona sus recursos, negocia sus conflictos y define sus prioridades. No para quitar derechos, sino para equilibrarlos con responsabilidad social.
Pero, sobre todo, necesita algo que hoy parece ausente: poner a los estudiantes en el centro.
Porque mientras la huelga siga siendo parte del calendario no oficial de la universidad, lo que realmente está en crisis no es solo una negociación laboral, sino la viabilidad misma de la educación pública.
Y eso, en cualquier sociedad que aspire a avanzar, debería ser motivo de alarma.
